Corrupción estructural

Cuando en una sociedad los escándalos de corrupción no son excepcionales sino parte de la cotidianeidad, existe un problema estructural. Esta declaración no es menor pues implica que las salidas no están solamente en el comportamiento de las personas a través del cambio de códigos de comportamiento cultural. Tampoco la fórmula está en la simple asignación de incentivos positivos o negativos, el famoso palo y zanahoria, que procure aislar a los actores de la reproducción de conductas legal y éticamente reprochables.

Aunque los cambios en las reglas de juego, el llamado diseño institucional, pueden ayudar a morigerar en alguna medida la presencia de actos de corrupción, no es posible confiar ciegamente en que allí se encuentra el elixir contra dicho flagelo social. 

Así, sin relativizar la importancia de la interacción entre actores e instituciones, en casos de corrupción estructural es necesario valorar la fuente que alimenta la reproducción de este fenómeno social. Ese ejercicio nos conduce inexorablemente al aparato estatal pues de allí nacen los principales escándalos de uso ilegítimo de recursos de diverso orden. Una forma de afrontar ese hecho está en la idea de reducir el tamaño del Estado, sin más ni más. No obstante, esa perspectiva no solo evade la raíz del problema, sino que podría aunar a que los escándalos se tornen aún más frecuentes.

Otra lectura está en la valoración de quiénes manejan los hilos más finos del aparato estatal y se benefician de sus recursos a través de interpuestas personas que se encargan de la ejecución de los actos de corrupción pública, en sus distintas modalidades.

En esa perspectiva, más cercana a la noción de la corrupción estructural, varias cosas se pueden argumentar. Por un lado, si la corrupción viene de arriba hacia abajo, el problema de fondo no está en el común de los ciudadanos, para quienes realizar el tipo de negociaciones e intercambios que se requieren para perjudicar seriamente al Estado le resultan abiertamente inalcanzables.

Como corolario de lo señalado, lo que queda medianamente claro es que existe un grupo de personas e intereses que, independientemente del color del partido en el gobierno, tiene las riendas del manejo de lo público, designa sus alfiles en las principales instituciones y por ahí drena las arcas fiscales. Estos “propietarios” del Estado rara vez aparecen en público pues su juego es utilizar políticos, jueces, fiscales y funcionarios de alto nivel jerárquico.

Bajo condiciones como las anotadas, en las que el aparato estatal está sometido a intereses particulares, cualquier enmienda resulta menor si no se busca una autonomía relativa en el manejo de lo público.

Aunque el diagnóstico es claro y conciso, la salida es larga y tortuosa, pero deben darse los pasos iniciales en algún momento. Actores representativos de la sociedad colocados en espacios clave, políticos con visión de mediano plazo posicionados en sectores estratégicos, empresarios patriotas trabajando en agendas inclusivas y sociedad civil despertando del aletargamiento, son algunos de los elementos que se requieren en dicho emprendimiento. La formación de un aparato estatal autónomo en el plano burocrático, tarea consolidada en algunos países, en otros, en los que sufren de corrupción estructural, es una tarea pendiente.

Ecuador es un caso referencial de corrupción estructural. Acá están presentes los diversos rasgos de un aparato estatal capturado por intereses perversos y, como consecuencia de ello, los escándalos de corrupción están a la orden del día. Esa es la noticia negativa. La positiva, al menos en ciernes, es que empiezan a surgir actores, empresarios y organizaciones sociales con deseo de dar los primeros pasos hacia la autonomización del Estado. Nos faltan aún los políticos que se adhieran a esta cruzada. Salir de nuestra corrupción estructural no es tarea fácil pero no por ello hay que dejar que el país se pierda aún más en la ignominia.