La absurdidad del Reglamento del CPCCS

El fin de semana se filtró el borrador del Reglamento para la designación del nuevo fiscal general del Ecuador, cuya elaboración se atribuye a Augusto Verduga, consejero del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

El Reglamento, que supuestamente se aprobará este miércoles, encendió las alertas de la ciudadanía porque contiene algunas absurdidades. Por ejemplo, se proponen medidas de acción afirmativa que, además de insuficientes, son un despropósito.

En este artículo me centraré en las medidas de acción afirmativa, también conocidas como discriminación positiva, aunque en el Reglamento también hay otras cosas raras, como las siguientes:

• La eliminación de la prueba oral, cuando tanto dicen que el fiscal general debe ser un orador innato. En efecto, el fiscal general debe realizar audiencias y estas son orales.
• Se incluye la posibilidad de que una persona que haya sido sancionada por violencia intrafamiliar o de género pueda ser fiscal general.
  
• Se asigna el mismo puntaje a quienes han asistido a un curso y a quienes han participado como instructores de alguna capacitación.
• Los títulos de cuarto nivel tienen la misma valoración. En otras palabras, da lo mismo tener un título intermedio de posgrado de especialista y diploma superior o de maestría y doctorado (PhD).

Volviendo al tema de las medidas de acción afirmativa, estas surgieron en Estados Unidos en la década de 1960, época de reivindicaciones de derechos civiles que se propagaron con la intención de igualar las oportunidades entre las personas afroamericanas y blancas. 

La discriminación positiva constituye un mecanismo institucional temporal que tiene como objetivo nivelar el terreno para que los grupos, que históricamente han sufrido discriminación étnica, racial, de género o religiosa, alcancen espacios de influencia en el ámbito educativo, político, económico, profesional o cultural, a través de becas, cuotas en diversos niveles de educación o en concursos públicos, entre otras posibilidades.

Contrario a lo que se cree, las medidas de acción afirmativa no son beneficios ni privilegios, si no más bien son la efectivización de derechos consagrados en la carta magna de distintos países, con el fin de eliminar todas las formas de discriminación y exclusión.

En la Constitución ecuatoriana, en los artículos 11 y 65 se menciona que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad y de los sectores discriminados.

En ese contexto, se entiende que la propuesta del Reglamento del CPCCS, para designar al próximo fiscal general, fue concebida pensando en garantizar la participación de los grupos discriminados y excluidos del país, pero lo que tenemos es que se concederá un punto por cada acción afirmativa y que se podrán acumular hasta dos puntos con las siguientes medidas:

• Ser ecuatoriana o ecuatoriano residente en el exterior, con por lo menos tres años en situación de movilidad humana.
• Ser persona con discapacidad reconocida por el Ministerio de Salud Pública.
• Ser persona domiciliada durante los últimos cinco años en zona rural.
• Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza. La certificación de este punto será otorgada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
• Ser menor de 30 o mayor de 65 años.
• Haber sido reconocida y declarada héroe o heroína nacional.

Analizando esas medidas de discriminación positiva, cabe preguntarse si estas posibilitarán que una persona perteneciente a los sectores discriminados del país sea el próximo o la próxima fiscal general. La respuesta corta a esta interrogante es no, mientras que la respuesta larga tiene algunos argumentos que menciono a continuación.

Primero, no se contempla ninguna medida de acción afirmativa orientada a las mujeres, a pesar de que las estadísticas y diversos estudios realizados para el país muestran que aún existen más hombres que mujeres en los espacios de decisión, como consecuencia de que las mujeres han estado tradicionalmente dedicadas a las labores de cuidado.

Después, los miembros de las comunidades, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montuvio (sí con v) y de los pueblos y nacionalidades indígenas no tendrán ninguna medida de acción afirmativa, siendo que estas son fundamentales en sociedades multiculturales y plurinacionales, como es el caso del Ecuador.

La consejera Johanna Verdezoto es la representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y de ecuatorianos en el exterior y, al parecer, no le incomoda que alguien del sector al que representa no tenga posibilidad alguna de ser nombrado fiscal general.

Siguiendo con el análisis, se encuentra que a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, quienes normalmente son discriminados en el país, tampoco se los menciona como beneficiarios de alguna medida de discriminación positiva.

Por otro lado, entre los requisitos para ser fiscal general consta que los aspirantes deben ser ecuatorianos y poseer título de tercer nivel en Derecho y conocimientos de gestión administrativa. Además, se requiere que los candidatos hayan ejercido con idoneidad y probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o docencia universitaria en materia penal por un mínimo 10 años.

Esos requisitos, normales para un cargo de tal importancia, de igual manera delatan que hay algún interés oculto en el CPCCS, pues estos conflictúan de frente y sin disimulo con las tales medidas de acción afirmativa.

Les pregunto a los consejeros: ¿cómo es posible que una persona con título de tercer nivel, y que haya trabajado un mínimo de 10 años, viva en pobreza o pobreza extrema?

Las personas pobres en Ecuador viven con USD 3 diarios o menos, y estas personas tienen una alta probabilidad de ser beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano.

Además, les pido que reflexionen sobre qué tan probable es que un abogado que ha ejercido su profesión durante una década o más conste en el Registro Social o reciba el Bono de Desarrollo Humano. La respuesta es obvia.

Igualmente, les pregunto: ¿cómo esperan que una persona que ha vivido los últimos cinco años en la ruralidad tenga acceso a cursos, capacitaciones y esté al día en las áreas del concurso?

Las medidas de acción afirmativa que supuestamente están enfocadas en las personas pobres y en los habitantes de la ruralidad solo indignan, pues ese ecuatoriano que vive con 3 dólares diarios o en el campo y tiene recursos para cursar estudios de cuarto nivel, capacitarse y publicar obras de relevancia y artículos científicos solo existe en las alucinaciones de los consejeros del CPCCS.

Por último, si piden mínimo 10 años de experiencia, ¿a qué edad tendría que graduarse una persona para participar en el concurso con menos de 30 años?

Aunque quieran engañar y decir que están cumpliendo con su misión de consolidarse como los representantes del pueblo ecuatoriano, se les cayó la máscara y sus intenciones fueron descubiertas.

Solos y sin esfuerzo dejaron al descubierto que el concurso para fiscal general ya tiene un ganador, pues así lo evidencia su Reglamento masculinizado y dirigido a alguien que vive en el extranjero, que no tiene mayor trayectoria en el servicio público ni probidad ni idoneidad, que tiene procesos judiciales en curso y que ha ejercido actos de violencia contra la mujer. Está clarito.

El problema no es que el futuro fiscal general sea hombre, cuidado piensen que el reclamo es por razones feministas, lo que me indigna es que sigan tomándonos el pelo y arreglen la nominación de un cargo esencial para combatir la corrupción para favorecer a alguien que, seguramente, será sumiso con las mafias políticas y la delincuencia organizada, sino no lo blindarían desde el Reglamento.

La propuesta de Verduga no solo es un monumento a la hipocresía, porque fue elaborada por alguien que se autodenomina progresista, sino también es una burla descarada a la inteligencia y dignidad de los ecuatorianos, puesto que, al diseñar un proceso que excluye a los sectores más vulnerables, el CPCCS muestra que es una institución que se jacta de transparencia y diversidad mientras perpetúa la exclusión y favorece a los corruptos y criminales.

Hace poco asistimos la maniobra vergonzosa para nombrar ilegalmente a un presidente del Consejo de la Judicatura, quien es famoso por sus antecedentes dudosos ligados al narcotráfico, y ahora, con total desvergüenza, querrán imponernos a alguien de la misma calaña.

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son una vergüenza. Como bien lo dice Santiago Basabe, son impresentables.

Al paso que vamos los consejeros seguirán haciendo de las suyas, en tanto el pueblo asiste tranquilo el show con el que terminan de entregar el país al narcotráfico y a las bandas políticas de delincuencia organizada.

Los consejeros deben recordar que su misión es servir a todos los ciudadanos, no proteger sus intereses ni los de sus compinches corruptos y criminales.

¡Ya basta de absurdidades!