El Chef de la Política
La Corte Constitucional es el siguiente objetivo
Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).
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Ya se han llevado buena parte de los órganos de control y fiscalización. Tienen ahí bien instalados a sus lacayos, siempre atentos para el cumplimiento de las disposiciones que “vienen de arriba”. Las cortes de justicia están a sus pies, solo es cuestión de levantar la voz y los fallos se dictan a su antojo. Del Consejo de la Judicatura, ni hablar.
Hiede por donde se lo vea y las uñas corruptas de los que mueven los hilos detrás de ese monumento a la miseria humana ya las conoce el país. Sobre el basural que constituye el Consejo de Participación Ciudadana, ni se diga. Ahí carecen del mínimo decoro y el deseo de reivindicar la ética pública no está entre sus virtudes. Ellos responden a los intereses políticos de la coyuntura. En definitiva, tienen casi todo bajo control, solo les falta la Corte Constitucional. Ese es el siguiente objetivo.
En eso, en la necesidad de sacar lo más pronto posible a los jueces constitucionales, sí que hay un acuerdo entre los diversos actores políticos. Ahí no hay diferencias ideológicas ni de otro orden. Renovar el sistema de partidos, tomar decisiones sobre la situación de la seguridad social, plantear como prioritaria la atención a la desnutrición infantil, no son temas que generen acercamientos. No interesan.
En eso tienen razón pues los nueve jueces de la Corte Constitucional son de lo poco que impide que se perfeccione el escenario de inmundicia que tanto les gusta a nuestros políticos. Ahí, en ese tribunal de justicia, no se alinean fácilmente a los mandatos de los aprendices de caudillos que ha parido el país. Imperdonable.
Por si esto fuera poco, esos jueces no están dispuestos a intercambiar sentencias por cargos para familiares o grandes sumas de dinero que permitan gozar de una dispendiosa jubilación anticipada. Inentendible. Ahí quedan expuestas algunas de las razones por las que los jueces de la Corte Constitucional no pueden seguir. En definitiva, ellos no son delincuentes y, por tanto, incumplen el requisito básico (cada vez más notorio) para ocupar cargos públicos de trascendencia.
A lo dicho hay que sumar otra característica que habla muy mal de la actual Corte Constitucional. Los nueve jueces conocen de la materia sobre la que imparten justicia y eso es injustificable para políticos mediocres, como son buena parte de los que nos gobiernan.
Para ellos siempre será preferible el abogado ignorante al que le premian con una judicatura a cambio de lealtad eterna. Esa es la interacción perfecta que posibilita sentencias a la carta y persecución política a los opositores. Mientras sea posible colocar gente más limitada en las cortes de justicia, mayores serán las oportunidades para manejarlos al antojo. Esa es la máxima que guía a nuestra clase política, desde siempre y hasta siempre, viva la Patria, como diría el finado Roldós Aguilera la tarde del 24 de mayo de 1981.
Todo lo dicho simplemente sirve para argumentar que muy pronto nuestros políticos pondrán a los primeros tres jueces constitucionales que estarán a la altura de sus pérfidos intereses. Lamentablemente para ellos y los grupos delincuenciales que los auspician, no pueden colocar abiertamente a nueve vasallos en la Corte Constitucional. Pero ese es un problema que se puede remediar.
Seguramente los aires de inmundicia de los tres jueces que lleguen en el primer trimestre del año entrante provocarán que, en el corto plazo, los seis restantes terminen apartándose de un lugar que hasta ahora ha sido impoluto pero que pronto será igual de pestilente que el resto de las instituciones del país. Solo será cuestión de tiempo. Solo habrá que esperar a que, por razones de higiene personal, los jueces que no salgan sorteados renuncien a sus cargos.
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Nuestra rancia clase política ya está frotándose las manos para ver cómo viene la repartición de la Corte Constitucional. Tres puestos, tres partidos. Lo más justo sería eso, dirán en sus conversaciones mafiosas. Mientras los acuerdos se dan, a la ciudadanía la mantendrán distraída con cualquier dislate. A la par, las universidades y gremios serán testigos mudos de la destrucción de uno de los pocos espacios respetables que tiene el país.