La bandera política de la seguridad en el Ecuador

Desde enero de 2024, Ecuador adoptó una estrategia hipermilitarista para enfrentar al crimen organizado, invirtiendo fuertemente en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este enfoque priorizó la participación activa de estas entidades no solo en operaciones tácticas contra los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), sino también en la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, esta apuesta por la militarización, más que una solución estructural, parece ser una respuesta reactiva y superficial a un problema profundo.

La hipermilitarización en Ecuador y en la región responde a un problema cultural arraigado en el caudillismo y en el legado de las dictaduras militares. Esta tendencia no aborda las raíces del crimen organizado ni fortalece las instituciones civiles

En términos presupuestarios, la proforma del Estado ecuatoriano para 2024 era inicialmente de USD 35.536 millones y, para junio, aumentó ligeramente a USD 35.835 millones. Del presupuesto inicial, más de USD 1.600 millones se asignaron al sector de Defensa, de los cuales un alarmante 91,5% se destinó exclusivamente a sueldos y salarios. En tanto, al gabinete sectorial de seguridad se le asignaron USD 3.519 millones, distribuidos entre 14 entidades, incluida la Policía Nacional. Sin embargo, pese al aumento del IVA al 15%, el incremento real para estas entidades fue mínimo, reflejando la desconexión entre el discurso de seguridad y las inversiones estratégicas requeridas.

En el contexto del proceso electoral de 2025, la seguridad se ha convertido lamentablemente en un tema central de campaña, con políticos que, en muchos casos, carecen de formación en el combate o prevención del crimen organizado. Sin embargo, la seguridad no debería ser únicamente responsabilidad de las fuerzas del orden, sino un esfuerzo compartido que involucre también a la sociedad civil y la academia, esta visión está fallando.

Es preocupante que la seguridad en Ecuador se utilice como una bandera política, ya que esta instrumentalización puede tener implicaciones peligrosas para la sostenibilidad de las políticas públicas y el fortalecimiento institucional en el país.

Según Carlos Bravo Grijalva, consultor internacional y miembro de la Red de Expertos de GI-TOC en Ecuador, la politización de la seguridad, específicamente en el abordaje del Crimen Organizado Internacional COT y la atomización de las bandas delictivas, constituyen problemas igualmente graves para el año 2025. Politizar un tema estratégico puede ser altamente contraproducente, ya que no se aborda el fenómeno del COT desde un ámbito técnico. Esto fomenta más violencia y facilita una corrupción que fortalece la influencia del crimen organizado en la economía informal, en la cadena de valor del crimen organizado. Louise Shelley, en su artículo 'La Trinidad No Santa', menciona que la causa principal de los vacíos estatales es la corrupción endémica, que no es propiamente atendida cuando se habla de políticas públicas para minimizar la influencia de grupos criminales.

Para lograr un cambio significativo, es crucial abordar las causas que llevaron al fracaso de la guerra contra las drogas en México. Entre estas, destaca la falta de integración de la sociedad civil y el ámbito académico como pilares fundamentales en las estrategias para combatir eficazmente el crimen organizado. Esta lección no ha sido tomada en consideración para la estrategia de seguridad en Ecuador. El abandono de la sociedad civil en iniciativas de prevención activa del delito como en el fortalecimiento de la resiliencia estatal frente a fenómenos adversos ha acelerado el avance del crimen organizado en Ecuador en menos de una década.

El enfoque actual de Ecuador se limita a la contención de los grupos criminales, dejando de lado las etapas más críticas: la prevención y, por defecto, la reducción del Crimen Organizado Transnacional (COT). El país para Bravo Grijalva no está atendiendo los crímenes que representan una amenaza creciente para 2025, ya que prioriza un enfoque reactivo en lugar de uno estratégico.

El tráfico de armas, por ejemplo, constituye una amenaza potente para Ecuador, especialmente porque el país no produce ilegalmente armas industriales. Esto permite que tanto bandas locales como internacionales introduzcan armas ilícitas al país para abastecer a los Grupos Delictivos Organizados (GDO). Bravo Grijalva señala que actores internacionales, como organizaciones albanesas, están directamente involucrados no solo en el tráfico de drogas, sino también en el de armas. Este es un tema que, según el experto, debe abordarse con urgencia.

En el ámbito del gabinete de seguridad, parece haber un mayor interés por lo que sale de Ecuador que por lo que ingresa al territorio nacional. Debido a que no es mediático ni prioritario para la política nacional ni para los ciudadanos. Por ejemplo, en los puertos concesionados, la atención se centra principalmente en las exportaciones, mientras que las importaciones pasan desapercibidas. Esta actitud, para Bravo Grijalva responde en parte a que la cooperación internacional tampoco prioriza lo que ingresa al país, sino lo que podría llegar al América del Norte y Europa. En este sentido, existe un interés por convertir a Ecuador en una zona de amortiguamiento para contener el avance del COT a fronteras internacionales.

Por otro lado, no se considera la falta de institucionalidad del Estado en general. Se ha depositado toda la responsabilidad en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, instituciones que enfrentan problemas estructurales complejos y carecen de transparencia. De acuerdo con Bravo Grijalva, esta falta de institucionalidad tiene consecuencias evidentes: a pesar de contar con herramientas legales como la Ley de Extinción de Dominio y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR) para combatir el lavado de activos, no se han logrado sentencias que las utilicen efectivamente. Hasta ahora, no se han decomisado patrimonios ilícitos que puedan ser redirigidos hacia un uso social, directo o indirecto, lo que demuestra que estas herramientas, pese a las reformas judiciales, siguen siendo inoperantes.

Finalmente, Bravo, junto con la comunidad de expertos en materia crimen organizado, con trayectorias en los sectores privado, público y académico, destacan un problema en común: ahora, cualquier político o persona con formación en disciplinas ajenas se presenta como "experto en seguridad". Esta falta de conocimiento técnico especializado, sumada a la ausencia de verdaderos expertos locales con "know-how," es una de las principales razones por las que las estrategias de seguridad no se diseñan en beneficio de los ciudadanos, sino a beneficios electorales.