María Sol Borja

En un país de fáciles caudillismos y retóricas simplificadas, el Ejecutivo suele buscar una acumulación de poder que le permita gobernar sin la incomodidad de las otras instituciones democráticas.

Bajo la lógica del “ismo” —correísmo, anticorreísmo, oficialismo, indigenismo, empresarismo— todo exceso se vuelve legítimo si se comete en nombre del bando correcto.

La democracia no se construye sobre épicas o amenazas de no retroceder, sino sobre equilibrios incómodos, diálogos tensos y acuerdos necesarios.

Cuando un poder se siente fuerte y actúa sin reconocer legitimidad al otro —a las comunidades, a los transportistas, a la ciudadanía afectada— pierde justamente eso que más necesita: legitimidad.

Si el gobierno concede beneficios, si protege contratos que drenan cientos de millones del erario público, entonces los sindicatos responden con apoyo político, con marchas multitudinarias

Parte del oficialismo actúa como si la Asamblea fuera su feudo personal. Y lo hace sin ruborizarse. No hay un mínimo de decoro, ni siquiera la necesidad de guardar apariencias.

Mientras el país enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes, el Estado ecuatoriano parece indiferente. Los hospitales públicos se han convertido en escenarios de abandono y desesperación.

¿Quién define qué es “el interés público”? En la práctica, esta ambigüedad otorga al Ejecutivo un poder absoluto para castigar a organizaciones críticas, disfrazando el control político de defensa del bien común.

Cuando se considera que el Estado de derecho entorpece, la tentación de saltárselo deja de ser una amenaza y se convierte en política pública.

Someter a los jueces constitucionales al control de la Asamblea sería abrir la puerta a un escenario peligrosísimo: convertir el máximo tribunal de control constitucional en un órgano político