Vara a la medida

Si Lavinia Valbonesi va a misa con su esposo, el Presidente de la República, bravo, ¡qué mujer devota y apegada a Dios! Si Luisa González, candidata presidencial, ora en un templo, terrible, ¡qué fanática! O a la inversa.

Si este gobierno retira la visa a una periodista — Alondra Santiago—, sus fanáticos aplauden. Bravo, dicen, bien hecho. Y sueltan un hilo de insultos de tinte misógino y xenófobo. Esos aplausos eran abucheos de los mismos, hace unos años, cuando otro gobierno hizo lo mismo con una activista —Manuela Picq— tras una protesta social.

• Periodismo en agonía

Si hoy se usan los medios en manos del estado para reforzar narrativas del oficialismo y la pauta para condicionar a los medios un servilismo incompatible con su función, que está bien, que no se puede dar dinero para que “le den palo” al gobierno, dice incluso una funcionaria, celebrada por quienes, años atrás, se escandalizaban ante una práctica similar.

La vara, a la medida, pues. A la medida del afecto o desafecto que se tenga por el gobernante en cuestión. O por su opositor.

Y claro que hay matices y contextos en cada caso. Y se pueden discutir, profundizar, analizar, pero lo esencial debería permanecer. ¿Qué significa eso? Que en un estado laico, cada persona es libre de profesar la religión que considere, pero esta no debe ni interferir en el ejercicio del poder.

Que usar toda la fuerza del estado para arremeter contra una ciudadana —sea periodista, activista o cualquier otra cosa— está mal porque en una democracia hasta las opiniones odiosas o altisonantes tienen cabida. Que chantajear con el uso de fondos públicos a los medios para sostener narrativas oficiales no es, en ningún caso, aportar a la libertad de prensa o de expresión o que usar los medios en manos del estado para convertirlos en cajas de resonancia de la propaganda oficial es una pésima idea porque terminarán al servicio de quien se siente en Carondelet y podrá ser utilizado en contra de la oposición y las voces disidentes.

• Primera Dama, ¿para qué?

En una democracia sólida, quienes gobiernan toman decisiones que la fortalecen, incluso cuando éstas no son las más populares ni las más convenientes; ponen a las instituciones por encima de sus intereses partidistas o personales y los ciudadanos, van a la par de esa lógica y entienden que el pensamiento crítico también construye una relación saludable entre el poder y los ciudadanos.

Así también debería ser en Ecuador. Pero no es. Aquí, el discurso se acomoda al gusto de la fanaticada de quien gobierna. Con distinta vara se mide: si el que la hace, me cae bien; aplausos y malabares retóricos para justificarlo. Si me cae mal, a la hoguera.

Los gobernantes deberían recordar permanentemente que su poder es efímero y que, tarde o temprano, se quedarán sin él. Sentados desde Carondelet, ¿no les convendría entonces tratar a sus oponentes del mismo modo en que quisieran ser tratados cuando ya no tengan el respaldo del cargo que ostentan hoy?

Si no es por convicción democrática, al menos, por supervivencia del quehacer político. ¿O estaremos de tumbo en tumbo, asistiendo al péndulo del poder en el que los perseguidos después se convierten en perseguidores, y así, en un loop eterno?

El rol de los ciudadanos es contribuir a salir de ese péndulo. Medir con la misma vara al que agrada y desagrada; por ejemplo, no aplaudir el uso del Estado para aplastar a los contrincantes, reclamar el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, rechazar el uso de epítetos calumniosos o denigrantes.

• ¿A quién le importa un muerto más?

Vote por quien quiera, estimado lector, pero tenga un espíritu crítico con quien gane; sobre todo en un país hiperpresidencialista, en donde ocupar el sillón de Carondelet significa tener mucho poder. 

En un país desinstitucionalizado, además, ese rol viene con la posibilidad de cooptar otros poderes del Estado: la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral y eso, en ningún caso, contribuye a un mejor país. Ni siquiera si quien lo hace, es el político de su preferencia porque mañana, cuando llegue el que no gusta, las bases del abuso estarán sentadas. Y todo, con su beneplácito, querido ciudadano.