Sobre el banal uso de la palabra libertad
Pablo Samaniego Ponce y Diego Mancheno Ponce
Profesores de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Actualizada:
Primicias publicó el artículo “Quito es la ciudad con menor libertad económica, entre 13 capitales provinciales analizadas en un estudio”, en el que presenta los “resultados de un estudio realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)”. En esta publicación se aplica el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser (según Wikipedia un “think tank canadiense libertario-conservador sobre políticas públicas”), el que se fundamenta en un concepto restringido de libertad, pues se mide únicamente en función del grado de intervención del sector público en la economía, al mejor estilo neoclásico, sin analizar los porqués, los resultados o su relación con el bienestar. Lo único que interesa a este tipo de análisis e indicadores es presentar una dicotomía Estado-mercado que, por cierto, es falsa desde la teoría económica y desde la evidencia empírica. En este informe se califica a Quito como la ciudad con el “menor índice de libertad económica, entre 13 capitales de provincia”, resultado basado en lo siguiente:
"La ciudad tiene un mayor endeudamiento y una alta presión fiscal sobre las actividades económicas, dependiendo también de la recaudación de multas y sanciones. Por esa razón sus peores resultados se dan en las áreas de presión fiscal e intervencionismo económico… provocando que la capital caiga por debajo del umbral y pase a ser considerada una ciudad con deficiente libertad económica... Entre las ciudades analizadas, Quito es la que más recauda por impuesto predial, la que más gasto salarial presenta, y la que más empresas municipales registra..." (FCD, 2025)
En efecto, el Municipio de Quito tiene una alta deuda, pero hay que preguntar el por qué y la respuesta está en que acaba de construir el Metro. Sin embargo, para los que elaboran este informe no importa las razones de ese endeudamiento, sino el monto per cápita de la deuda. Y, aquí, la segunda pregunta ¿el Metro contribuye al desarrollo de nuestro bienestar o no? Este nuevo medio de transporte dignifica la movilidad, reduce los tiempos de desplazamiento, libera tiempo para el ocio, en el sentido amplio de la palabra; es decir, se tiene más tiempo para realizar otras actividades, lo que es una expresión de una mayor y mejor libertad.
Así mismo, es irónico que otro de los indicadores de “falta de libertad” de la ciudad es la mejor y mayor recaudación de impuestos, más aún cuando instituciones líderes de la defensa de la libertad capitalista en el plano internacional, como el FMI el BM o el BID, advierten sobre la importancia de que los gobiernos seccionales realicen mayores esfuerzos orientados a la generación de ingresos propios. Nuevamente, acá conviene preguntarse el por qué, y si esta particularidad contribuye o no al mejoramiento del bienestar de sus habitantes; y, por tanto, a su mayor y mejor libertad. Vale recordar que el Distrito Metropolitano de Quito se ha caracterizado históricamente por tener, en el Ecuador, el mayor nivel de autonomía frente al presupuesto del gobierno Central porque tiene una mejor gestión en el cobro de los impuestos, pero también porque la ciudad cuenta con un sector medio más numeroso que las otras ciudades, lo que hace posible que, por ejemplo, la dotación de las viviendas sea de mejor calidad y, en consecuencia que el impuesto predial también sea mayor por habitante. La existencia de esta clase media más numerosa, es un determinante para que la recaudación de impuestos sea mayor. Se puede señalar que este es un indicador de falta de libertad económica a pesar de ser la ciudad con mejores porcentajes de acceso de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, recolección de basura; indicadores que con seguridad no contradicen la libertad económica. O ¿sí?
Finalmente, se puede discutir el problema que representa para ese informe y su índice de libertad, el que Quito sea la ciudad que más empresas municipales tiene para gestionar su operación. Vamos con las preguntas. Acaso la dotación de servicios públicos prestados por empresas municipales que proveen bienes públicos (como el agua potable, la recolección de basura, etc.) con el objeto de evitar la presencia de un fallo de mercado como es el monopolio privado, ¿se puede calificar como un problema y atentado a la libertad económica?
El problema está en que, a juicio de los autores, lo que importa no es el alcance y calidad de la dotación de los servicios, sino el hecho de que estén en manos de empresas privadas o públicas. Califican, de otro lado, como muy liberal a Guayaquil, que, por ejemplo, tiene a una empresa privada que provee agua potable, con deficiencias denunciadas en los medios de comunicación durante años. Entonces la evaluación no se hace teniendo en cuenta la mejor dotación de servicios para que la gente pueda tener un mejor nivel de vida, sino que para ese índice de libertad económica solo importa quién administra las empresas. Por tanto, es una medida muy cuestionable porque solamente considera el interés de una parte minoritaria del conjunto de agentes que configuran la economía, a las empresas, desconociendo ingenuamente (o no), a otros participantes cómo los que trabajamos sea como dependientes o sea de manera independiente, que también somos agentes partícipes, necesarios y sin lugar a duda los más importantes para la economía.