La administración de justicia: otro de nuestros basurales

Pocas sociedades han desarrollado la capacidad de convivir, sin inmutarse, entre la pestilencia y el basural. Nosotros somos una de ellas. Podemos estar junto a lo más repulsivo de la degradación humana que eso, en el fondo, no nos conmueve. Observamos que lo más abyecto del país se va apoderando de la política y esa imagen apenas nos genera un cosquilleo de pocos minutos. Por esa razón, la corrupción y la mediocridad siguen avanzando sin que nada las detenga.

Ahí la explicación de por qué los nuevos escándalos alrededor de la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura y en general la administración de justicia, no nos provoca ninguna reacción. Como estamos tan acostumbrados al hedor de esa gavilla de delincuentes disfrazados de jueces, no percibimos nada anómalo. Nada de lo que tengamos que preocuparnos. Nada que no sea parte de convivir en un desfogue de aguas servidas.

Quizás para los ciudadanos que afortunadamente no han tenido que enfrentarse a las uñas corruptas del Poder Judicial, los hechos acaecidos durante los últimos días les llame, en alguna medida, la atención. Es comprensible esa actitud pues la primera impresión que genera conocer algo, muy poco, de la forma de vida de estos delincuentes de cuello y corbata, mal llamados jueces, debe generar molestias.

Sin embargo, para quienes de manera directa o indirecta saben cómo se maneja la justicia en el país, nada de lo que se conoce ahora es nuevo. Nadie puede ruborizarse de lo que se ha denunciado ni del tipo de acuerdos fraudulentos que sirven de base para el ejercicio de la administración de justicia pues acá, abogados, jueces, fiscales, funcionarios, peritos y Policía Judicial, saben bien las mañas a las que hay que recurrir tanto para aceitar los procesos judiciales como para identificar a quiénes hay que dirigirse para obtener decisiones favorables.

Tristemente, hay que decirlo de una vez, para obtener una sentencia favorable en Ecuador hay que pagar... y hay que pagar mucho dinero o espacios de poder. Como una y otra “retribución” está al alcance de pocas personas, para la mayoría de los ciudadanos el Poder Judicial es prácticamente inalcanzable. Ahí está una de las razones más fuertes para decir que el acceso a la justicia en Ecuador es privilegio de pocos y mal de muchos.

Desde luego, hay excepciones de abogados que litigan de forma honesta y casos que se resuelven por la sola injerencia de la ley. A diferencia de otros países, en los que la corrupción y la presencia de jueces y fiscales delincuentes es circunstancial, acá es la regla. Todos sabemos eso. Todos lo sabíamos y por eso, escandalizarse o ruborizarse con la olla de pus que se está abriendo en estos días, es en alguna medida una forma de hipocresía.

¿Quién no sabe que acá las facultades de Derecho, con poquísimas excepciones, son un espacio de formación en los medios para facilitar la impunidad y el intercambio de decisiones por recursos económicos? Todos los sabemos y a pesar de ello somos incapaces de poner un freno a la creciente oferta de carreras de Derecho plagadas de mediocridad en cuanto a sus mallas curriculares y en mayor medida con relación a quienes fungen como docentes.

Con el debido respeto de los juristas que tiene el país, porque los hay, en Ecuador debe ser más fácil obtener un título de abogado que conseguir una licencia de conducción o un permiso para un emprendimiento comercial. Esa es la verdad. De allí que no cabe los golpes de pecho que muchos se dan cuando lo que ahora se sabe por los procesos judiciales que avanzan en la fiscalía es el pan de cada día de las conversaciones en los pasillos de los tribunales de justicia del país.

¿Quién no conoce que el Consejo de la Judicatura es el espacio para distribuirse las direcciones provinciales y colocar allí a gente que ayude a que la corrupción fluya? Los pocos profesionales con conocimiento y principios éticos que llegan a algún espacio en esa cloaca huyen despavoridos a los pocos meses cuando empiezan a adentrarse en las mafias que allí operan.

Si así está el Consejo de la Judicatura, que designa y supuestamente sanciona a los funcionarios que actúan contrariamente a la ley, los dimes y diretes de las últimas semanas no son sino una simple pincelada de cuestiones mucho más graves que están detrás.

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El común de los ciudadanos está autorizado a horrorizarse con el basural que constituye nuestra administración de justicia. Pero los que de un modo u otro están cercanos a ese impúdico espacio, no están autorizados a esa reacción. Aprendieron a relacionarse con ese muladar hace mucho tiempo, sin chistar. A todo se acostumbra el ser humano, dice un adagio popular.