No podemos entregar la fiscalía a la delincuencia

Las alertas ciudadanas deben encenderse. Estamos a muy poco de iniciar el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado y ese cargo es clave. En un país con niveles de corrupción de los más altos del mundo, como lamentablemente es el caso de Ecuador, el cargo de fiscal general es más importante que el de asambleísta, ministro, alcalde o prefecto.

Quien va a conducir la acción penal, por tanto, debe ser alguien que goce de dos méritos fundamentales: destrezas profesionales y honestidad. Ahí debe estar la búsqueda. Esos deben ser los dos parámetros fundamentales para la designación de quien reemplazará a Diana Salazar.

Pero precisamente ahí está también el primer tropiezo. El Consejo de Participación Ciudadana, ese muladar heredado de la constitución de los trescientos años, ha propuesto un reglamento lleno de vacuidades, inconsistencias y despropósitos. Da la impresión de que se hicieron reglas para la elección de un cargo de tercer orden o para la designación del vocal de aseo del grado, siguiendo esa olvidada tradición de las escuelas de hace algunas décadas.

Tampoco se podía esperar mucho más de ese grupete de entontecidos por la ambición política, la carencia de luces o ambas cosas. Hay que buscar una salida inmediata para que los requisitos para ser fiscal general vayan acorde a la trascendencia del cargo.

Pero aún más importante que ese reglamento, y en lo que la ciudadanía debe poner mayor atención, es en quienes serán los candidatos. No podemos permitir que otra vez la delincuencia política se tome un cargo decisivo. Ya lo han hecho con el Poder Judicial y otros espacios. Colocar en la fiscalía general a alguien vinculado al crimen organizado, el narcotráfico o los partidos políticos, que en la práctica son la conjunción de los dos primeros, sería colocar una estocada mortal a la democracia del país. Sería atentar contra lo poco que nos queda como sociedad. No podemos permitir que eso suceda. Siempre es posible estar peor y si el nuevo fiscal es algún testaferro de intereses ocultos pues allí estará el camino hacia la mayor debacle que habrá visto el país desde el retorno a la democracia.

Por ello, en este momento crucial del país, se requiere que las universidades, los gremios profesionales, las cámaras empresariales, las organizaciones sociales, la cooperación internacional y los ecuatorianos virtuosos en general, se preocupen de incentivar a personas con capacidades profesionales y ética pública para que participen en el proceso de selección del nuevo fiscal. La buena noticia es que sí existen abogados que cumplen a cabalidad ambos requisitos. Los hay y son muchos. Están dispersos a lo largo del país. Resta que los apoyos vayan hacia ellos, que los animen, que despierten en los posibles candidatos el amor a la patria pues esa es la mayor motivación que pueden tener para dejar temporalmente sus actividades particulares en aras de servir a la ciudadanía.

Todos nos beneficiaríamos con un fiscal de quilates. Todos, excepto los corruptos, desde luego. El empresario tendría condiciones más claras para sus emprendimientos. El funcionario público tendría certezas de que su trabajo realizado a cabalidad no enfrentará represalias vía persecución judicial. El político honesto, que también hay, aunque cada vez menos, podría establecer un horizonte de tiempo más amplio para desarrollar su carrera partidista sin temores a persecuciones políticas a través de investigaciones injustificadas. La ciudadanía en general tendría una institución en la que se pueda medianamente confiar. Todos nos beneficiaríamos.

Por tanto, es el momento de dejar el cortoplacismo y pensar en lo que dejaremos a las nuevas generaciones. Si no lo hacemos, si nos despreocupamos en este momento de la gran tarea que es movilizar a la gente capaz y honesta que postule al cargo de fiscal general, entonces pronto ese espacio será un reducto más de la corrupción, el solapamiento del crimen organizado y la convivencia con el narcotráfico. Estamos a tiempo de propiciar una gran cruzada nacional para que en el cargo de fiscal general esté una persona formada profesionalmente y amante del país.