Esto dicen expertos de la ONU sobre la situación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad
La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, y el experto independiente sobre el orden internacional, George Katrougalos, expresaron su preocupación por la situación de Verónica Abad en Ecuador.
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La Vicepresidenta Verónica Abad durante la audiencia por la acción de protección que fue tratada el 29 de enero de 2025.
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Autor:
EFE / Redacción Primicias
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La situación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, es objeto de análisis por parte de un comité de expertos de las Naciones Unidas, que este 18 de febrero emitieron un pronunciamiento sobre la autoridad.
La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, y el experto independiente sobre el orden internacional, George Katrougalos, expresaron su preocupación por la situación de Abad.
En un comunicado emitido este martes, aseguraron que los ataques podrían suponer "un alarmante precedente que pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador, socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola principios fundamentales de igualdad y no discriminación".
Añadieron que medidas adoptadas contra la vicepresidenta como su exclusión arbitraria de sus funciones, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial contra su entorno familiar y legal constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y del Estado de derecho.
"La vicepresidenta Abad ha enfrentado una serie de medidas coercitivas, incluyendo su designación como 'Embajadora para la Paz' en el conflicto palestino-israelí sin recursos adecuados, y su traslado forzoso a Israel y posteriormente a Turquía, lo que comprometió su seguridad personal y familiar", afirmaron.
Otros ejemplos de hostigamiento, agregaron, serían el proceso administrativo irregular en su contra en septiembre de 2024 por "abandono injustificado del cargo", a pesar de que su ausencia fue resultado de una orden ejecutiva del Gobierno, o su suspensión sin remuneración por 150 días en noviembre.
Los expertos también expresaron su preocupación por la presunta detención arbitraria del hijo mayor de la vicepresidenta durante 46 días, así como por la de su abogado.
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