La Asamblea solicita al Registro Oficial que no publique 'Ley Antipillos' y acusa un "apagón jurídico en Carondelet"
"Si quiere jugar a ser dictador, hágalo en sus haciendas, no en el país", reacciona Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, quien mocionó archivo de Ley Antipillos.
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, 19 de noviembre de 2024.
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Redacción Primicias
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La Asamblea solicitó este lunes, 9 de diciembre de 2024, al Registro Oficial que no publique el Decreto-Ley con el cual el presidente Daniel Noboa promulgó la norma para el combate al Lavado de Activos o Ley Antipillos, a pesar de que el proyecto fue negado y archivado por la Legislatura.
"Apagón jurídico en Carondelet: la Presidencia de la República emite decreto Ley de un proyecto urgente en materia económica sin cumplir con lo establecido en el Art. 140 de la Constitución de la República del Ecuador", sostuvo este poder del Estado en un comunicado.
Aunque el presidente Daniel Noboa argumentó que el Legislativo no podía archivar este proyecto en primer debate, la Asamblea sostiene que "si la Función Ejecutiva tenía alguna duda sobre la negativa y archivo de la ley urgente en materia económica, debió activar mecanismos constitucionales que, en última instancia, sea la Corte Constitucional quien aclare a la Función Ejecutiva su infundada interpretación".
"La Asamblea Nacional, para precautelar el bolsillo de los ecuatorianos, negó este proyecto de ley cuya principal finalidad era establecer un impuesto a la venta de vehículos usados. Por ello, solicitamos enérgicamente al Registro Oficial que no publique esta ley que afecta a la economía de todos los ecuatorianos y que respete las decisiones tomadas por el Pleno de la Asamblea Nacional", apuntó.
Contrario al argumento del Gobierno, el Legislativo apuntó que "la Constitución no exige que los proyectos económico-urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados: deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió en este caso".
Remarcó que la Ley Legislativa "faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en primer debate, como ha ocurrido con 52 proyectos de ley ordinarios desde el año 2014".
El ministro de Gobierno, José De La Gasca, informó que previamente solicitaron a la Secretaría de la Asamblea Nacional confirmar si se generaron informes tras el primer debate y si se llevó a cabo el segundo debate.
"La Ley Antipillos busca fortalecer el control tributario para evitar que recursos económicos sigan financiando el narcoterrorismo, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la justicia", indicó el funcionario.
"Jugar a ser dictador"
La bancada de Construye rechazó la actuación del Gobierno.
"El Presidente propuso una ley en la que esconde nuevos impuestos de hasta el 5% para compra de vehículos usados. La Asamblea la negó y de todas maneras ¿quieren publicarla y cobrar impuestos no aprobados? P.D.: De "antipillos" solo tiene el nombre", publicó esta organización política en sus redes sociales.
Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, quien mocionó el archivo del proyecto de ley, también censuró la decisión del presidente Daniel Noboa. "Si quiere jugar a ser dictador, hágalo en sus haciendas, no en el país", enfatizó.
"El país sumido en la delincuencia, en el desempleo y en los apagones, pero el Presidente insiste con más impuestos. Una inconstitucionalidad es como un lunar en medio de la cara, esconderlo es imposible", apuntó.
Para esta decisión, el presidente Daniel Noboa adujo que el Parlamento no podía archivar este proyecto en primer debate.
Sin embargo, el primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera (PSC), dijo a Teleamazonas que "el archivo es improcedente, es una arrogación de funciones flagrante porque el Ejecutivo no tiene capacidad ni facultades para interpretar los procedimientos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa".
"La única manera que el Ejecutivo pueda promulgar una ley como un decreto-ley es cuando la Asamblea Nacional no se hubiese pronunciado aprobando, modificando o negando", advirtió.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), había advertido días atrás que interpondrán recursos constitucionales e incluso penales que consideren necesarios frente a este escenario.
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