La Judicatura se volvió el epicentro de la politización y deterioro de la justicia, el último capítulo lo protagonizó Mario Godoy

Se trata de un organismo administrativo que se encarga de que hayan jueces, que estos jueces tengan las condiciones para trabajar, que los juzgados funcionen y que tengan seguridad. Pero esto no ha pasado, lamenta Guerrero, y señala la baja importante en la velocidad y efectividad de los procesos.

El problema de diseño está en su conformación, con cinco representantes escogidos de ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional, el Fiscal General, el Defensor Público, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

Además, mantiene una fragilidad frente al Legislativo, como los funcionarios de la Judicatura pueden ser susceptibles de enjuiciamiento político, por lo que la Judicatura nunca es completamente independiente. Si chocan con la mayoría legislativa, va a existir una amenaza latente, dice Guerrero.

A todo esto se suma el problema de origen: el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), deslegitimado también por su alta politización y polémicos concursos de autoridades de control que terminan también dirigidos por presiones externas. Justo por esto no existe un organismo técnico autónomo que evalúe a los evaluadores, controle los criterios disciplinarios y despolitice los concursos.

Cuando el Consejo de la Judicatura entra en funciones se forman bloques internos (tres versus dos), se generan lineamientos institucionales, una amplificación de cualquier conflicto y se activan lógicas de supervivencia política. Eso hace que deje de ser un organismo técnico y se convierte en un actor político más, resumen Guerrero.

La Judicatura tiene una serie de competencias que pueden darle grandes capacidades de intrusión política y corrupción, expresa Guerrero y recuerda el caso de Wilman Terán, expresidente del organismo condenado a 18 años de prisión por liderar una red de corrupción dentro del sistema.

Es un organismo que puede generar conflictos de interés, porque sus funcionarios controlan quién es el juez de qué, explica el jurista, y pueden provocar movimientos de jueces dentro del sistema. Esto hace que los jueces no sean dueños de sus expedientes y sus casos, sino que sean empleados del Consejo.

Para Guerrero se trata simplemente de un problema de ejercicio del poder. 

La Judicatura maneja el presupuesto, selecciona jueces, los evalúa y sanciona, define la política judicial, administra la carrera y toma decisiones por mayoría simple. "Esto genera una realidad estructural: tres personas con intereses políticos pueden afectar la estabilidad de cientos de jueces".

Ese control disciplinario hace que el órgano administrativo termine siendo percibido como un organismo de presión. "Un juez sabe que puede ser evaluado, suspendido, sancionado o no ascender, aunque actúe correctamente. Esto genera autocontención judicial, decisiones del tipo "no me voy a meter" o evitar casos sensibles", dice Guerrero.

El Consejo debería modernizar, planificar y mejorar la gestión, pero en el fondo termina defendiéndose de crisis, respondiendo a escándalos y gestionando conflictos políticos, la política judicial queda relegada, lamenta el experto.

"El sistema diseñado como está en la Constitución de Montecristi viene con incentivos políticos incorporados, va a funcionar cuando tienes grandes coaliciones políticas". Pero, advierte Guerrero, en Ecuador tenemos partidos 'taxi', líderes carismáticos, que cada que 'resetean' todo y generan este tipo de cosas.

Esto, explica, se trata de corrupción, porque hay interferencia en los casos, manipulación, "incluso con personas probas el sistema genera incentivos de supervivencia política, necesidad de lineamientos estratégicos, presión directa e indirecta sobre los jueces, uso político del juicio político". Se trata de un problema estructural, no solo moral, afirma el jurista.

Es decir, el intento de despolitizar la justicia y crear un sistema administrativo independiende fracasó. "Pasamos de un sistema corporativista judicial, que escondía los niveles de corrupción, a una irrupción e interacción político administrativa total", advierte Guerrero.

Además, el jurista lamenta que Ecuador es un país donde las élites no tienen incentivos para jugar limpio, por lo que todos van por la trampa. A todo esto se sumó otro actor con poder económico y de fuerza: el crimen organizado, que ha coptado a buena parte de los operadores de justicia.

La ausencia de la voluntad política de las autoridades de turno se evidencia en tres elementos inexistentes: decisión sostenida en el tiempo, asignación real de recursos suficientes y aceptación de los costos políticos. Lo que sí existe, señala Guerrero, son gobiernos que buscan resultados rápidos, narrativas de mano dura y control de relato.