Queridos niños, ustedes son el perfil predilecto del crimen organizado en Ecuador

El reclutamiento de niños dentro del Crimen Organizado Transnacional (COT) no es un fenómeno reciente, sino una práctica arraigada al mismo fenómeno. Este modus operandi ha sido usado por los cárteles mexicanos y ha sido una estrategia recurrente de las mafias europeas. Esta táctica les permite a las organizaciones criminales minimizar sospechas, evadir el sistema judicial y reducir costos operativos al no pagar salarios elevados a miembros menos experimentados.

Los métodos de captación de menores varían. En algunos casos, los vínculos familiares juegan un papel clave, ya que desde temprana edad los niños son expuestos a delitos menores, normalizando su integración en actividades ilícitas. En otros, se emplean ofertas de trabajo falsas para atraer a niños en situación de vulnerabilidad. No obstante, un factor común en las zonas con alta incidencia del crimen organizado es la violencia intrafamiliar, lo cual empuja a los jóvenes a escapar de su entorno doméstico en busca de un nuevo sentido de pertenencia. Ellos buscan una nueva familia. 

Uno de los mayores problemas es que, hasta 2024, los ministerios no cuentan con el financiamiento necesario para implementar estrategias que permitan recuperar los barrios cooptados por el crimen organizado, lo que limita la capacidad de acción de las instituciones encargadas de combatir esta problemática. Tanto las instituciones de seguridad como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no han previsto fondos adicionales para la rehabilitación de centros comunitarios ni para el desarrollo de proyectos de empoderamiento barrial.

El Estado considera al narcotráfico como el problema principal, pero no reconoce que una de las raíces de la crisis es la trata de menores con fines de explotación sexual y laboral. Cuando se habla de la economía ilícita en Ecuador, los mercados más lucrativos no solo incluyen el narcotráfico, sino también el tráfico de combustibles, la minería ilegal y la trata y tráfico de personas.

A pesar de esto, no se ha contemplado la creación de un fondo de emergencia dentro de la proforma presupuestaria del Estado para financiar iniciativas de la sociedad civil destinadas a enfrentar el crimen organizado, ya que no se considera un asunto de interés nacional.

Por otro lado, Policía Nacional recibe capacitaciones en prevención del delito, pero este no es su objetivo principal, en teoría el enfoque prioritario en el combate contra el crimen organizado debería estar en la protección de los ciudadanos como de víctimas de la delincuencia. Cuando se promueven la militarización como respuesta al crimen organizado, la Policía Nacional se orienta hacia operaciones directas contra los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), dejando de lado iniciativas comunitarias.

Así mismo, el enfoque gubernamental ha asignado que policía nacional se limite a obtener estadísticas del número de operativos como de muertos – lo cual es ridículo -no se está aprovechando a la institución.

A este problema se suma el déficit de agentes en servicio activo. A escala nacional, Ecuador requiere aproximadamente 78.000 policías, una cifra que aún no se ha alcanzado. Para mitigar esta carencia, se ha intentado “ahorrar” recursos necesarios para incrementar el número de efectivos incluyendo a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno armado. Esto ha propiciado la falta de protección a nuestros sectores estratégicos como las fronteras, que permanecen desatendidas.

Cuando las Fuerzas Armadas están enfocadas en la seguridad interna, no hay personal suficiente para vigilar las fronteras ni los puntos clave donde el crimen organizado genera sus mayores ganancias.

Desde diciembre de 2024, las desapariciones forzadas han comenzado a ser parte del debate público. El caso más notorio fue el de los niños de Las Malvinas, Ismael Arroyo (15) Josué Arroyo (14) Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11), cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en el cantón rural de Taura tres semanas después de su desaparición.

Hasta el momento, no se ha sancionado a los 16 militares involucrados, ni existen indicios o investigaciones que vinculen su muerte con algún Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) local. A pesar de que Taura era, hace dos años, territorio de Los Águilas, ninguna organización se ha atribuido el hecho. El crimen organizado no discrimina por clase social ni género, y no sería sorprendente que los casos de menores desaparecidos aumenten en 2025.

Este posible incremento de desapariciones forzadas entre menores está directamente relacionado con la falta de acción comunitaria en zonas donde los jóvenes no solo son reclutados es base a la coerción, sino que, en muchos casos, se unen voluntariamente a los grupos delictivos nacionales.

La sociedad civil ecuatoriana, con una sensación de comodidad, ha delegado por completo la responsabilidad del combate al crimen organizado a las fuerzas del orden, sin considerar alternativas de intervención social. Experiencias como el movimiento 'Addiopizzo' en Italia, el programa 'Sembrando Paz' en Iztapalapa México o las iniciativas de acción social en las comunas de Medellín han demostrado que la participación ciudadana es clave para transformar territorios tomados por el crimen.

Sin embargo, en Ecuador, el miedo ha generado resistencia a involucrarse en comparación a otros países en la región. Si no logramos mejorar nuestra situación de seguridad, gran parte de la responsabilidad recaerá en la indiferencia de la sociedad ecuatoriana, más allá de las acciones del gobierno o de la cooperación internacional.