¿Cómo sería el Ecuador con cuatro partidos políticos?

Si en el país existiera un elemental sentido de lo que debe ser la representación democrática, la competencia partidista y la responsabilidad que implica presentarse ante la ciudadanía como candidato presidencial, ahora mismo deberíamos tener no más de cuatro agrupaciones políticas legalmente registradas.

Si se asume un criterio estricto, fundado en porcentajes mínimos de votación en el último proceso eleccionario, solo Revolución Ciudadana (RC), Acción Democrática Nacional (ADN) y Pachakutik (PCK) se mantendrían en vigencia. Si se relajan un poco más los criterios, el Partido Social Cristiano podría estar jugándose su permanencia. 

Si tuviéramos un número manejable de partidos políticos nacionales, que serían los anotados u otros, las propuestas de gobierno, durante las campañas electorales, tenderían a diferenciarse más y la elección del votante podría verse favorecida. Cada partido tendría posiciones claras respecto al manejo de la economía, la ubicación del país en el plano internacional y la relación del aparato estatal con la sociedad.

Se podría identificar a cada partido en función de sus ideas, su logo y número de referencia, por lo que las personas que sean candidatas importarían un poco menos. Los votantes se inclinarían prioritariamente por una tendencia o por otra con lo que la lealtad a una organización política, más que a los liderazgos específicos, tendería a crecer.

En el plano de las coaliciones legislativas o de gobierno, si el país tuviera pocas agrupaciones políticas nacionales, aumentarían las probabilidades de que los acuerdos sean de mediano plazo. Ante la ausencia de legisladores satélite, que fomentan la dispersión y que terminan constituyéndose en actores clave para dirimir, los partidos tendrían mayor capacidad de negociación en temas de fondo que les permitan diseñar una agenda legislativa de consenso.

Esto incidiría también en la reducción de los incentivos que ahora mismo tienen los legisladores autodenominados “independientes” para chantajear al presidente de turno a través de la solicitud de espacios de poder, que generalmente se utilizan para propiciar corrupción, a cambio de votos.

Otros beneficios de contar solamente con el número necesario de partidos políticos se verían, por ejemplo, en el menor espacio que tendrían las actitudes oportunistas de los legisladores que se expresan en formas como el conocido “camisetazo”. Salir de la estructura partidista no solo implicaría permanecer aislado en la Asamblea Nacional, asumiendo que no existan sanciones específicas para este tipo de conducta, sino también la pérdida de la organicidad que permite el desarrollo de una carrera política, objetivo esencial de cualquier persona que está dedicada a esta actividad.

Para el CNE también sería beneficioso contar con pocos partidos políticos nacionales, los únicos que podrían presentar candidaturas presidenciales y a la Asamblea Nacional. El control del gasto electoral, por citar un caso, podría ser más eficiente. Ahora mismo es prácticamente imposible que ese tipo de supervisión se realice con la abundancia de organizaciones políticas que tiene el país. Además, la elaboración del formato de los debates, tanto en preguntas como en nivel de interacción, ganaría en profundidad, constituyéndose en un verdadero insumo a la ciudadanía de cara a tomar una decisión más razonada.

En definitiva, todas las atribuciones formales que tiene el CNE podrían llevarse a cabo de mejor forma si no tuviera diecisiete organizaciones políticas nacionales a las que controlar sino apenas a tres o cuatro.

Por estas razones, entre otras, el país debería contar con un conjunto de reglas que impidan que las agrupaciones políticas que han obtenido pírricos resultados en las últimas elecciones mantengan su registro.

Esas disposiciones legales, conocidas como umbrales electorales, ahora mismo o no existen o están presentes con una serie de salvedades establecidas, ex profeso, para que finalmente no se cumplan y el país siga ahogado entre tanto partido político endeble, entregado en propiedad a una persona que actúa como caudillo a la par de vínculo con las fuentes que buscan ingresar recursos ilícitos a la política y la economía nacional.

Ojalá en el debate de segunda vuelta y en las entrevistas ofrecidas a medios de comunicación se consulte sobre este tema a Noboa y González. Hay serias dudas de que esto ocurra.