Bala contra el crimen organizado: una atomización en construcción

Hiper-militarizar la lucha contra el crimen organizado transnacional (COT) es una estrategia profundamente riesgosa, heredera directa de las políticas fallidas de la Guerra contra las Drogas impulsada por Estados Unidos en México.

Si bien la retórica oficial justifica estas medidas como respuestas contundentes, la realidad es que perpetúan dinámicas violentas y fragmentan aún más el tejido criminal. El problema principal de este enfoque “vintage” no radica en el endurecimiento de penas, sino en su dependencia de la encarcelación masiva y en estrategias como la captura de cabecillas, conocidas como Kingpin Strategies. Estas tácticas no solo son peligrosas, sino también altamente contraproducentes. 

Según Lantia Intelligence, la Guerra contra las Drogas en México exacerbó la fragmentación criminal: en 2006, existían aproximadamente 30 cárteles, mientras que para 2019 —tras años de combate militarizado— la cifra se había disparado a cerca de 227 grupos. Aunque las estadísticas sobre el COT son siempre aproximaciones, debido a la naturaleza clandestina del fenómeno, la evidencia es clara: la captura de líderes sin cambios institucionales del Estado generó pugnas por nuevos liderazgos, más violencia y la proliferación de grupos de delincuencia organizada (GDOs).

En lugar de desarticular estructuras criminales, las estrategias de Kingpin terminan dividiendo a las organizaciones en grupos más pequeños, aunque mucho más violentos. México es el ejemplo más claro: los homicidios vinculados al crimen organizado pasaron de 8.000 en 2015 a, aproximadamente, 20.000 en 2022. La razón es sencilla: atacar a los líderes de organizaciones no jerárquicas apenas afecta las cadenas de valor que sostienen sus operaciones. Las fases compartimentadas de estas organizaciones —corrupción, extorsión, finanzas ilícitas— permanecen intactas.

Karol Noroña, periodista de investigación en crimen organizado, afirma que esta fragmentación ocurre cuando las respuestas militares ignoran las estructuras de financiamiento de las organizaciones criminales. Los brazos armados de los GDOs operan en un entorno donde la lealtad no existe: los grupos responden a quien mejor paga o quien acumula más poder económico. Noroña advierte que la atomización de las bandas no solo resulta de la detención de líderes; también obedece a la complicidad de actores económicos, es decir las estructuras financieras que sostienen estas estructuras criminales, garantizando la continuidad ininterrumpida de sus operaciones ilícitas.

Ecuador, donde 22 bandas criminales fueron recientemente catalogadas como organizaciones terroristas, es un espejo preocupante de la guerra contra las drogas en México. A corto plazo, la militarización ha producido resultados parciales, como una reducción del 19% en la tasa nacional de homicidios. Sin embargo, otros delitos como la extorsión y el secuestro han aumentado, un fenómeno común cuando los grupos criminales diversifican sus fuentes de ingresos y necesitan dinero fácil.

El martes 12 de noviembre, la masacre en la Penitenciaría del Litoral evidenció las consecuencias de este enfoque. Diecisiete reclusos fueron asesinados en enfrentamientos entre las bandas Los Duendes y Mafia 18 contra Los Freddy Krueger. Este conflicto escaló fuera de las cárceles con el asesinato de alias Braulio en Urdesa central.

Estas bandas emergentes obtienen poder a través de la violencia extrema debido a que no cuentan con estructuras sólidas. Como señala Noroña, actúan como sicarios tercerizados de grupos criminales más grandes —es decir son bandas de gatilleros— aprovechando la volatilidad de las treguas internas y un sistema completamente inducido por el dinero.

Es aquí donde el modelo militarizado demuestra sus límites: es una medida parche, incapaz de resolver los problemas estructurales y sociales que perpetúan el crimen organizado. Lamentablemente, los espacios de donde originan estos gatilleros son espacios con condiciones económicas complejas, sin servicios básicos ni con ayudas sociales. En muchas comunidades, por ejemplo, en Esmeraldas, madres luchan sin ayuda para sacar a sus hijos de los círculos de violencia extrema con instituciones cooptadas, según Noroña.

Por otro lado, la presencia de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional no siempre garantiza la reducción de la violencia; en muchos casos, “la paz” es apenas un respiro temporal producto de acuerdos débiles entre bandas rivales. Para los GDOs, la violencia es un mal negocio, pues desvía recursos que podrían invertirse en sus actividades ilícitas.

Si Ecuador insiste en la militarización como eje central de su estrategia de seguridad, el costo será alto y el éxito, efímero. Karol Noroña propone una reforma profunda tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, si los gobiernos insisten en una estrategia de militarización. La reforma no se trata de una depuración superficial, sino de una reconstrucción integral de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, una reconstrución desde cero. Esta reforma debe incluir a entidades clave como el sistema judicial, el Departamento Antinarcóticos y la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, que continúan operando de manera ineficiente y descoordinada.

La falta de articulación entre las instituciones gubernamentales agrava aún más la crisis, mientras la impunidad reina dentro de la Policía Nacional. Por ejemplo, los procesos iniciados por la Oficina de Asuntos Internos suelen demorar meses, permitiendo que agentes con presuntos procesados con vínculos con los GDOs continúen patrullando las calles. Las denuncias rara vez terminan en destituciones, perpetuando un círculo vicioso de corrupción e ineficiencia. Ecuador enfrenta una encrucijada.

El fracaso de la estrategia militarizada es evidente en México y en otros países de la región. Persistir en este enfoque, sin atacar las cadenas financieras ni reformar las instituciones clave, solo profundizará la crisis con más bandas “terroristas”. El problema no es militar, sino institucional. La seguridad duradera no se logrará con más armas, sino con políticas integrales que reconstruyan el sistema desde sus cimientos como de sus comunidades.