Logrando capacidad instalada en América Latina: El crimen organizado y el Estado criminal

Desde 2007, el crimen organizado transnacional (COT) ha crecido de manera sostenida en América Latina y el Caribe, consolidándose como una fuerza dominante en un entorno marcado por la violencia y la macrocriminalidad. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de la convergencia de múltiples actores y estructuras que operan en la sombra. En 2023, Ecuador cerró con una alarmante tasa de homicidios de 47,25 por cada 100.000 habitantes, registrando 8.004 muertes violentas, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). Estas cifras han convertido al país en un "Wall Street" del crimen ilícito a escala internacional, un título que refleja no solo la magnitud del problema, sino también la complejidad de sus raíces.

En Quito, se lideró una iniciativa pionera, gestionada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Ecuador (PADF), con fondos de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Esa iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la capacidad institucional frente al crimen organizado, creando el primer Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), una plataforma enfocada en el análisis detallado de las cadenas de valor de los mercados ilícitos. Este proyecto innovador busca desentrañar las dinámicas subyacentes de fenómenos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la minería ilegal, entre otros.

La asistencia técnica que brinda PADF en la región, se centra en comprender las microestructuras del crimen organizado, que suelen operar mediante la compartimentalización de actividades y la colusión con actores de los sectores público y privado. Esta fragmentación les permite operar de manera altamente efectiva y rentable, al tiempo que evaden respuestas institucionales, las cuales suelen ser reactivas y superficiales. Según Andrés Ormaza, actual director del Proyecto de Creación de Capacidades del Sector Judicial (CTOC+) en Panamá, la clave para contrarrestar estas dinámicas radica en generar informes de caracterización que identifiquen patrones delictivos y asimetrías críticas. Estos informes son esenciales para diseñar una respuesta institucional efectiva e innovadora, que trascienda el modelo funcionalista tradicional del Estado.

El proyecto CTOC+ en Panamá ha replicado las lecciones aprendidas en Ecuador, poniendo énfasis en la capacitación de operadores jurídicos fuera de las capitales. Esta descentralización resulta crucial en países de la región, donde las dinámicas criminales varían significativamente según el territorio. En Ecuador, se detectó la necesidad de realizar análisis más profundos y localizados para territorializar el crimen.

Observatorios como el OECO han demostrado que solo a través de la creación de instituciones especializadas o think tanks, con una inversión robusta en personal y recursos, es posible generar interpretaciones precisas sobre las dinámicas del crimen organizado. Además, la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional (COT) no puede basarse en generalizaciones simplistas. Estas resultan peligrosas al momento de diseñar políticas públicas específicas que busquen fortalecer la resiliencia estatal frente a los actores criminales.

Ormaza enfatiza que no existe un sobrediagnóstico del crimen organizado. Por el contrario, abordar fenómenos como el narcotráfico requiere un entendimiento minucioso de sus múltiples variables. Ecuador, por ejemplo, no pasó de ser una "Isla de Paz" al caos actual por casualidad. La hipótesis de que el COT en el país es co-constitutivo con sus estructuras políticas y sociales revela un periodo de macrocriminalidad silenciosa desde hace 20 años, en el que la ausencia de homicidios no significaba paz, sino control criminal encubierto. Entre menos ruido se haga, más conviene a los involucrados, en especial aquellos que tienen interacciones público- privadas.

Según Ormaza, en América Latina, la tendencia a centralizar recursos y formación en las capitales genera un efecto burbuja que ignora las dinámicas particulares de zonas fronterizas, costeras o selváticas. Este enfoque generalizado impide formular las preguntas adecuadas y trazar líneas de análisis claras que permitan identificar los eslabones clave de las tipologías delictivas. Uno de esos eslabones críticos es la impunidad económica: desde México hasta el Cono Sur, el decomiso de patrimonio ilícito es prácticamente nulo, lo que permite que las estructuras criminales sigan lucrando mientras sacrifican piezas menores.

En este contexto, los proyectos como el OECO en Ecuador y el CTOC+ en Panamá destacan por su ambición de mapear el crimen organizado de manera continua, reconociendo su diversidad y capacidad de adaptación. Conceptos como "gobernanza criminal" o "dinamización de la criminalidad" subrayan la versatilidad de los grupos delictivos, que operan en un estado constante de innovación. Paradójicamente, los Estados de la región carecen de esta capacidad de innovación y, en muchos casos, temen el cambio.

Para enfrentar este desafío, se requiere una transformación estructural que no solo diagnostique con precisión, sino que también fomente respuestas adaptativas e integrales. La lucha contra el crimen organizado no puede depender únicamente del esfuerzo aislado del Estado, pero requiere de observatorios y proyectos pioneros que entiendan la mente criminal y sus interacciones; esto debe convertirse en una prioridad para los Estados para generar una real capacidad instalada. Si no se abordan las causas estructurales del problema, la macrocriminalidad seguirá evolucionando, dejando a las instituciones estatales siempre un paso atrás.