El Consejo de Participación Ciudadana envilece al país. ¡Ya basta!

La destitución de la mayoría impresentable del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la única manera de resarcir al pueblo ecuatoriano por la abyecta acción de pretender tomarse la Superintendencia de Bancos poniendo al frente de la misma a un funcionario impostado, violentando todos los procedimientos e interpretando, con audacia y torpeza, una sentencia nada menos que de la Corte Constitucional (CC).

A solo días de ir a las urnas, el desgaste político del correísmo por la decisión insólita de la mayoría de la “Liga Azul” que los representa en el CPCCS, les obligó a retractarse, pero el daño está hecho.

Actuaron después de que el legítimo superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, los acusara ante la CC de presunta usurpación y simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Entraron en pánico cuando, el viernes 24, la CC emitió un auto aclaratorio, en el que solicitaba que se informe respecto del cumplimiento de la sentencia por la que disponía que Romero von Buchwald es el superintendente de Banco, dictada el 23 de diciembre de 2024.

La tensión llegó al clímax cuando ese mismo día la Fiscalía allanó el CPCCS y se incautó de computadoras y celulares. Las imágenes del forcejeo con el consejero Verduga que se resistía a entregar su teléfono dejaron con la boca abierta al país entero.

Quienes se creían todo poderosos habían sido humillados y el pánico se apoderó de ellos, dando la razón, una vez más, a Leonardo Da Vinci cuando decía que “aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo todo”.

Asustadas y arrepentidas, dos consejeras pidieron una sesión urgente para enmendar semejante despropósito, mientras que la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, de la misma línea de la mayoría que cometió el desafuero, ha terminado posesionando al legítimo superintendente, Roberto Romero von Buchwald.

De pronto, todos se han sujetado a la ley, pero no se puede olvidar que fue violentada de forma descarada y eso tiene un precio que deben pagar.

La decisión del 22 de enero hizo que quienes integran el sistema financiero del país contuviesen la respiración, conscientes de ser blanco permanente de aquellos que no cesan de buscar sembrar el caos, con la misma persistencia con la que procuran la impunidad para sus sentenciados, aún a costa de poner al Ecuador ante un abismo.

La Asociación de Bancos Privados habló de un escenario de inseguridad jurídica para los ecuatorianos; mientras que el Ministerio de Gobierno dijo que tal decisión suponía un riesgo para “la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento”.

La lucha a dentelladas por el control del CPCCS sabiendo que tiene en sus manos la designación de las autoridades de control, incluida el fiscal general del Estado -la joya de la corona- produce malestar social permanente, y debe terminar.

Nacido en los talleres del totalitarismo en Montecristi, donde unos sastres confeccionaron una Constitución a la medida del jefe, el CPCCS es una aberración de la democracia, al entregar a un puñado de idólatras de los partidos y movimientos la elección de las autoridades de control, que siempre estuvo en manos de los Congresos o Parlamentos, primer poder del Estado.

Nadie puede olvidar que Correa copó el CPCCS con los más sumisos y que de allí salieron los fiscales de bolsillo que tuvo, así como los presidentes de la Judicatura, el contralor Pólit y una lista de incondicionales, algunos de los cuales han sido procesados y sentenciados por sus fechorías.

Ansiado por los políticos, una época el CPCCS fue presidido una señora Almeida que actuaba tutelada por su tío asambleísta y guacharnaco. Fue tremendo.

Una nueva mayoría la sacó del cargo, en febrero de 2022, tras un golpe de mano bochornoso, para el cual se rodeó las instalaciones con policías. Pusieron en la presidencia a Hernán Ulloa quien mostraba en redes fotos suyas en las caravanas y caminatas de campaña de quien ese momento presidía la República: Guillermo Lasso.

Nadie tampoco habrá olvidado que al frente el CPCCS estuvo un día el cura José Tuarez que luego fue detenido y procesado por tráfico de influencias y después Christian Cruz, que tenía carné con 81% de discapacidad auditiva, pero no usaba audífono alguno.

El summun del cinismo fue cuando el correísmo que propició la creación del CPCCS para dizque quitar a los partidos la designación de las autoridades de control, juntó en la “Liga Azul” a sus más conspicuos adherentes y, en la cara del negligente CNE hizo campaña teniendo al jefe como promotor. Tras ganar, pusieron en la Presidencia a Alembert Vera, abogado de Correa.

Con temeridad, pretendieron echar abajo las decisiones del CPCCS de transición que presidió Julio César Trujillo; sacar a la fiscal Salazar y a los miembros de la Corte Constitucional que terminó destituyendo a Vera.

Lo más reciente está fresco en la memoria colectiva: el consejero Juan Esteban Guarderas apoyó con su voto para que Mario Godoy presidiera el Consejo de la Judicatura y, aunque pretendió disculparse, produjo desazón; y, tiempo después, él mismo fue destituido por la Asamblea Nacional.

Si la “Liga Azul” hizo mayoría a pesar de que Eduardo Franco Loor había sido antes destituido, es por la abulia del TCE para resolver una recusación de ese consejero.

La historia del CPCCS, epítome de la política ruin, es perturbadora. Hasta que sea eliminado seguirá envileciendo al país.

Mientras llega ese día, por lo menos, destituyan a la bendita “Liga Azul”.