Noboa y la competencia electoral

Las razones por las que el presidente Noboa tiene que solicitar licencia son, esencialmente, de naturaleza política. El régimen democrático busca, primordialmente, que quienes se hagan cargo de la administración del Estado provengan de un proceso electoral en el que se garantice una competencia medianamente equilibrada. Esta característica, la de la competencia electoral, conlleva a que las candidaturas tengan similares recursos para proponer sus plataformas electorales.

Como se ve, aunque la democracia no garantiza competencia perfecta, al menos busca que las asimetrías entre unos y otros sean menos escandalosas. Al final, siempre unos candidatos tendrán la ventaja de ser más conocidos, contar con mayores recursos económicos o ser parte de un partido político con niveles elevados de organización y estructura territorial. 

Si el punto de partida anotado es asumido como baluarte de la democracia liberal, administrar el aparato estatal a la par de aparecer como candidato claramente pone en mayores condiciones de desigualdad a los contendientes y, por tanto, viola el principio fundamental de la competencia electoral.

Si este principio está en duda, o se cuestiona que quien sube a la tarima investido del poder político de orientar la entrega de bienes y servicios públicos está en ventaja respecto a otros candidatos, entonces no hay mayor espacio para la discusión pública. En ese caso, en la confrontación pura estará la salida al entuerto. No se trata de nombres, de experiencias previas, de ideologías ni de anécdotas. Sin competencia electoral medianamente equilibrada, la democracia entra en riesgo. No hay espacio para medias tintas ni excepciones.

Desafortunadamente, el debate político que debería surgir de la poco democrática actitud del presidente Noboa al evitar que la disputa electoral se verifique bajo similares condiciones, se ha obscurecido por una serie de elementos.

Por un lado, está la idea de que el Derecho, visto como conjunto de normas de la vida social, está por delante de los valores éticos que orientan las interacciones políticas o de los veloces intercambios que se generan entre oferentes y demandantes en el mercado económico. La prelación dada a lo jurídico, por encima de los rasgos básicos del régimen democrático, lleva a que las interpretaciones abunden y los acuerdos escaseen.

Por otro lado, está el hecho de asumir que la actitud de Noboa de rehusarse a solicitar licencia, evitar otorgar los espacios que le corresponden a su vicepresidenta, proponer estados de excepción a diestra y siniestra o cualquier otro de los abusos y atropellos que ha cometido en este corto tiempo de ejercicio de la presidencia de la república, es excepcional.

Pensar lo ocurrido desde esa óptica lleva a la falsa impresión de que el Estado de Derecho ha tenido en el pasado un papel estelar en la vida del país, cuando en realidad nuestra historia republicana va por una vía claramente opuesta. Por ello, una alternativa es observar los injustificables hechos ocurridos durante este gobierno como un referente empírico más del problema estructural que tiene el país. De esa forma los apasionamientos ideológicos y los intereses políticos específicos dan paso a una discusión más abstracta y desapasionada.

En tanto estos dos elementos no sean considerados con mayor detenimiento, el país seguirá desgañitándose en discusiones importantes, como los desvaríos de Noboa, pero que no dejan de ser coyunturales. En la medida que sigamos concentrados en mirar lo epidérmico, los problemas de fondo, que hacen relación a la falta de acuerdos políticos básicos, continuarán presentes y la vida pública sin mayores cambios positivos.

En tanto evitemos concentrarnos en las cuestiones estructurales, daremos más espacio para que los que ahora despotrican contra Noboa, pero que fueron sumisos y dóciles ante las arbitrariedades de otros gobiernos, obscurezcan el debate que el país se merece.