Los políticos no le temen a la muerte…

En las horas más azarosas de su carrera política, el expresidente Rafael Correa debe preguntarse si valió la pena haber sido “jefe de todos los poderes” para, siete años después de haber dejado Carondelet, asestar un furibundo golpe moral a su familia, a la que Estados Unidos ha declarado, al igual que a él, inelegibles para ingresar a ese país.

Resulta sobrecogedor que quienes nada tienen que ver con las acciones de sus progenitores deban pagar de esa manera; lo que confirma que el poder es perverso y, el exceso de poder, doblemente.

La repercusión de la decisión de Washington ha sido enorme dentro y fuera del país, al punto de que ni el operativo de blanqueo de imagen del Grupo de Puebla y de las organizaciones afines que defienden a Correa y a Jorge Glas, ha podido morigerar el ruido.

La sensibilidad de la región ante acciones similares del Departamento de Estado, y sus efectos son conmovedores. Que lo diga Guatemala donde el anuncio del retiro de visas a 300 ciudadanos, entre esos a más de 100 congresistas, a personas privadas y sus familias “por socavar la democracia y el Estado de derecho”, en diciembre 2023, zarandeó el país.

Y fue solo un anticipo.

Días después, en enero de 2024, Guatemala se estremeció al conocer que, apenas 48 horas después de que Alejandro Giammattei dejara el cargo de presidente de la República Estados Unidos lo declaró “no apto” para ingresar a su territorio. Y que su hijo fue expulsado cuando pretendía ingresar a Miami.

Los cuatro años que estuvo en el poder el conservador Giammattei persiguió a sus opositores y a los periodistas que destaparon su corrupción, en casos terribles como sobrevalorar las vacunas rusas Sputnik para el Covid-19 y recibir sobornos de ciudadanos rusos que adquirieron tierras para la explotación minera en Guatemala.

Otro gran impacto ocurrió cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que el Departamento de Estado designaba al expresidente paraguayo Horacio Cartes como inelegible para ingresar a Estados Unidos debido a sus actos de corrupción. “Nos comprometemos a apoyar la democracia y a promover la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos”, escribió en su cuenta X.

La sanción fue extensiva a la familia del rico empresario tabacalero, educado en Estados Unidos y que era investigado por presunto lavado dinero. Ejerció el mando por el conservador Partido Colorado, entre 2013 y 2018.

La ley “Global Magnitsky” que aplica Washington a los involucrados o vinculados en violaciones de derechos humanos o corrupción, es contundente; implica “la muerte financiera”, ya que las instituciones de Estados Unidos no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados.

Décadas atrás, el presidente de Colombia Ernesto Samper se quedó sin visa a Estados Unidos cuando el Gobierno de Bill Clinton le retiró debido al financiamiento de su campaña presidencial con dineros del narcotráfico, en 1994.

Fue un tormento para su Gobierno. Samper se volvió antimperialista.

Para los exmandatarios de Ecuador las repercusiones son insospechadas, porque el Departamento de Estado ha dicho que “Correa y Glas abusaron de sus cargos como expresidente y exvicepresidente de Ecuador, respectivamente, al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables”, tal reza el comunicado del Gobierno del demócrata Joe Biden.

Correa integra, hoy, la ominosa lista de expresidentes latinoamericanos acusados de corrupción, a los que Estados Unidos no los quiere en su territorio. Allí está también Abdalá Bucaram.

Un primer gran eco de esta decisión se escuchó en México por voz de la senadora Lili Tréllez, del PAN, que le preguntó al flamante canciller, Juan Ramón de la Fuente, si “vamos a seguir usando nuestras embajadas como cuevas de criminales”.

No hubo respuesta, pero el pueblo mexicano reflexionará sobre la decisión del gobierno de López Obrador que otorgó asilo político a Jorge Glas y rompió relaciones diplomáticas con un país amigo como Ecuador, por defender a un sentenciado por corrupción.

Qué hará la presidenta Claudia Sheinbaum es difícil saber, pero no hay que olvidar que comparte ideología con su antecesor.

Lo que sí se puede anticipar es que el “lawfare” al que Correa y Glas se han aferrado como a un clavo ardiente, no les dará los resultados por ellos esperados.

Se acabó la fiesta solía decir Correa cuando gobernaba controlando todos los espacios de poder. Hoy, parece un bumerán.

Para el expresidente el golpe ha sido de tal magnitud que no le quedó más que hablar de “maldad humana” y de una “nueva idiotez hecha por los gringos”, según escribió en su cuenta X.

Y ¿qué hará Bélgica que le otorgó estatus de refugiado a cuenta de “reunificación familiar”?

Siguiendo el rigor de la diplomacia y la política es de presumir que pedirá información del caso a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas, antes de revisar su decisión.

Y ¿qué hará la Cancillería ecuatoriana? Se supone que dispondrá a sus embajadores visitar los medios de comunicación y buscar encuentros con personalidades de los países en lo que están destacados, para que informen sobre estas últimas decisiones que pueden también incidir, de manera decisiva, en la Corte Internacional de Justicia que tramita una demanda de México contra Ecuador, así como una de nuestro país contra ellos.

Lo que hará la Interpol que tiene en sus manos un pedido de difusión roja para Correa está por verse, pero se puede intuir que Ecuador volverá a hacer el planteamiento, esta vez, sin errores.

En estos momentos de desolación, Correa debe estar odiando a sus áulicos que le permitieron hacer lo que quiso, sin decirle nada. Y también debe entender finalmente el valor de los contrapesos del poder que repudiaba, y que de funcionar le habrían impedido cometer las acciones que hoy debe lamentar.

Es la hora de los arrepentimientos, pero ellos se lo buscaron.

En la Asamblea Nacional, los “revolucionarios” deben estar pasando angustias al entender lo que ocurrió en Guatemala con sus pares y pensarán dos veces antes de defender a su líder; mientras que los exministros y ex altos cargos prófugos deben padecer pensando que sus familiares ya no podrán viajar al imperio que tanto les gusta.

Allá ellos.

Alguna vez leí una frase que parece hecha para la ocasión: “La corrupción mata, pero los políticos no le temen a la muerte”.