Caos institucional

El más reciente episodio en la frágil institucionalidad ecuatoriana vuelve a poner en el foco de atención al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras la disputa por la designación del superintendente de Bancos. Y aunque es tentador echarle la culpa a un organismo que nació cuestionado, hay que mirar el panorama completo. 

El enredo se inicia en julio de 2022, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso propuso a Roberto Gonzalez como cabeza de la terna para ocupar ese puesto y la mayoría del CPCCS lo eligió. Hasta ahí, todo seguía su curso pero antes de que la Asamblea Nacional le posesione, Lasso se arrepintió —e incluso se revelaron audios de la supuesta injerencia de su gobierno para que Gonzalez renuncie a la candidatura— y convenientemente, una ciudadana interpuso una acción de protección para evitar que Gonzalez se posesione.

Empezó entonces una interminable batalla que se ventiló en la justicia hasta que llegó a la Corte Constitucional en mayo de 2023. Apenas unos meses antes, en marzo, y en medio de una disputa de fuerzas políticas por el control del CPCCS, una mayoría liderada por la entonces presidenta de la entidad, Gina Aguilar, terminó anulando varias decisiones del organismo, incluido el nombramiento de Raúl González.

El arrepentido presidente Guillermo Lasso ya había aprovechado el caos institucional para presentar una nueva terna que resultó con el nombramiento de Roberto Romero Von Buchwald —su nuevo candidato— en diciembre de 2022, mientras la justicia aún ventilaba el destino de González.

Mientras el CPCCS ventilaba más y más pugnas internas —como usualmente ocurre en ese organismo— el tiempo transcurrió sin que la Asamblea Nacional oficializara a Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos. En el camino, éste desistió del nombramiento, Lasso disolvió al Legislativo y dejó el gobierno anticipadamente, la conformación del CPCCS se modificó —y con ello, las mayorías— y Daniel Noboa llegó al poder.

En un nuevo intento, el flamante presidente envió su terna, encabezada nuevamente por Romero Von Buchwald, y en mayo de 2024, el CPCCS, con una mayoría distinta a la que lo había nombrado un año antes, lo designó frente al cargo, por segunda vez.

Sin embargo, en una historia de no acabar, pasaron los meses y Romero no fue posesionado por la Asamblea Nacional. Así, llegó diciembre de 2024, cuando finalmente más de un año y medio después, la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso de González, quien, para ese momento, ya estaba en el olvido.

Que sí hubo vulneración de derechos, dijo la alta corte, pero que eso no anula la designación de Romero frente a la Superintendencia de Bancos. Así, más o menos: hay una violación de derechos pero allá ustedes y sus problemas, lo hecho hecho está.

¿De qué sirve tener un organismo constitucional que es capaz de reconocer que se han pisoteado derechos pero es incapaz de plantear cómo repararlos? De nada. El pronunciamiento servirá para tenerlo en un papel y guardarlo de recuerdo para cuando queramos hablar de la fragilidad institucional en el país.

Esta decisión tardía de la Corte Constitucional evidencia lo que pasa cuando la justicia se imparte a destiempo: caos.

El efecto inmediato fue que el CPCCS interpretó el fallo de la Corte a su antojo y dio marcha atrás en el nombramiento de Romero, desatendiendo el fallo constitucional. Con el voto de cuatro vocales Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco se ratificó la designación de González. Adiós Romero. O eso pensaron.

Dos días después, en un acto absurdo solamente posible en un país con instituciones tan frágiles, hubo un allanamiento a las oficinas del CPCCS, como parte de una investigación por presunta simulación y usurpación de funciones públicas en el interior de la entidad.

Ante la seria amenaza de que los cuatro consejeros sean destituidos por desobedecer el fallo de la CC, menos de una semana después de haber ratificado a González, los mismos consejeros dieron de baja esa decisión y ratificaron a Romero.

Todo esto, ocurrido en un lapso de casi tres años, nos arroja a la cara una realidad indiscutible: cuando las instituciones actúan tarde, los vacíos no esperan, al contrario, son ocupados por los conflictos, las pugnas políticas y la incertidumbre. Si la Corte Constitucional hubiese actuado de forma célere quizás el asunto no hubiese llegado tan lejos.

Hay, además, otras responsabilidades: el presidente Lasso que envió la terna y luego se arrepintió; la inestabilidad del CPCCS, dedicado constantemente a arrancharse el poder, desatendiendo lo urgente y lo importante; la Fiscalía, sobre la que no podemos menos que ser suspicaces al ver que, cuando del CPCCS se trata, considera necesaria una investigación por presunta usurpación de funciones, pero se hace de la vista gorda cuando esto mismo podría estar ocurriendo en otra institución.

¿O ya nos olvidamos que, contra toda norma constitucional y legal, tenemos a Cynthia Gellibert, una vicepresidenta nombrada por decreto presidencial, que cada tanto, le dedica unas horas a reemplazar al candidato presidente en sus funciones frente al mando del país?

Pero allí, la Fiscalía no se acelera.

Y la Corte Constitucional tampoco. ¿Será que está esperando que pasen dos años para decir que sí se vulneraron derechos pero ya ni modo?

Este solo es un retazo del panorama completo del caos institucional. Tenemos un CPCCS cuya legitimidad está en duda, pues el Tribunal Contencioso Electoral debe resolver una causa que podría terminar con la destitución de varios consejeros por haber hecho campaña con el respaldo del expresidente Rafael Correa, a pesar de estar prohibido.

¿Fueron los únicos que lo hicieron? No. Al CPCCS lo han alcanzado los tentáculos de varios partidos y movimientos políticos desde su nacimiento. Hernán Ulloa, por ejemplo, había sido candidato por CREO antes de ser consejero en la entidad; lo mismo que David Rosero, por el extinto Movimiento Popular Democrático. O Sofía Almeida, a quien Jaime Nebot apoyó abiertamente durante las elecciones del CPCCS.

Tenemos un TCE que tampoco está exento de cuestionamientos por la forma en que se dio de baja la candidatura a la Presidencia de la República de Jan Topic y un Consejo de la Judicatura, que a partir del jueves 30 de enero de 2025 está prorrogado en sus funciones porque el CPCCS no inicia el concurso para su renovación.

No hay que olvidar que, aunque las fichas se han movido, este es el Consejo de la Judicatura que tuvo como presidente a Wilman Terán —sentenciado a nueve años de prisión por delincuencia organizada en el caso Metástasis— y como vocal a Maribel Barreno, con quien Terán comparte otra sentencia a nueve años de prisión por el caso conocido como Independencia Judicial. Xavier Muñoz, otro de los vocales, se declaró culpable de obstrucción a la justicia, se acogió a la cooperación eficaz y terminó cumpliendo una irrisoria sentencia de nueve meses de prisión.

Difícilmente se puede otorgar legitimidad a entidades sobre cuyos miembros pesan dudas, sentencias y señalamientos tan graves. Lastimosamente, este es el reflejo de un país atrapado en su propio laberinto de indiferencia ante los abusos y desprecio por la ley que, sumado a la ausencia de instituciones sólidas, parece mostrarnos cómo, lentamente, se desangra la democracia.