Sequía, hambre y urgencia social

América Central y América del Sur son regiones que están altamente expuestas al cambio climático y sufrirán con fuerza sus efectos, según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2023.

El IPCC es un grupo de expertos sobre el cambio climático que se encarga de evaluar los conocimientos científicos relacionados con esta problemática.

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En el informe se señala que, durante el segundo semestre del año pasado, El Niño contribuyó a las sequías prolongadas en el Corredor Seco Centroamericano y el norte de América del Sur, así como a las intensas lluvias e inundaciones que se presentaron en las costas del Ecuador y el Perú.

Asimismo, en dicho documento se alerta sobre la presencia de sequías intensas en 2024, una de las principales consecuencias del calentamiento global, especialmente en Bolivia y Argentina.

Conforme a lo anunciado por el IPCC, Ecuador ha venido experimentado una intensa sequía, por algunos meses, misma que ha ocasionado racionamientos de energía eléctrica y de agua potable.

Sumado a esto, los productores de maíz han reportado la escasez de este producto, lo cual podría causar el desabastecimiento de huevos, carne de cerdo y de aves, así como el incremento de los precios de estos productos. Una cubeta de huevos podría costar 10 dólares.

Esta última situación es solo un ejemplo de la amenaza que constituye el cambio climático para la seguridad alimentaria.

En efecto, algunas investigaciones señalan que uno de los riesgos graves del cambio climático está relacionado con la seguridad alimentaria y la nutrición. En pocas palabras, se espera que la emergencia ambiental provoque hambre y malnutrición. Esta última abarca la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen necesidades nutritivas y preferencias alimentarias, permitiendo que las personas tengan una vida activa y sana.

Se prevé que el cambio climático, en todas sus manifestaciones, afectará la seguridad alimentaria a través de la disminución de la productividad agrícola, la reducción de los ingresos, la interrupción de los sistemas de distribución de los alimentos, la inestabilidad de los precios, el menor contenido de los nutrientes de algunos productos alimenticios y cambios en los mercados de alimentos.

Además, se espera que el cambio de las condiciones climáticas origine un círculo vicioso en el que las enfermedades infecciosas causarán o agravarán el hambre, volviendo a las personas más susceptibles a las enfermedades infecciosas.

Se estima que los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria serán particularmente evidentes en las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo, entre quienes se incluye a los pequeños agricultores.

A la larga, el efecto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria aumentará la pobreza, la desigualdad económica, la inestabilidad social y la mortalidad.

Al igual que en todo el planeta, los problemas con el cambio climático están surgiendo gradualmente en Ecuador, por lo que se deben tomar medidas ahora.

Por un lado, hay un conjunto de medidas que se deberían tomar en la agricultura, puesto que es urgente hacer una transición hacia sistemas que sean más productivos, eficientes y más resistentes a los riesgos, las crisis y la variabilidad climática.

Asimismo, se debería procurar la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de este sector.

Por otro lado, los riesgos que enfrentan las personas y los hogares, con consecuencias socioeconómicas profundas, ya deberían ser una preocupación dentro de la agenda de políticas sociales.

En Ecuador, 2.5 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria en 2023, según la FAO. La cantidad de personas que pasan hambre en Ecuador ya es perturbadora; sin embargo, esta podría aumentar aún más por los efectos del cambio climático.

Así, se deberían anunciar medidas urgentes y de implementación rápida para asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos, así como que las personas puedan acceder económica y físicamente a estos de manera estable en el tiempo.

Más complejo, y en el mediano plazo, se hace necesario repensar las políticas y los programas de protección social para que estos integren los riesgos del cambio climático, como una forma de reducir las vulnerabilidades, responder a los desastres climáticos y facilitar medidas de mitigación y adaptación.

Así, es necesario hacer un esfuerzo para diseñar y evaluar los enfoques de protección social resilientes al clima a nivel nacional. Este esfuerzo podría implicar la transición a un sistema de protección universal, alternativa adecuada para prevenir y abordar las consecuencias adversas de la crisis climática sin exacerbar las vulnerabilidades y las desigualdades existentes.

No obstante, esa transformación requerirá de recursos y, sobre todo, de un nuevo pacto social. Mientras eso sucede se requiere adoptar medidas emergentes que básicamente consistirían en reforzar y ampliar los sistemas de protección para garantizar que las personas no mueran de hambre y aumenten las cifras de malnutrición.

Enfrentar la crisis climática y sus efectos sobre la seguridad alimentaria en Ecuador no es solo una cuestión ambiental, sino una urgencia social. Al no implementar políticas de protección social resilientes al clima, estaremos condenando a las personas más vulnerables a sufrir las peores consecuencias.

La sequía y el hambre no pueden esperar. Este pésimo dúo, junto con los diversos problemas que tiene el país, pueden desencadenar un estallido social. Es hora de actuar, con respuestas de emergencia por ahora, pero pensando en soluciones sostenibles que garanticen que, por ninguna causa, ningún habitante de Ecuador padezca hambre.