María Sol Borja

El problema con Alondra es la ejemplificación del problema que los poderes tienen con el ejercicio de la libertad de expresión.

Daniel Noboa es el Presidente de la República y todos lo sabemos. Todos, menos él. Da la impresión que no termina de dimensionar lo que significa.

El poder político desde Carondelet puede convertirse en una máquina que tritura todo lo que no se adhiere a su verdad oficial.

Que el presidente nos caiga bien o mal es indiferente; una democracia sólida sabe que buena parte se sostiene por el ejercicio del escrutinio público.

Lo nefasto es que políticos como Noboa —que está lejos de ser la excepción— consideren que se puede hacer política y gobernar un país improvisando.

¿El Estado está deteniendo a quien debe detener o es una pantalla distractora para justificar una política ineficaz y de pocos resultados?

Es legítimo que tengamos dudas sobre cómo el ejercicio del poder público puede también ser utilizado para beneficio de asuntos privados.

Es indolente pensar que los ciudadanos que cuestionan las acciones de los funcionarios tienen como objetivo en su vida “dañar la imagen” del gobierno.

Un estado que aplaude al periodismo complaciente pone en riesgo los valores democráticos y que, además, está dispuesto a usar el chantaje de la pauta.

Queremos creer que la corrupción era asunto de un gobierno y creamos una narrativa: los de ese gobierno son malos, los de cualquier otro son buenos.