Ojo a la Asamblea Nacional

En la euforia de la carrera presidencial, el foco de atención suelen llevarse ellos, los aspirantes a gobernar desde Carondelet. Sin embargo, en las elecciones del próximo mes también se elegirán 151 asambleístas y la carrera es apretada; solo entre los aspirantes nacionales hay 216 candidatos; a eso hay que sumar aquellos que se postulan en las provincias.

De esos, seguramente veremos varios cambios de camiseta, práctica usual ante la falta de estructuras partidistas en el país. En este período vimos algunos ejemplos: Ferdinand Álvarez, Nathaly Morillo y Lucía Jaramillo dejaron, respectivamente, la Revolución Ciudadana, Construye y el Partido Social Cristiano, para integrarse al oficialismo, que los respaldará para buscar que los elijan nuevamente, como lo recoje un informe del Observatorio Legislativo.

Hay otros casos como Sofía Sánchez y Gisella Molina, que desde 2021 han usado tres camisetas políticas diferentes: en 2021, llegaron con Pachakutik; en 2023 con Construye y hoy corren por el Partido Social Cristiano.

El voto para asambleístas, en Ecuador, en favor de un partido o movimiento político específico, no se vota uno por uno a los candidatos y sin embargo, luego de ser electos, los postulantes se cambian de partido para ejercer su cargo con una organización que no fue la que les eligió sino la que más les conviene, no pasa nada.

En este período, la propia Asamblea intentó crear una normativa a través de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada en diciembre pasado pero vetada totalmente por el Presidente Daniel Noboa.

Pero ese no es el único problema. En los últimos años el Legislativo no ha estado exento de casos de corrupción. Uno de los más escandalosos involucró al ex legislador socialcristiano Pablo Muentes, procesado dentro del caso Purga y considerado por la Fiscalía como líder de una organización criminal junto a la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo.

¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en que un legislador haga su trabajo con transparencia si está vinculado a delitos graves que, además, se descubren posterior a su período? Eso puede significar que ejercen sus funciones, son funcionales al crimen; todo, mientras reciben fondos públicos. El riesgo es que los ciudadanos voten a ciegas, sin conocer los intereses que puede haber detrás de los candidatos que eligen.

Por supuesto que ese riesgo está en todas las instituciones del Estado, la Asamblea es solamente una más y aunque muchas veces es el blanco de críticas y cuestionamientos — no por falta de razón— es una función necesaria en una democracia.

Hay un posible escenario, en el que Anabella Azín, madre del presidente Noboa, llegue a la Asamblea Nacional, y él sea Presidente de la República. ¿Cómo los ciudadanos pueden confiar en que una legisladora que tiene entre sus funciones principales fiscalizar al Ejecutivo, fiscalice a su propio hijo?

En un contexto de crimen organizado, la Asamblea también tiene un rol fundamental. No se trata solamente de contabilizar el número de leyes que se promulgan, sino también su real efectividad.

El papel no basta. La Ley no basta si es que no hay intención política y legal de aplicarla. No sirve de nada promulgar una Ley « No más Apagones » si es que no existe una política pública específica y acciones concretas para garantizar que haya electricidad. Por eso, de poco o nada sirve que proliferen candidatos que ofrecen pena de muerte —lo cual, además, es inconstitucional— o endurecimiento de penas para ciertos delitos, por ejemplo, si es que ni siquiera se aplica el marco legal ya existente.

En un país polarizado, lleno de odio y violencia, es difícil no sucumbir en ese círculo: cuando los noticieros reportan niños secuestrados y asesinados; cuando los desaparecidos se cuentan por miles; cuando el poder le da la espalda a sus ciudadanos para llenar el TikTok de imágenes banales, parece que la única salida es más violencia. Pero no lo es.

Algo de esperanza tiene que quedar en los ciudadanos para ir a votar y luego, exigirle al gobernante y los legisladores que sean los primeros en cumplir la Ley y la Constitución.

Los ciudadanos no pueden conformarse con el mínimo, no pueden justificar los abusos, los excesos, la falta de transparencia y el mal uso del poder; y en campaña, no pueden desentenderse de las candidaturas y las propuestas, pues el escrutinio público es parte de la construcción de la democracia. Y de ella, dependemos todos.