Columnista invitada
El Estado Mafioso

Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
Actualizada:
El crimen organizado, a pesar de compartir un modus operandi similar a escala global, exhibe particularidades que responden tanto a las características de los países como a las dinámicas sociales en los que se desarrollan. Estos grupos evolucionan según el tipo de Estado, el nivel de corrupción, la estructura gubernamental y la eficacia administrativa.
Por esta razón, las exportaciones de modelos de lucha contra el crimen organizado, como los provenientes de Europa o Estados Unidos, han fracasado en países como México y Colombia. Estos enfoques a menudo no consideran adecuadamente los lazos profundos entre el crimen organizado y las estructuras políticas y financieras locales. Para que el crimen organizado tenga influencia en un país, es imprescindible una relación corrupta que involucre al Estado, al gobierno y, en muchos casos, a la sociedad misma.
El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, acertadamente señala en varias entrevistas que los responsables de la muerte de los cuatro jóvenes en las Malvinas fueron “la mafia”. Asimismo, al referirse a la creciente violencia en Ecuador, siempre hace hincapié en que los culpables son “las mafias”.
Cuando hablamos de mafias, nos referimos a grupos de crimen organizado que, al igual que parásitos, se integran en las comunidades locales creando una simbiosis de identidad. La mafia no es solo una agrupación de individuos marginalizados, sino también de personas eficaces provenientes de diversos estratos sociales altos, con distintos saberes y habilidades.
Durante los años 70, en el apogeo del poder de la Camorra, uno de los grupos criminales más prominentes de Italia, se estimaba que contaba con más de 70,000 miembros, muchos de ellos pertenecientes a la clase media del sur del país. La Camorra era dueña de empresas privadas y de atractivos turísticos en la región. Erróneamente, las comunidades locales llegaban a ver al crimen organizado como un motor de dinamización económica.
Cuando se habla de “La Mafia” se debe señalar a Moisés Naím, que menciona “Los Estados mafiosos no solo dependen del crimen para avanzar en objetivos específicos de política exterior. En un Estado mafioso, altos funcionarios del gobierno se convierten en actores fundamentales, si no en los líderes de empresas criminales, y la defensa y promoción de los negocios de estas empresas se convierten en prioridades oficiales. El interés nacional y los intereses del crimen organizado están inextricablemente entrelazados”.
Esta reflexión es particularmente pertinente para entender la realidad de Ecuador, donde los grupos de delincuencia organizada no tienen que esconder sus actividades ilícitas ni pasar desapercibidos; más bien, las exhiben abiertamente. En el país, es evidente para la comunidad quién está involucrado en el lavado de activos o quién pertenece a un grupo criminal. Sin embargo, la ciudadanía a menudo prefiere permanecer en silencio, ya sea por miedo a las represalias debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado, o incluso porque, en algunos casos, aplauden las actividades ilícitas.
Ecuador, en su realidad actual, se configura como un Estado mafioso. A pesar de los esfuerzos legislativos y las herramientas legales que el país ha implementado, como la Ley de Extinción de Dominio y el estado de emergencia por el conflicto armado interno, la respuesta estatal al crimen organizado es insuficiente. Hasta la fecha, se han reportado alrededor de 30.000 actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos, pero solo se han iniciado 24 procesos judiciales al respecto.
Este fenómeno no es casual. El crimen organizado sigue siendo una opción atractiva para muchos jóvenes que, atrapados en la desesperanza de su contexto social, ven en él la única salida a la pobreza y la violencia. Al mismo tiempo, grupos con poder político y económico también encuentran en el crimen organizado una forma de fortalecer su influencia.
A pesar de contar con las herramientas necesarias para erradicar el lavado de activos y desmantelar las redes criminales, tanto el gobierno como la ciudadanía prefieren hacer la vista gorda. Este es un Estado consciente de su debilidad, que se ha resignado a la complicidad.
En este sentido, Ecuador está a años luz de la firmeza que los italianos demostraron en las décadas de los 80 y 90, cuando figuras como Giovanni Falcone, que se convirtió en mártir en la lucha contra la mafia, encabezaron una batalla incansable desde el sistema judicial. Italia, en esos años, supo decir "basta a la mafia", algo que, lamentablemente, Ecuador aún no ha logrado ni parece dispuesto a hacer.
Cuando hay un Estado Mafioso, esto es debido a que está suficientemente corrompido, la cooperación internacional se vuelve ineficaz. Por esto el primer paso, tanto como nación como individuos, es generar un repudio rotundo contra esta mafia por parte de la sociedad civil. Solo entonces, las normativas y las políticas públicas podrán generar los resultados esperados.
De lo contrario, Ecuador seguirá siendo el principal punto de salida del 70% de la cocaina que se consume a escala global, y continuará enfrentando la dolorosa realidad de ver a más niños asesinados por las mafias. Ese es el espejo en el que nos seguimos mirando, sin querer reconocer que la lucha no solo es contra el crimen, sino contra la corrupción que lo sostiene.