Otro Pulitzer para el narcoestado de Ecuador

Esta semana, un artículo del periodista Alexander Clapp sobre la transformación de Ecuador en un "narcoestado" captó la atención de lectores en todo el país. La pieza pinta un sombrío retrato de Ecuador como una nación empobrecida y peligrosa en pleno siglo 21, con un enfoque marcado en la pobreza y la violencia histórica de América Latina. Sin embargo, el análisis de Clapp presenta imprecisiones que simplifican demasiado la compleja realidad de la región. Uno de los principales fallos de Clapp es la afirmación de que en Ecuador, “las pandillas cultivan deliberadamente el caos”. Esta frase ignora las complejidades del crimen organizado, el cual es un fenómeno global.

Al comparar las mafias del sur de Italia con las pandillas ecuatorianas, Clapp pasa por alto una de las características centrales del crimen organizado: su adaptabilidad y brutalidad. Organizaciones como la ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra no solo se han dedicado a la violencia indiscriminada, sino también a prácticas de extorsión y usura que han devastado comunidades enteras en Italia. En Los Ángeles, la violencia entre los Crips y los Bloods ha dejado más de 15.000 muertos durante las últimas cuatro décadas. Este tipo de violencia no es exclusivo de Ecuador, sino un patrón global de cómo las organizaciones criminales buscan consolidar poder y mantener el control.

El artículo no es capaz de dimensionar las dinámicas globales que configuran el crimen organizado transnacional ni la violencia que se usa estratégicamente para socavar instituciones democráticas, erosionando la confianza pública en el Estado y propiciando la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Si bien Clapp menciona brevemente la violencia de las pandillas ecuatorianas, omite el hecho de que la raíz de los problemas de Ecuador se encuentran en estructuras más profundas que involucran intereses políticos y financieros tanto nacionales como internacionales. Al no situar los desafíos de Ecuador dentro de este contexto global, el artículo pierde la oportunidad de ofrecer una perspectiva más matizada.

Además, la narrativa de Clapp sobre la "estabilidad" pasada de Ecuador es incompleta. Aunque menciona que Ecuador alguna vez gozó de relativa estabilidad, no analiza cómo la crisis actual es el resultado de procesos históricos complejos que se gestaron hace más de 30 años.

Desde la década de 1980, Ecuador ha enfrentado problemas derivados del narcotráfico, pero también de la penetración de redes de crimen organizado transnacional que se aprovecharon de la globalización y la creciente demanda de cocaína hacia el hemisferio norte. Esto incluye la falta de preparación que América Latina aún tiene para enfrentar estos desafíos. En 1996, por ejemplo, Colombia era el único país de la región con un marco legal para la confiscación de bienes, hoy en día solo 11 países tienen una ley de extinción de dominio.

La afirmación de Clapp de que "Ecuador operó en los márgenes de la industria narcótica" es particularmente engañosa. Desde 1980, Ecuador ha sido un actor clave en el comercio de narcóticos. Pandillas como Los Choneros, que surgieron como una organización criminal en 1995, comenzaron a colaborar con el Cartel de Sinaloa en 2001. Este tipo de "macrocriminalidad" es un fenómeno global, en el que las redes de crimen organizado trascienden fronteras nacionales y dependen tanto de la estructura financiera como de la corrupción política para su funcionamiento.

A escala internacional, Ecuador ha sido históricamente mal caracterizado como una "Isla de Paz". Esta visión ha desestimado las altas tasas de homicidio que el país ha mantenido, entre 14 y 18 muertes por cada 100,000 habitantes. De hecho, Ecuador se convirtió en uno de los principales mercados de cocaína de Sudamérica en 2008, en parte debido a las políticas de la administración de Obama, que redujeron el consumo interno en Estados Unidos en un 30%, lo que llevó al crimen organizado a buscar nuevos mercados. Hoy en día, Brasil es el mayor consumidor de cocaína en Sudamérica, y Ecuador ocupa el tercer lugar.

En cuanto a la crisis carcelaria, el artículo de Clapp se limita a describir los eventos sin profundizar en las razones estructurales detrás de ellos. La crisis carcelaria ecuatoriana es, en gran medida, una manifestación de la incapacidad del estado para garantizar condiciones básicas de vida para los reclusos, como la provisión de alimentos, y de controlar las cárceles que, como se ha visto en casos como el de 2019, son capaces de transmitir masacres en vivo. Más del 80% de los prisioneros en Ecuador son adictos a las drogas, lo que refleja una falla sistemática en la política penitenciaria, el sistema legal y el sistema de salud pública. No se trata solo de la violencia entre pandillas, sino de un sistema carcelario infiltrado por el crimen organizado.

Finalmente, Clapp omite el punto clave al hablar del crimen organizado tanto en Ecuador como en cualquier parte del mundo: la necesidad de abordar la cadena de valor y las estructuras macrocriminales que permiten la existencia de estas organizaciones.

Al limitarse a decir que “los pandilleros de Ecuador siguen enriqueciéndose de manera indiscriminada,” Clapp no aborda cómo el estado ecuatoriano, junto con el sistema financiero global, se beneficia directamente del comercio de bienes ilícitos. Como la experta Maria Eloisa Quintero ha señalado, para sostener una estructura criminal, se requiere un marco financiero y político que la respalde. Sin abordar estos aspectos, tanto Ecuador como la comunidad internacional seguirán siendo incapaces de erradicar estas redes.

El crimen organizado no es solo una cuestión de pandillas o narcotráfico; es un fenómeno que se alimenta de la corrupción y las estructuras de poder que permiten que prospere. Como destacó Roberto Saviano en su libro Gomorra, en el sur de Italia, las estructuras criminales no necesitaban a los políticos; eran los políticos los que necesitaban a los criminales y sus cadenas de valores. Posiblemente esta reflexión debería ser igualmente válida para Ecuador y el resto del mundo.