Asamblea presentará acción de inconstitucionalidad tras publicación de 'Ley Antipillos' en Registro Oficial
Los asambleístas tienen posturas divididas sobre la publicación de la Ley Antipillos en el Registro Oficial: para la bancada de Gobierno es un mensaje 'contundente contra el narcotráfico', y para el correísmo, es una ley que cae en la 'ineficacia jurídica'.
El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, habló sobre este tema el 10 de diciembre de 2024.
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Asamblea Nacional.
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Una vez conocido que la Ley Antipillos ya consta como publicada en el Registro Oficial de Ecuador, la Asamblea indicó en un comunicado, este 10 de diciembre, que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Horas antes, la llamada 'Ley Antipillos' había sido firmada como Decreto Ejecutivo por el presidente Daniel Noboa, pese a ser negada y archivada por 84 asambleístas.
En su comunicado, el Legislativo condenó que la Corte y el Registro Oficial dieron paso a la publicación de la norma, "lo cual vulnera el equilibrio de los poderes" en Ecuador.
"De esta manera, el órgano encargado de garantizar el respeto a la Constitución le da la espalda al país, y se convierte en un instrumento del Gobierno", añadió la Asamblea.
Falta de certificación
Por su parte, el secretario de la Función Legislativa, Alejandro Muñoz, indicó este martes que para que una ley aparezca plasmada en el Registro Oficial, necesita contar con la certificación de la Asamblea de que fue aprobado o no se alcanzó a tratar en los plazos legales.
Pero, el decreto sobre la ley, firmado por el presidente Daniel Noboa, carecería de dicha certificación.
Muñoz contó que el Ejecutivo intentó pedir una certificación la mañana del 9 de diciembre. Horas más tarde, aun sin contar con ese documento, Noboa firmó el decreto y lo envió al Registro Oficial.
"Por eso digo que se ha cometido una nueva inconstitucionalidad dentro de una gran inconstitucionalidad", indicó Muñoz, que recordó que los funcionarios públicos tienen 10 días para contestar este tipo de solicitudes.
"En lugar de esperar la respuesta de la Asamblea, decide emitir el decreto ley, sin la certificación. No esperaron ni cinco horas.
Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea
Acción Penal
El Legislativo tampoco descarta ir más allá y acudir a la justicia ordinaria para denunciar la firma del decreto, pese a la negativa y archivo de la Asamblea.
El posible delito: arrogación de funciones al emitirse una ley que ya fue negada y archivada por una instancia competente como la Asamblea.
Muñoz adelantó este martes que el tema penal se deberá someter a un análisis profundo, antes de dar un paso en ese sentido.
Reacciones legislativas
"Que tiemblen las organizaciones narcodelictivas, las mafias y la delincuencia porque se les acabó el financiamiento", fue la primera reacción de la legisladora de gobierno, Inés Alarcón, tras la publicación de la norma en el Registro Oficial.
Según Alarcón, lo hecho por el presidente Noboa es "un mensaje contundente a las fuerzas oscuras que quieren seguir arrodillando al país".
Christian Vega, de Revolución Ciudadana, dijo que el Registro Oficial está contribuyendo a que existan dos normas que se contradicen, en referencia a que la Asamblea envió, en días pasados, el proyecto que fue negado y archivado.
Según el legislador correísta, es lamentable la postura del Gobierno que, en época electoral, ha optado, con la promulgación de la ley, por entrar en una suerte de competencia con la Asamblea por determinar quién tiene más peso.
Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), que votó por el archivo, dijo que aun cuando esté publicada en el Registro Oficial, a su criterio, la Ley cae en la figura de "ineficacia jurídica".
En ese sentido, según el legislador, las entidades tendrán que escoger a qué ley se acogen: si a la promulgada por Noboa y publicada "aunque de forma inconstitucional" o al proyecto negado y archivado, que también está publicado.
"¿A cuál le van a hacer caso? Va a haber una especie de limbo normativo que, obviamente, la única que va a poder pronunciarse sobre aquello es la Corte Constitucional"
Otto Vera, Partido Social Cristiano.
Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, que propuso el archivo de la Ley, dijo que lo que se está viendo es una vulneración de la Constitución y una peligrosa tendencia a la arbitrariedad.
Según el legislador opositor, el hecho que la ley, por más que esté en el Registro Oficial, llegue con faltantes legales, sin certificados y una negativa de la Asamblea, le quita todo peso y no puede ser aplicada.
Para Peñafiel, más que el presidente Noboa, al firmar el decreto ley, cometería un delito quien pretende aplicarlo, sabiendo que no es legal, según su criterio, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, si intenta cobrar el impuesto por la compra venta de vehículos usados.
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