Caso Triple A: Juez niega prisión preventiva para Aquiles Alvarez, quien debe usar grillete electrónico

La audiencia se extendió hasta la madrugada del 10 de abril.  El juez de a causa negó el pedido de prisión preventiva para Aquiles Alvarez y los otros procesados, quienes deberán cumplir medidas sustitutivas: uso del dispositivo electrónico (grillete), prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la justicia.

Durante una hora y 30 minutos, el fiscal Carlos Alarcón expuso decenas de indicios relacionados con Aquiles Alvarez para sustentar su procesamiento como autor del delito de comercialización ilegal de combustibles.

Según la información expuesta por el agente, como accionista y representante de empresas como Copedesa, Ternape y Flonape, Alvarez tramitó los permisos ante Petroecuador para comercializar combustibles a los sectores automotriz, industrial y naviero.

Estas autorizaciones, explicó el fiscal Alarcón, se basaron en informes de José Franco, quién, en esos momentos, era coordinador técnico de control hidrocarburífero de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Pero, que además es accionista de FuelCorp, una de las empresas procesadas en el caso Triple A; trabajó bajo relación de dependencia en Copedesa, y fue gerente de la Agencia de Tránsito de Guayaquil (ATM), durante la administración de Álvarez en el Municipio.

Franco debía ser procesado inicialmente el caso Triple A. Sin embargo, fue candidatizado a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, lo que lo revistió con inmunidad hasta el fin del proceso electoral.

Según la tesis de la Fiscalía, una vez firmados los contratos con Petroecuador, Copedesa, con la firma de Aquiles Alvarez, firmó convenios de afiliación con distribuidoras en zonas fronterizas como Estación Zambrano, en Zamora Chinchipe; Estación Espíndola, en Loja; y Estación Araújo, en El Oro. Copedesa tenía la obligación de vigilar que estás estaciones no desvíen el combustible.

Sin embargo, la Fiscalía tiene indicios de que estas gasolineras distribuyeron ilegalmente los combustibles recibidos de Petroecuador, a través del convenio con Copedesa.

Por ejemplo, en el caso de la Estación Zambrano, la Fiscalía determinó que la gasolinera recibió diésel premium subsidiado por encima de su capacidad de almacenamiento, que es de 10.000 galones. El Ministerio Público contabiliza 2,7 millones de galones que no pueden justificarse.

La Estación Espíndola, en cambio, tiene como sus principales clientes al Consorcio Building Amalusa y José Rivera. Les facturó más de 411.000 de galones de diésel y más de 5.000 galones de gasolinas. El problema es que las recargas de los dos tipos de combustible se hicieron a un mismo vehículo, lo cual es imposible, dijo el fiscal del caso.

Sobre la Estación Araújo, Alarcón explicó que que recibió más de 900.000 galones de diésel premium subsidiado y sus principales clientes fueron Oro Estiva y GasoMar. En el primer caso, Araújo tenía prohibición legal para vender combustible al sector industrial. Y, en el segundo caso, también está prohibido distribuir combustibles a otras estaciones.

La audiencia se reinstaló y el fiscal Alarcón pidió la vinculación de 11 personas y una empresa a la instrucción fiscal, en este caso por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de combustible.

Tras instalar la audiencia, el juez suspendió de inmediato la diligencia por 30 minutos para que Aquiles Álvarez y Juan Carlos Arias, investigados cuyos abogados no asistieron, se puedan reunir con los defensores públicos asignados. La diligencia se retomará a las 09:50

Luego de escuchar estos argumentos, el juez Renán Andrade multó al abogado de Aquiles Álvarez con dos salarios básicos unificados y pidió que lo investiguen para determinar una posible suspensión. Sin embargo, declaró instalada la audiencia de vinculación y Álvarez será defendido por un abogado de oficio.

Antes de la instalación de la audiencia, Aquiles Álvarez, quien no llegó al Complejo Judicial y se conectó vía telemática, pidió la palabra y explicó que su abogado, Diego Córdoba, no está presente y que justificó previamente su inasistencia. Pero, el juez Andrade negó los pedidos de diferimiento.

"No autorizo a ningún defensor público a qué me represente. O es que usted (Juez) pretende ponerme de carne de cañón antes de las elecciones. Ni siquiera abre YouTube o es que no quiere dejar que el país vea que me deja en indefensión", dijo el Alcalde de Guayaquil.

Ante esta situación, el juez Andrade cedió la palabra a Iván Montero, abogado de la Defensoría Pública, quien manifestó que está listo para asumir la defensa de cualquiera de los procesados, ya que ha acudido a todas las audiencias previas y ha revisado el expediente.