Un reglamento que podría elegir un “fiscal de bolsillo” pone en jaque al Ecuador

Solo la brillantez del filósofo y jurista francés Étienne de La Boétie, quien dijo, hace más de cuatro siglos, que “la obediencia del siervo será perfecta, porque será feliz”, da luces para intentar entender la complejidad del ser humano ejerciendo un espacio de poder sin la irrenunciable libertad.

Resulta complicado imaginar que dos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que escandalizaron al país con un intercambio de epítetos y descalificaciones mutuas de un calado que hacía presumir un encono irreconciliable, no habrían calibrado la dimensión de los agravios que se profirieron.

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Eso sí, tampoco se puede descartar que, al tratarse de actores de reparto en el teatro de la política -aunque ellos se crean protagonistas- no hayan tenido más alternativa que escenificar el papel que les fue asignado.

En una sesión del CPCCS, el consejero Juan Esteban Guarderas alertó que el reglamento para la elección de fiscal general del Estado preparado por Augusto Verduga del correísmo propiciaría la participación de “narco-postulantes”. En respuesta, Verduga llamó a Guarderas “pigmeo del Gobierno y mamarracho”.

Pero, oh sorpresa, apenas días después, los dos consejeros se reconciliaban y un inusual consenso se imponía en el CPCCS y el Gobierno y el correísmo hacían mayoría para aprobar el reglamento para elegir al nuevo fiscal general del Estado, que ha causado estupor.

La historia reciente del país no registra unanimidad semejante entre los más reconocidos constitucionalistas y penalistas para cuestionar tal reglamento, que parece haber sido elaborado en los antiguos laboratorios del totalitarismo que dominó la nación durante una década.

Consta de 77 artículos entre los cuales hay unos que dan un poder extraordinario al propio CPCCS, restándole atribuciones a la Comisión Ciudadana de Selección, responsable de llevar a cabo el concurso, lo que resulta escandaloso, porque además con un reglamento se otorgan más poderes de aquellos que les da la ley y la Constitución.

El Pleno del CPCCS no solo se reserva para sí la admisibilidad de los aspirantes a fiscal que le pertenece a la Comisión Ciudadana, sino que se constituye en la última y definitiva instancia para conocer las impugnaciones.

Bajo la insólita amenaza de no pagar a sus miembros, se obliga a la Comisión de Selección a presentar al Pleno un informe por cada fase del concurso; mientras el Consejo se adjudica el derecho de aprobación de los informes de cada fase, declarar la preclusión de cada una de ellas y dar paso a la siguiente.

La Federación de Abogados del Ecuador y el Colegio de Abogados de Pichincha consideran que el reglamento está direccionado para el perfil de un juez o fiscal, mientras criminaliza el trabajo de los abogados.

Otros hasta sospechan que se buscaría que los penalistas no participen -lo que sería un total absurdo- ya que se estaría privilegiando a quienes se dedican a lo laboral, civil o societario.

Quién mueve los hilos del CPCCS o, lo que es peor, quién maneja a los consejeros se pregunta la gente y la respuesta es unívoca: los políticos, lo que ratifica que la creación del organismo en Montecristi, con el pretexto de la participación ciudadana, buscaba manejar todos los organismos de control.

En el Foro Nacional y en todas partes se elucubra con los nombres que tendrían en mentes para la Fiscalía para haber puesto en el reglamento que la experiencia será valorada con un punto por cada año en el sector público, mientras al del sector privado se otorgará 1,5 por cada documento y podrán entregar hasta tres por año, que sumaría 4,5 puntos.

A quien posea un Ph.D. se le asignará 18 puntos; al que tenga una maestría, 16, y al de una especialidad, 14. A un académico que dicte clases en posgrado 0,5 puntos. Increíble.

Es una torpeza señalar que a quien tenga menos de 30 años se le otorgará un punto, cuando uno de los requisitos constitucionales para ser fiscal es tener 10 años de experiencia. ¿Alguien se gradúa de abogado a los 19 años?

Que por acción afirmativa o discriminación positiva se adjudique un puntaje, que debería ser bien valorado, se trastoca cuando se señala el vivir en el exterior o en el sector rural del país para puntuar.

Que se impida concursar a quien ha sido abogado patrocinador en delitos como la desaparición forzada, secuestro, trata de personas, tráfico de armas, terrorismo y otros, en los últimos 10 años, luce bien; pero luce muy mal que se excluyan los delitos en contra de la administración pública como cohecho, concusión, peculado y otros. Y muy grave que no se prohíba la participación a los investigados por esos delitos.

Que hayan decidido que, en caso de un empate entre los postulantes, se hará un sorteo, solo aumenta la indignación.

El CPCCS tiene problemas de legitimidad porque dos de sus vocales han sido destituidos, aunque una apelación fue interpuesta.

Las dudas de que si el reglamento se aprobó por un acuerdo político se confirmará o no cuando la apelación interpuesta por los consejeros de la Liga Azul ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya nueva mayoría sacó de la Presidencia a Fernando Muñoz, que los destituyó, sea resuelto.

Un país que cuenta con notables abogados, hombres y mujeres de valía, que litigan y ejercen la cátedra con solvencia; que su probidad es notoria por lo que gozan de reconocimiento ciudadano, tendría que exigirles su participación, incluso con este escandaloso reglamento.

Dirigir la investigación pre procesal y ejercer la acción pública penal; investigar los delitos y acusar requiere de una persona independiente, que observe al poder.

En un país azotado por las mafias se necesita para la Fiscalía una persona valiente que venza las presiones políticas y las amenazas.

Hay que impedir que la malsana servidumbre y obediencia de la que alertaba La Boétie lleve al país a designar un fiscal de bolsillo.

¡Es la hora de la Patria!