A puertas de las elecciones, el Gobierno y la Asamblea incrementan la medición de fuerzas

El 27 de noviembre, la oposición en el Legislativo archivó rápidamente el proyecto urgente denominado 'Ley Antipillos', en la sesión en la que debía llevarse a cabo el primer debate de la propuesta presidencial.

El Gobierno rechazó la decisión y pidió a los legisladores que lleven a cabo los dos debates. Pero no sucedió. Y casi dos semanas después, este 10 de diciembre, ese mismo proyecto fue remitido al Registro Oficial por el presidente Daniel Noboa, como un decreto ley.

La Asamblea acusa a Noboa de violentar la Constitución, mientras que el Ejecutivo responde de la misma manera. Y solo la Corte Constitucional puede dirimir cuál de las dos demostraciones de fuerza fue legal. Mientras tanto, la Ley Antipillos estará vigente.

Sea por anuncios de TikTok o publicaciones en X, el Gobierno ha utilizado su capacidad de vetar totalmente las propuestas que salen de la Asamblea y le disgustan. Desde mayo, el Mandatario ha objetado totalmente ocho proyectos de Ley. 

El último ejemplo fue, el 5 de diciembre, con la Ley de Lactancia Materna. A este le antecedieron los proyectos de Cultura, reformas a la Ley del Registro, reformas ambientales, de Prevención de Incendios, de Asignación Directa a los Gobiernos Locales y reformas judiciales.

Esto implica que esos temas entran en una 'congeladora' por un año y no pueden terminar su proceso. Sin embargo, una vez terminado ese plazo, la Asamblea puede votar la aprobación de la normativa, tal como fue vetada, y enviarla al Registro Oficial para su entrada en vigencia.

​Esta medida del Ejecutivo ha aumentado desde que la Asamblea requiere menos votos (70) para ratificarse en sus propuestas originales y descartar las objeciones presidenciales parciales. Antes se necesitaban 92 votos.

La mayoría de la Asamblea Nacional aprobó, en junio, la creación de una comisión ocasional para investigar supuestas irregularidades en la administración pública. El Ejecutivo lo tomó como una afrenta y el entonces viceministro Esteban Torres dijo que la comisión se dedicaría a buscar cómo afectar al Gobierno.

Además, durante este breve periodo, los asambleístas han realizado miles de pedidos de información. Lo que el Ejecutivo catalogó como un incremento en la presión de la Asamblea sobre el Gobierno.

El clímax de este pulso llegó con la aceleración de los juicios políticos contra las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, Mónica Palencia, la oposición en el Legislativo desechó otros procesos que estaban en cola, contra ministros de la administración de Guillermo Lasso: Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo.

Aunque, finalmente, las dos funcionarias evitaron la destitución.  

En junio, el Gobierno difundió una carta firmada por el Primer Mandatario, aseverando que el informe para segundo debate de las reformas penales no cumplía con el resultado de la votación en la consulta popular.

En la misiva, el presidente Noboa acusó a los asambleístas de "legislar a favor de los delincuentes", por no aceptar sus propuestas de incremento de penas, para los delitos relacionados con el crimen organizado.

Sin embargo, eso nunca sucedió. El informe de la Comisión aceptó las propuestas en su totalidad, aunque muchos legisladores no estaban de acuerdo con la ausencia de dosimetría en los cambios. Por ejemplo, el tráfico de armas fue penado con mayor severidad que el asesinato. 

Y las reformas entraron en vigencia como las planteó el Gobierno.

En junio, con 75 votos, en su mayoría de las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye, la Asamblea no dio paso a la autorización para que la vicepresidenta Verónica Abad fuese procesada penalmente por supuesta concusión en el caso Nene, que involucra a su hijo, Francisco Barreiro.

El Gobierno los acusó de "un sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos".

Desde entonces, la Segunda Mandataria ha encontrado en la Asamblea un foro donde ventilar sus pugnas legales, administrativas y políticas con el presidente Noboa. E, incluso, en noviembre, el Legislativo desconoció la suspensión del cargo de Abad, por 150 días, que le aplicó el Ministerio de Trabajo.