"La muerte cruzada provocó 18 meses perdidos, en muchos casos y muchos sentidos", dice Mauricio Alarcón

El 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. La figura constitucional, más conocida como 'muerte cruzada', tomó por sorpresa al país, pero, contrario a lo que profetizaban los legisladores destituidos, el 74% de la ciudadanía estuvo de acuerdo.

A esa decisión ejecutiva le siguieron seis meses de un Estado sin poder Legislativo y unas elecciones extraordinarias, en las que Daniel Noboa fue elegido para terminar el periodo 2021-2025. Así, la Asamblea de transición se instaló el 9 de noviembre y el gobierno de transición, el 23 de noviembre.

Un año después de estos cambios de autoridades, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo,  conversó con PRIMICIAS sobre el impacto de la muerte cruzada en la institucionalidad del país. A sus ojos, el resultado ha sido negativo y ha golpeado a todas las funciones del Estado.

En medio de este anodino periodo de transición ¿cómo luce el escenario institucional de Ecuador?

Parto de un punto que me parece importante: la figura de la muerte cruzada jamás debe ser vista como democrática. El hecho de que el presidente de la República pueda echar abajo al primer poder del Estado (Asamblea), no es democrático, por mucho que esté en la Constitución.

La muerte cruzada rompe uno de los principios fundamentales de la democracia: la independencia de las funciones y de los poderes del Estado. Entonces, no se puede ver consecuencias democráticas o de fortalecimiento de la democracia a partir de un acto que no es democrático.

Partiendo de esa premisa, entonces, ¿qué consecuencias ha traído la ejecución de la muerte cruzada?

Esta decisión lo único que ha traído es más debilitamiento institucional, más supeditación a los criterios subjetivos y personalísimo de las autoridades y de los funcionarios, y más ruptura de las bases democráticas y constitucionales. 

Con esto, se ratifica que la figura de la mal llamada muerte cruzada es algo que debe ser erradicada de la Constitución de alguna forma.

¿Cómo se identifica esa ruptura de las bases democráticas y constitucionales?

El hecho de que un país se haya quedado seis meses sin Asamblea Nacional ya es anómalo. Eso provocó que haya procesos de fiscalización y de legislación parados.

Y permitió una concentración de poder en la figura presidencial durante seis meses, pudiendo emitir decretos ley en materia económica (aunque con el dictamen previo de la Corte Constitucional). Eso no es democrático, en lo absoluto.

Ha sido la ruptura de una continuidad, para dar paso a una transición que no ha permitido concretar nada.

¿En qué se refleja el debilitamiento institucional?

Miremos la calidad de la representación para un período temporal de 18 meses, la calidad de la gestión pública de este Ejecutivo, los procesos institucionales que se han parado so pretexto de un período de transición. No se ha podido dar continuidad a nada en lo absoluto.

Ha sido ridículo que bajo las normas constitucionales, por ejemplo, se tenga que hacer un Plan Nacional de Desarrollo para 18 meses.

Es ridículo que se tenga que hacer una agenda legislativa para 18 meses. Y que, incluso, esa agenda se haya tenido que partir en dos: una para 10 meses y una para ocho meses, porque quien era presidente de la Asamblea renuncia para correr por la Presidencia de la República. O sea, es un verdadero absurdo.

Este tipo de cuestiones rompen cualquier lógica de fortalecimiento institucional, de generación de políticas públicas, de planes y programas. Y terminan convirtiéndose en decisiones coyunturales que no nos llevan a nada.

Son 18 meses perdidos, en muchos casos y muchos sentidos.

¿Esto ha salpicado también a otras funciones del Estado?

Basta ver la forma en la que, so pretexto de la transición, han actuado algunas instituciones en el país.

¿Cuáles?

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) no se atreve a tomar decisiones en concursos públicos o en dar continuidad los procesos porque estamos en un proceso electoral permanente. Basta ver lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Se puede o no se puede renovar autoridades electorales? 'No, porque estamos en período electoral y hay dar sostenibilidad'. Es estúpido. La renovación debía darse hace rato, tenemos un CNE que lleva prácticamente un año y medio en elecciones.

Y quién sabe y tiene todavía seis o siete meses más por delante. Eso no es democrático, no es normal. Hay que mirar también al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sin poder ser renovado por las mismas razones. Y ya tenemos un Tribunal que busca hacer méritos con ciertos espacios de poder, para garantizarse unos mecesitos más de trabajo.

La Democracia no es ir cada seis meses a las urnas, esa inestabilidad afecta la democracia.

Además del CNE, el TCE y el CPCCS, ¿este año le ha pasado factura a otras entidades públicas?

Hay un daño colateral por el sistema vigente, que no se visualiza, pero que termina afectando. 

Por ejemplo, lo que está pasando con el Consejo de la Judicatura y los concursos de la Corte Nacional de Justicia. Quienes deben integrar la Judicatura son delegados del Ejecutivo y del Legislativo, ambas instituciones que ahora son solo de transición.

Miremos lo que pasa con el concurso de la Corte Constitucional, esas ternas también provienen del Ejecutivo y del Legislativo. Se repite en la Función de Transparencia y Control Social, donde un gobierno de transición, de 18 meses, está facultado para poner superintendentes y armar una mayoría en esa Función.

Una vez terminado este periodo de transición y todo lo que ha significado, ¿se puede recuperar la institucionalidad y los procesos democráticos?

El debilitamiento que se ha dado durante estos últimos dos años, difícilmente va a permitir una recuperación rápida. O sea, la crisis en la que estamos sumidos en este momento no es algo que va a poder solucionarse en poco tiempo. 

Si, en las direcciones de febrero y posteriormente de abril, elegimos a alguien con convicción democrática, podríamos, después de unos cuatro años, ver algún resultado positivo. 

Porque no hay que olvidar que, además, bajo la Constitución vigente, hay un montón de procesos que son cíclicos y cuyos cambios, por ejemplo, de autoridades vinculadas a las instituciones de la Función de Transparencia, apenas los veríamos en otros cinco o seis años.

¿La ciudadanía puede hacer algo? ¿O el fortalecimiento institucional debe esperar a que llegue desde quienes ocupan el poder?

Lo que le corresponde a la ciudadanía es empezar un trabajo eligiendo bien, pero, entre elección y elección, monitoreando lo que hacen sus autoridades y exigiendo resultados, exigiendo respeto al Estado de derecho y a la Constitución.

Pero si la ciudadanía se convierte en una "foca que aplaude" las violaciones a la Constitución o las torceduras a la ley, para beneficio de unos pocos, pues simplemente nosotros mismo nos estamos condenando sin una salida posible.

La ciudadanía tiene el rol, quizá, más importante de esto, si confiamos todo en los políticos, ya sabemos el resultado.