Metástasis: crimen, castigo y silencio político

Leandro Norero es para los ecuatorianos un narcotraficante que murió dos veces: una en Perú cuando aprovechando el caos por el Covid-19 consiguió un acta de defunción con la cual evadió la justicia de ese país, donde había sido procesado, y volvió a Ecuador para retomar sus fechorías. Y, la segunda, cuando fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, el 3 de octubre de 2022, tras ser emboscado por rivales, en medio de una masacre.

Norero causó conmoción cuando en su casa en Samborondón se encontraron seis millones de dólares en efectivo, miles de euros, una veintena de lingotes de oro, decenas de relojes de alta gama y costosas piezas de arte.

Resultó providencial que, tras su muerte, en su celda se encontrasen sus teléfonos que fueron desencriptados por expertos, porque allí se descubrió que mantenía nexos y relaciones con políticos, jueces y funcionarios, con quienes se mensajeaba de manera constante. Lo llamaban “Patrón Norero” y le obedecían.

Fue Fernando Villavicencio, el candidato presidencial vilmente asesinado, en agosto de 2023, quien lo había denunciado varias veces. Todo lo que dijo de él y del poder de la mafia del narcotráfico en Ecuador, ha resultado ser verdad.

Catorce meses después de la muerte de Norero, un trabajo de filigrana de la fiscal Diana Salazar, que le seguía la pista, desencadenó en 75 allanamientos a domicilios, empresas y oficinas, en un mega operativo que lo llamó Metástasis, e incluyó 38 órdenes judiciales de detención, en siete provincias, con un despliegue de 900 personas entre fiscales y policías.

El operativo fue un sacudón tectónico que conmovió al país que conoció el infierno que constituía para la sociedad la penetración del narco en los estamentos más altos de la justicia, la política y los servicios carcelarios y porque las sospechas de que alias “el Diablo” estaba involucrado se comprobaron.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue detenido en su casa; al igual que el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), general Pablo Ramírez, quien antes fue director de Antinarcóticos, así como jueces, abogados, operadores de justicia y otros más, con lo cual se ratificaba que una parte de la justicia estaba complotada con el narco.

Todo esto daba sentido a las palabras del entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien había alertado de que “los cárteles están peleando entre ellos por el control de las rutas, los puertos, las cárceles y la justicia”; lo que le llevó a hablar de narcogenerales y a su país a retirarles la visa.

Y había más.

La fiscal Salazar reveló que los chats encontrados en los dispositivos de Norero, quien no usaba ni WhatsApp ni Telegram, sino la aplicación encriptada Threema, evidenciaban que “se gestó una empresa criminal” que tenía por finalidad buscar la libertad del narco y su impunidad.

También ratificó que la identidad de “alias Ruso” mencionado en los chats, correspondía al asambleísta Ronny Aleaga, de la Revolución Ciudadana, e integrante del Consejo de Administración Legislativo (CAL), y considerado “operador político de Norero”.

Las acciones que se le imputaron a Wilman Terán, alias “el Diablo”, se referían a cuándo ejerció como juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), desde donde, se ha dicho, facilitaba la compra de decisiones de los magistrados en la presentación de habeas corpus en favor de un hermano de Leandro Norero.

El país vivía en alerta permanente.

El sacudón sísmico alcanzó a la Asamblea Nacional que, viendo el respaldo de la gente a las acciones de la Fiscalía contra la mafia, decidió apoyar a Diana Salazar, lo que se alcanzó con una mayoría de 74 votos de los 126 legisladores presentes, y el voto en contra del correísmo.

Y no era todo.

El país se enteró, con estupor, que los allanamientos y las detenciones estuvieron a punto de fracasar porque el expresidente Correa, ejerciendo el papel de “campana”, alertó en su cuenta X (antes Twitter) de “que se venía un mega operativo”, lo que provocó la fuga de siete involucrados.

Meses después, el país observó con perplejidad la emboscada legislativa a Diana Salazar a quien pretendieron enfrentar al prófugo Aleaga, involucrado en Metástasis, quien asomó en las pantallas de la sala, conectado por internet, listo para un careo siendo él acusado y prófugo, durante una comparecencia de la fiscal ante la Comisión de Fiscalización.

Dicen que pretendían recusar a Salazar para sacarla de Metástasis y que los casos Purga y Plaga, derivados del primero, se vinieran abajo. Les falló.

La semana pasada, un Tribunal de la CNJ, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza sentenció, por unanimidad, por el delito de delincuencia organizada, a 20 de los 21 procesados, con penas de nueve, siete y tres años de cárcel. Allí están Terán, Ramírez y 18 más.

No consta Aleaga porque al ser prófugo su causa está suspendida y su extradición podría no concretarse porque Maduro le ha otorgado estatus de refugiado, en Venezuela.

Es el Socialismo del Siglo XXI protegiendo a los suyos.

Un bochorno político que afecta a la administración de justicia ecuatoriana que enfrenta otro caso grave. Se trata de un candidato a asambleísta por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia cuyo rostro estará en la papela en febrero, a pesar de estar siendo procesado en Metástasis, como presunto testaferro de Norero, porque lo ampara el Código de la Democracia.

Y ¿qué han dicho los políticos sobre este caso y las sentencias? Nada.

Es probable que la diligente acción en Metástasis les haya sorprendido, en cuyo caso es oportuno recordar a Horacio, quien dijo que “la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”. Y creer que por eso enmudecieron.