Primera Dama, ¿para qué?

Lavinia Valbonesi, la esposa del primer mandatario Daniel Noboa, ha sido una figura clave para el impulso de la imagen presidencial. Su plataforma digital, creada antes de que Noboa llegue al cargo, era un punto de partida interesante para la primera dama, una figura que, en Ecuador, no existe desde 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa eliminó el rol que, hasta ese momento, estaba destinado para la esposa de quien ocupara la Presidencia de la República.

Tres presidentes más han ocupado el sillón de Carondelet desde entonces y ninguno ha revivido un cargo formal con funciones específicas o presupuesto determinado para que la esposa del presidente ejerza funciones en el gobierno.

A pesar de ello, Valbonesi ha presentado programas del gobierno; entrengado kits, se ha reunido con autoridades nacionales e internacionales, y todo ha sido documentado en su cuenta de Instagram. En marzo de 2024, por ejemplo, presentó su despacho en esa red, un espacio dentro del Palacio de Carondelet.

Ese mes, ante una solicitud de este medio, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia dijo, sin embargo, que, como Valbonesi no es funcionaria, no tienen información sobre cómo y con quién realiza su trabajo. Es decir, ¿tiene despacho en Carondelet, participa en actos gubernamentales, usa como plataforma el gobierno de su esposo para alimentar sus redes sociales y su imagen pública, pero a la vez no existe información de con qué fondos lo hace?

Ese doble rasero es el que preocupa. Si es que Valbonesi no es una funcionaria —y, por lo tanto, no puede usar recursos públicos—, tampoco debería poder asistir a eventos gubernamentales, reunirse con la entonces primera dama de Estados Unidos, Jill Biden pues si su esposo no fuera el Presidente de la República, difícilmente Valbonesi podría estar ocupando esos espacios de poder sin ninguna obligación de rendir cuentas.

Y ahí está lo esencial de este debate, ¿Ecuador quiere una Primera Dama? Porque si es así, lo más transparente sería crear el cargo y establecer cuáles son sus derechos y obligaciones. Una de ellas, por ejemplo, rendir cuentas ante la Asamblea Nacional sobre qué recursos se usan y cómo se administran.

Podrán decir que muchas de sus presentaciones públicas no implican recursos económicos y son donaciones de organismos internacionales o empresas privadas, como el caso de los medicamentos contra el cáncer infantil que, según el ministerio de Salud, fueron donados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hace entonces la Primera Dama en un evento que nada tiene que ver con ella? ¿No es eso un abuso del aparataje estatal para potenciar su propia imagen sin que de por medio haya obligación alguna de rendir cuentas?

Aparecer para la foto no es un trabajo en sí. Al menos, no cuando de por medio hay recursos públicos, pues los recursos no solamente son el dinero que puede requerir la creación e implementación de un proyecto, la donación de medicamentos o la entrega de una casa. Los recursos también son las oficinas de Carondelet, el personal de las instituciones del estado, la seguridad que incluye a policías y militares, el uso del avión presidencial y el aparato mediático que puede tener interés en la figura de Valbonesi.

A todo eso tiene acceso, no por ser una influencer, si no por estar casada con el primer mandatario: son las ventajas que le ofrece el poder político que ostenta su esposo, sin el cual, sus accesos serían diferentes. Y está claro que al casarse con Noboa, Valbonesi entró a formar parte de una de las familias más millonarias del Ecuador, por lo tanto, este no es un asunto de acceso económico, es un asunto de acceso político.

El poder económico tiene un límite que se traspasa cuando además de la capacidad económica gigantesca, se ostenta también la jefatura de un estado. No es lo mismo ser la esposa de un millonario ecuatoriano a ser la esposa del presidente de una nación. Y allí radica la necesidad de escrutinio público sobre los actores que usan esa palestra política, como es el caso de Valbonesi.

Si quiere ser imagen del gobierno, inaugurar programas, entregar medicinas y reunirse con funcionarios; todo esto, muchas veces, con gran cobertura mediática, debería aceptar también la rendición de cuentas, pero claro, esa es la parte menos glamorosa del poder. Cuando hay que ir a la Asamblea Nacional a explicar el opaco caso Olón —que involucró a la empresa Vinazin S.A., del que Valbonesi constaba como accionista principal— o cualquier otro asunto de interés público, ya no parece tan atractivo el cargo.

Esto ya pasó en los períodos anteriores. Durante la breve presidencia de Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcívar, su esposa, también ejerció un confuso rol: en reuniones con funcionarios, lanzamientos de proyectos o incluso entrega de kits

No se trata de que las esposas de los presidentes no tengan opiniones o espacios de participación en la vida pública; como todos los ciudadanos, tienen derecho a hacerlo. El problema radica cuando esa participación tiene condiciones privilegiadas sin ninguna rendición de cuentas.

Así como Valbonesi no rindió cuenta en la Asamblea Nacional por el proyecto inmobiliario en Olón que la involucran, Alcívar tampoco lo hizo cuando en octubre de 2021 fue llamada al Legislativo para dar explicaciones sobre los Pandora Papers, una investigación periodística que evidenció el vínculo que Lasso mantenía con 14 entidades offshore.

Y el problema es ese. Si las parejas de los gobernantes quieren ocupar un espacio en la palestra pública como extensión al cargo por el que sus esposos fueron elegidos democráticamente, tienen que aceptar también las obligaciones como rendir cuentas y ser objeto de escrutinio público; sin ellas, el cargo no es más que un privilegio adicional que les sirve para alimentar su imagen y sus futuras aspiraciones profesionales o políticas.