Tropas extranjeras en Ecuador para luchar contra el crimen organizado ¿qué se sabe del anuncio oficial?
El presidente Daniel Noboa está en la búsqueda de "fuerzas especiales" de países aliados que ingresen a Ecuador para ayudar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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Imagen referencial de un operativo militar de control en la frontera norte, el 12 de febrero de 2025.
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El Gobierno ecuatoriano lleva más de 13 meses sumido en un conflicto interno contra el crimen organizado, aunque la Corte Constitucional dejó de reconocerlo como tal desde abril 2024. En esa cruzada, la última oferta del presidente Daniel Noboa es "la incorporación de fuerzas especiales de países aliados".
El anuncio llegó después del enero más violento de la historia reciente del país y a puertas de la segunda vuelta presidencial. La tarea está a manos de la canciller Gabriela Sommerfeld, que debe realizar los acercamientos para alcanzar esa meta.
Y, si bien la Constitución no prohibe el ingreso de fuerzas de seguridad extranjeras a Ecuador, tampoco es algo que se puede realizar de la noche a la mañana.
Por ejemplo, en enero de 2024, cuando el Mandatario declaró el inicio de dicha 'guerra', Argentina y Brasil ofrecieron enviar personal de seguridad para colaborar en la lucha contra el crimen transnacional. Ninguna de esas ofertas se ha concretado, pese a que en ese momento Noboa dijo que ya había aceptado.
Y, ayer, el ministro de Gobierno, José de La Gasca mencionó como posibles cooperantes a Italia, y Argentina, nuevamente.
Es así que, el nuevo anuncio del Gobierno podría tomar más tiempo del que anuncia la propaganda estatal. Esto debido a que el ingreso de personal militar o policial extranjero debe tener un marco regulatorio claro y que haya pasado por el filtro de la Corte Constitucional.
Ecuador tiene una reciente experiencia en eso, con la trilogía de acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos, que fueron negociados durante el gobierno de Guillermo Lasso y aprobados por la Corte dos días después del inicio del conflicto interno, en enero de 2024.
El mismo Noboa ratificó los documentos un mes después, a mediados de febrero de 2024. Se trata de marcos para la cooperación militar en tierra, aire y mar ecuatorianos, con las fuerzas del orden estadounidenses. Es decir, llevan vigentes casi el mismo tiempo que la 'guerra' interna y la crisis de seguridad no ha menguado.
Aunque Washington había intensificado la cooperación en seguridad con Ecuador, desde 2017, esto no ha implicado el ingreso y despliegue de tropas en el país, sino que se ha centrado en cooperación técnica: equipos, ejercicios conjuntos, información y capacitación.
Esto enmarcado en los planes previos de la Casa Blanca, de "enviar militares en medio de la explosión de los carteles de la droga" en Ecuador, mucho antes de la llegada de Donald Trump y de Daniel Noboa al poder en ambas naciones.
¿Qué sucede ahora?
El Gobierno sigue en la búsqueda anunciada. Al igual que con los acuerdos firmados con Estados Unidos, negociar nuevos tratados bilaterales de seguridad lleva tiempo, pueden ser meses o años. Y todo dependerá de la capacidad e interés de los países aliados de inmiscuirse en los problemas internos de Ecuador.
Y no se trata solo de una responsabilidad de la Cancillería. El artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública establece que el Ministerio de Defensa deberá previamente acordar las líneas de cooperación, intercambio de información y operaciones militares combinadas.
El 25 de febrero, la entidad difundió un video sobre del tema, sin embargo, no explicó cómo se ejecutará, desde cuándo o con qué países aliados, aunque una bandera de Estados Unidos figura en la imagen inicial.
El audio se limita a afirmar sin claridad que "la presencia militar extranjera fortalece nuestras capacidades, más tecnología, más recursos y mejor estrategia".
Sin zanjar tampoco las dudas sobre estas "fuerzas especiales", la canciller Sommerfeld se limitó a decir que se trata de "grupos especiales con capacidades especiales, incluso tácticas, con equipamiento tecnológico". Y que la lista de los países aliados no puede revelarse por seguridad.
Incluso, el Ejecutivo derivó la atención a la Asamblea Nacional, a cuyos miembros pidió que se pronuncien sobre la iniciativa. Pero, en este momento, sin ningún acuerdo específico por delante, resulta innecesario.
Solo en caso de que el Gobierno decida firmar tratados internacionales que establezcan "alianzas militares", el Legislativo tendría la palabra final. Sino, si se trata de la cooperación de siempre, dependerá solamente del Ejecutivo.
¿Qué es una alianza militar?
Pese a que Ecuador firmó tres acuerdos de seguridad con Estados Unidos, que permiten el ingreso de tropas norteamericanas, la interceptación de aeronaves y operaciones marítimas conjuntas, no se trató de "alianzas militares".
Según la Corte Constitucional, esos documentos son "compromisos de cooperación interestatal encaminada a fortalecer las actividades operativas" de las fuerzas del orden nacionales. Mientras que una alianza militar tiene tres características, según el dictamen del 12 de julio de 2023:
- Tienen como objetivo realizar actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados.
- Prevén la creación de una estructura orgánica mínima.
- O establecen la participación conjunta de miembros militares de dos o más países para responder a una amenaza de carácter militar.
De todas formas, la Corte reconoce que las amenazas de carácter militar no son solo aquellas que nacen de los conflictos armados entendidos de manera tradicional. Sino también de las amenazas como el terrorismo y el tráfico de drogas.
En caso de tratarse de este tipo de acuerdos, después de que los países involucrados lleguen a un acuerdo final, el texto deberá ir a la Corte Constitucional, para su revisión y posteriormente pasará a la Asamblea, donde deberá analizarse en una comisión, cuyo informe se votará en un máximo de 20 días. Y solo será aprobado con la mayoría absoluta de votos (77, desde el 14 de mayo próximo).
En caso de que existiesen cambios, el texto deberá ser refrendado nuevamente por la contraparte del Estado ecuatoriano y, solo entonces, podría ser ratificado y entrar en vigor.
A esto se suma la reforma parcial a la Constitución, que también planteó Noboa y que discute la Asamblea, para levantar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador. Sin embargo, esto deberá ser refrendado en las urnas.
En caso de que el Gobierno logre ese objetivo, todavía queda pendiente conseguir los aliados que estén dispuestos a enviar tropas o "fuerzas especiales" al país, con el costo enconómico que eso implica. Puesto que, al momento, hay conflictos más apremiantes que tienen concentrada la atención de las potencias mundiales.
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