Primero, los acuerdos políticos

La política o la economía. ¿Cuál de las dos aristas se debe trabajar primero para mejorar el desarrollo de los países? Esa es una pregunta que siempre ronda, aunque en ocasiones no de forma tan evidente, entre la población, la opinión pública y diversos sectores sociales.

Los economistas defienden la idea de que el mundo se mueve en función de los indicadores macro y micro, por lo que las prioridades de los gobiernos deben estar en esa esfera. Los politólogos señalan que el punto de partida para fomentar sociedades más prósperas está en la consecución de acuerdos institucionales básicos.

Para unos, la economía va por delante de la política. Para otros, la política va por delante de la economía. Un dilema similar al del huevo o la gallina.

En general, es difícil hallar casos de progreso económico sin que haya mediado un previo acuerdo a nivel de actores políticos. Cuesta creer, por tanto, que los distintos agentes económicos puedan generar riqueza si no parten de las certezas y estabilidad que se diseñan en el campo de la política. Aunque esta parece ser la tendencia, siempre es posible hallar excepciones. Perú sería una de ellas y seguramente hay otras alrededor del mundo.

Desafortunadamente, la relación propuesta no implica decir que la consolidación de pactos mínimos en lo político deriva inevitablemente en mejores rendimientos de las economías nacionales. De hecho, podrían darse casos de convivencia política acordada que no concluyen en avances en lo económico. Dicho escenario, que no parece tener mayores referentes empíricos en el mundo, podría dar lugar a situaciones de conflictividad social que terminen por generar cambios estructurales de magnitudes.

En Ecuador, la discusión sobre la necesidad de llegar a acuerdos políticos para de allí proponer algunos lineamientos económicos que alienten el desarrollo en ese sector se ha estancado en los últimos años.

Quizás por la orfandad de liderazgos en la esfera pública, quizás por el ímpetu de resolverlo todo desde la inmediatez, la necesaria reflexión acerca de una agenda mínima de temas políticos que orienten la vida pública del país ha quedado en segundo plano. No se trata de hacer propuestas de política pública en particular y tampoco de enarbolar cambios normativos radicales, como la generación de una nueva constitución. Aunque lo uno y lo otro podría ser útil, antes se requiere plantear las ideas generales que, desde lo político, den sustento a lo que posteriormente se deberá proponer en el andarivel económico.

La inseguridad, por ejemplo, es un tema prioritariamente político. Desde luego, hay necesidad de recursos económicos para combatir este flagelo, pero si antes no existen unas directrices básicas de cómo afrontarlo, la inversión puede resultar ineficaz. Algo similar ocurre con la seguridad social. Allí hay decisiones políticas que deben ser asumidas en primera instancia. Las medidas económicas de coyuntura son útiles, obviamente, pero si no hay acuerdos básicos en las cuestiones de fondo, cualquier esfuerzo de momento no pondrá fin al drama que ahora mismo envuelve al IESS. Otros temas, como las migraciones o la educación, pasan también por acuerdos políticos iniciales.

Cuando se recurre a la famosa expresión “es la economía, estúpido”, de James Carville, asesor del expresidente estadounidense Bill Clinton, frecuentemente se deja de lado que su objetivo esencial era de naturaleza política. No había la intención de anteponer la esfera económica a la política sino todo lo contrario.

Trasladado al caso ecuatoriano, lo dicho lleva a pensar en la necesidad de volver a posicionar la idea de que, sin acuerdos políticos básicos, la economía difícilmente va a prosperar. Dicho de otra forma, no vamos a reducir el desempleo, no vamos a producir más y no vamos a ser más competitivos en el contexto internacional si antes no llegamos a puntos de encuentro en la esfera política.

A partir de este planteamiento, el gran problema que actualmente tiene el país es que no tenemos los actores políticos que se encarguen de promover esta agenda básica. Ante esa carencia, una labor asistida la pueden empujar liderazgos que, aunque no estén directamente anclados a la toma de decisiones públicas, puedan engarzar intereses de distintas vertientes. La representación gremial, por ejemplo, puede jugar un papel clave. Las organizaciones de la sociedad civil también tendrían un rol importante. Aunque es una forma atípica de propiciar los acuerdos políticos que el país requiere, es quizás una de las pocas alternativas que se tiene ante el desenfrenado interés, muchas veces bien intencionado, de resolver los problemas económicos sin antes haber pasado por arreglos mínimos en la dimensión política.