Asamblea declara "responsabilidad política" del ministro de Defensa en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas
El correísmo asegura que el ministro Gian Carlo Loffredo ha incumplido funciones. El oficialismo dice que se quiere atacar a Fuerzas Armadas y al gobierno de Daniel Noboa.
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El Pleno de la Asamblea debatió este 25 de febrero el informe sobre la desaparición y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas.
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Roberto Rueda/ PRIMICIAS.
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La Asamblea Nacional aprobó, este 25 de febrero, el informe de la Comisión de la Niñez y declaró responsable político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas.
Originalmente, la mesa legislativa recomendaba iniciar un juicio político contra el ministro, pero la presidenta de la Comisión, Pierina Correa, de Revolución Ciudadana, hizo un cambio de última hora declarando solo la responsabilidad para obtener el apoyo de algunos grupos políticos que no estaban convencidos con el inicio del juicio.
Por ejemplo, del Partido Social Cristiano (PSC). El jefe de esa bancada, Vicente Taiano, calificó como "ministro incompetente" a Loffredo, pero dijo que llevarlo a juicio político no devolverá a los niños y que lo mejor es centrarse en resolver el tema del abandono de ciertos sectores, que es estructural.
Correa detalló que el funcionario habría cometido varios errores en torno a este caso, empezando por el hecho que no respondió con claridad sobre las capacitaciones a militares en temas de derechos humanos.
Además cuestionó las polémicas disculpas del ministro Loffredo. El 6 de enero, el funcionario se disculpó con los familiares de los niños que desaparecieron a inicios de diciembre de 2024, supuestamente, a manos de militares, pero a renglón seguido dijo que "llegarán hasta las últimas consecuencias" para que se sancione a una jueza que declaró la desaparición forzada.
Para la Comisión, ese pronunciamiento constituiría una "amenaza" que aún se mantiene contra la jueza y una intromisión en la Función Judicial.
El documento señala también que se registró una evidente descoordinación entre instituciones estatales para afrontar este tipo de casos que, según los legisladores, no son aislados, de acuerdo con información recibida por varias instancias.
La delegada de la Defensoría del Pueblo, Alba Jalón, dijo que la entidad ha ordenado la investigación de 38 alertas de supuesta desaparición forzada. "La mayor cantidad de personas se ubican en Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Solo en Esmeraldas son diez casos por desaparición forzada", dijo la funcionaria.
El coronel en servicio pasivo y asambleísta Lucio Gutiérrez dijo que los responsables de la desaparición y muerte de los niños deben ser sancionados con rigor, pero aseguró que el informe busca denigrar y anular a las Fuerzas Armadas, por lo que lo rechazó.
El informe tuvo el respaldo de 66 legisladores, la mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana a la que se unieron Pachakutik y algunos independientes. Otros bloques como el de ADN, Construye y el propio PSC se abstuvieron de votar a favor.
Correa aclaró que las resoluciones se aprueban con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes, por lo que los 66 votos excedían el número de 125 legisladores que se registraron para la votación.
Y explicó que ya existe un pedido de juicio político en contra de Loffredo que está en trámite, por lo que no tenía sentido incluirlo en la resolución aprobada este 25 de febrero.
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