¿Cuáles son las acusaciones del correísmo contra la fiscal Diana Salazar?
En mayo pasado, el juicio político contra Diana Salazar se congeló en la Asamblea debido al embarazo de alto riesgo de la Fiscal, pero el lunes la propia funcionaria pidió reactivar el proceso.
La fiscal Diana Salazar en una foto de archivo cuando fue una de las audiencias del caso Metástasis, diciembre de 2023.
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AFP
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Al igual que cuando anunció a Ecuador su embarazo de alto riesgo, la fiscal Diana Salazar volvió a las redes sociales, y esta vez fue para solicitar que se reactive el juicio político en su contra, que tramita el correísmo desde la Asamblea Nacional.
En su video, de poco más de dos minutos, Salazar calificó al proceso legislativo en su contra como un "narcojuicio", al considerar que lo impulsan grupos ligados al crimen que intentan evitar las investigaciones de la Fiscalía.
Pese a ello, la Fiscal dijo que estaba lista para enfrentarlo y ahora la Asamblea deberá seguir el trámite para su reanudación, algo que sucederá cuando los legisladores vuelvan de su vacancia en septiembre.
Sin nombrar a un partido o líder político, Salazar aseguró que el proceso de censura en la Asamblea es "un burdo intento de revancha de los grupos delictivos" en su contra, para dilatar la acción fiscal "en contra de la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada".
De cumplirse los plazos, Salazar, cuyo mandato concluirá en abril de 2025, enfrentaría un proceso de enjuiciamiento con una Asamblea controlada por manos correístas.
Esto ocurre porque el actual presidente del Legislativo, Henry Kronfle, deberá dejar su curul para participar en la campaña presidencial por el PSC.
Con la salida de Kronfle, el camino queda libre para que la vicepresidenta del organismo, la correísta Viviana Veloz, asuma la titularidad.
Pero, ¿de qué exactamente la acusa el correísmo a Salazar y por qué busca su destitución? Lo primero que debería saber es que existen dos acusaciones 'formales' o pedidos de juicios políticos.
El primero de ellos es impulsado por la legisladora correísta Gissela Garzón, quien antes había pedido información al Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la reactivación del proceso contra Salazar. En este proceso, Garzón la acusa de un supuesto incumplimiento de funciones en estos casos:
- Retrasos en el procesamiento de casos como León de Troya, Encuentro, INA Papers.
- Irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
- Falta de investigación de los 'vacunados VIP' durante la pandemia del COVID-19.
- Poca acción para prevenir asesinatos a fiscales y una mala administración de la fiscalía.
Luego, existe un segundo pedido presentado por el también legislador correísta Héctor Valladarez, quien ingresó su trámite en el CAL luego del anuncio de Salazar, sobre su embarazo en mayo pasado.
Y las nuevas acusaciones son:
- Un supuesto encubrimiento a lavadores de activos.
- Falta de acción para procesar a Carlos Pareja Cordero (Capaco).
- Participación en reuniones y relación circunstancial y dolosa con procesados. Esta última acusación se desprende la denuncia de Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, y quien afirmó que recibió información confidencial de la Fiscal.
Una vez que el CAL retorne de la vacancia debería conocer el pedido de Valladarez y de ser el caso, calificarlo, para que luego la Comisión de Fiscalización lo sume al anterior proceso de juicio político.
En su mensaje, Salazar indicó que las causas esgrimidas por los dos legisladores correístas "no tienen sustento", porque "se desvanecen solas" y "tratan de distorsionar lo que los procesados (por la Fiscalía) no pueden sostener en los tribunales".
Salazar, que impulsó una gran investigación llamada Metástasis, se refiere a los mediáticos casos "Vocales, Independencia Judicial, Purga, y Plaga", que investigan, entre otros delitos, la vinculación de grupos de delincuencia organizada en el sistema judicial y en otras instituciones del Estado.
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