Más agresiones a Quito: concejales quieren aumentar la contaminación visual

La contaminación visual con vallas gigantes de publicidad y ahora con pantallas LED es un problema serio que Quito viene sufriendo en los últimos años, pues han proliferado ante un municipio pasivo, indolente y mustio. O, digámoslo con todas sus letras, corrompido.

El propio municipio de Quito ha determinado que en la ciudad hay 1.040 vallas y pantallas gigantes, y que, de esas, 889 son ilegales. No hace falta recalcarlo, porque usted, amable lector, se da cuenta de esta barbaridad: ¡85,6% de las vallas en Quito no cuentan con licencia!

¿Por qué? No porque cumplan la ley, seguro, sino porque la incumplen.

Porque están implantadas en lotes más pequeños que los que permite la ordenanza, porque se hallan a menor distancia de otras vallas que la señalada en la norma, porque tienen tamaños y características no permitidas. Lo que fuera.

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Lo cierto es que las firmas que las ponen, desafían a la ciudad y a sus habitantes y simplemente no les importa no obtener la licencia.

Por su proliferación, por sus efectos negativos sobre los ciudadanos, por su burla a la autoridad municipal, esas vallas deberían ser retiradas (el municipio tiene potestad para eso) o, al menos, reguladas y controladas.

“De acuerdo”, dijo el alcalde. “Regulémoslas. Hagamos una ordenanza para ello”. Y pidió a la comisión de Uso del Suelo, dominada por correístas, que prepare una ordenanza.

Esa ordenanza tuvo su primer debate el martes en el Concejo. ¿Y saben cuál es la forma en que la mayoría correísta quiere regularizarlas? ¿Retirándolas? ¡qué va! ¡Aprobando todas las vallas y pantallas que están colocadas en Quito y perdonando a las firmas que las pusieron todo lo que deben por tasas y multas acumuladas!

Eso es premiar la trampa, alentar la ilegalidad, fomentar el desprecio a las normas legales, esconder la ética. Y, por supuesto, afectar a las pocas agencias de publicidad exterior que sí cumplen la ley.

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En la sesión del martes, el alcalde dijo que ya hay acuerdos de pago de esas tasas y multas por 1,5 millones de dólares. Pero el concejal Bernardo Abad aclaró que las deudas ascienden a no menos de 20 millones de dólares, y que la ordenanza pretende que esas deudas se borren en una suerte de amnistía para deudores morosos.

Vieja práctica de ese municipio: volver legal lo ilegal. De la misma manera que “regularizaron” los taxis ilegales. De la misma manera que están “regularizando” las ventas ambulantes. De la misma manera que están atentando contra el centro histórico de Quito y el de Guápulo (de esto último, algo más al final).

Ese es el municipio que tenemos. Su atajo para “solventar la informalidad” es bendecirla y ¡abracadabra! volverla formal. No tenemos una autoridad que ponga orden, que haga respetar la ciudad y sus ciudadanos, sino uno que pacta con las mafias, en este caso las de la publicidad exterior.

Y, agárrense, no para allí, queridos lectores. La ordenanza que supuestamente quiere regularizar las vallas y pantallas (ahora llamadas simplemente “soportes de publicidad exterior”) no quiere limitar su uso sino aumentarlo, con un cupo de 1.400 y, a la vez, disminuir las exigencias de tamaño del lote, distancia, densidad, ubicación.

Y, por si eso fuera poco, ¡suprime cualquier regulación para los letreros de hasta 8 metros cuadrados, que se podrán poner en cualquier sitio sin límite alguno!

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Algo más, y esto hace notar el Cabildo Cívico de Quito: la ordenanza permite la implantación de vallas en las zonas residenciales, incluso en las residenciales de baja densidad (R1, en el sistema anterior de clasificación) (artículo 2110), cuestión que está muy restringida en la normativa vigente.

¡Imagínense vallas en las calles de La Floresta, el Quito Tenis, la República del Salvador, La Pradera, La Paz, el centro de Cumbayá, etc!

Parecería broma lo que estoy diciendo, pero no es. La “Ordenanza Metropolitana sustitutiva del Capítulo V, Título VI, Libro III.6 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito que establece el Régimen Administrativo de la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior LMU-(41)”, que, repito, tuvo su primer debate el martes, así lo consagra.

La contaminación visual es una agresión al individuo y al patrimonio y en vez de detener esa agresión, cuidar a la ciudadanía, proteger su entorno, los concejales correístas han decidido contaminar más. Para regularizar, desregulan.

Favorecen a quienes han incumplido con la norma. Y la empresa que más ha incumplido, tristemente célebre porque viene causando problemas a la municipalidad desde fines del siglo anterior, es la más favorecida por esta “regularización” indiscriminada.

Otra de las paradojas de la nueva ordenanza de publicidad exterior es que reconoce que ha habido avances tecnológicos desde que se expidió la anterior, lo cual es verdad: hoy, por ejemplo, es mucho más barato poner pantallas LED gigantes.

Pero —y ya no le causará sorpresa, estimado lector, aunque seguro que aumentará su indignación—, en vez de incorporar en la ordenanza normas más estrictas para que esas pantallas sean menos agresivas, restringir su brillo, sus efectos especiales, las distracciones que pueden contener, la ordenanza de marras permite incorporar esa tecnología, en video e incluso en audio, es decir da rienda suelta no solo a la contaminación lumínica sino a la auditiva, ambas ya excesivas en la ciudad.

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Además, permite elementos móviles y de tres dimensiones y establece mayor tolerancia para elementos que excedan los límites de las vallas, ¡es decir el reino de Jauja!, y con el mal gusto que tienen, ya podemos imaginarnos los esperpentos que harán.

A partir de esta ordenanza, cualquier valla podrá convertirse en pantalla, lo que causará mucho mayor densidad de la contaminación visual, sobre todo en las grandes vías colectoras del tráfico de la ciudad.

¿No es que el municipio quiere disminuir los accidentes de tráfico? Y entonces, ¿por qué aumenta sus causas? Es sabido que las vallas distraen a conductores, peatones y ciclistas, incrementando el riesgo de accidentes.

La contaminación visual con vallas gigantes de publicidad, sobre todo las pantallas LED, por la intensidad de su brillo y sus veloces cambios de imagen, tiene otros efectos negativos, incluso en la salud mental. La exposición constante a anuncios y publicidad —como que no tuviéramos suficiente ansiedad con la inseguridad, el desempleo y el mal rumbo de la economía— causa fatiga visual, aumenta el estrés, asedia al subconsciente, afecta el bienestar general de las personas.

En Quito, que es Patrimonio de la Humanidad, el asunto tiene otra dimensión. Su extraordinaria ubicación geográfica, su paisaje natural, su horizonte, que deberían ser cuidados con esmero, se ven degradados con la proliferación de vallas publicitarias que arruinan la ciudad.

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Al volver en 2024, después de vivir un año fuera, uno de los cambios que me llamaron la atención en Quito fue esos inmensos y horribles baldes de patas de pollo de una cadena de pollo frito, que no son vallas publicitarias sino cilindros descomunales de tres dimensiones.

Luego vi que la agencia que las ha colocado sacaba pecho por el “logro” y la supuesta “innovación” que representaban, cuando lo que debería es sentir vergüenza (ellos y sus ordenantes) por aumentar el desorden y caos visual de la ciudad.

Anuncios tan feos como esos compiten con las vistas de las montañas y nevados, únicas entre las capitales del mundo, que tiene Quito, pero también con sus monumentos, edificios históricos y otros paisajes naturales, afectando la identidad cultural y el turismo.

Oí a Andrés Vallejo Espinosa, en la transmisión por Facebook del Cabildo Cívico de Quito (a los que el alcalde les quitó el espacio que tenían en radio Municipal), señalar otra consecuencia: al desgradar el espacio público, decía, el municipio está apoyando el vaciamiento del hipercentro, contradictorio con las políticas que debería implementar.

Quito debería ser ejemplo de cuidado urbano, pero ya que hace 15 años dejó de serlo, debería copiar lo que algunas ciudades están haciendo para reducir la contaminación visual. Debería tener no ordenanzas más laxas sino regulaciones urbanísticas más estrictas para limitar el tamaño, la cantidad y la ubicación de las vallas publicitarias.

Pero voy más allá. Propongo que en vez de una ordenanza absurda y atentatoria para el patrimonio y lesiva para la ciudadanía, que se ha querido pasar de agache y sin debate público (la comisión correísta solo convocó a las firmas publicitarias, es decir hizo despensero al gato), Quito siga el ejemplo de Sao Paulo.

Sao Paulo en 2007 puso en marcha la "Ley Ciudad Limpia", que prohibió la publicidad exterior en vallas y carteles.

Esta medida tuvo un impacto significativo en su estética urbana, reduciendo la contaminación visual y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

Aunque hubo resistencia inicial por parte de la industria publicitaria —y no solo inicial, porque amigos me dicen que sigue presionando para que se flexibilice la ordenanza y se permita la reintroducción de publicidad exterior en ciertas áreas—, la medida se sostiene para la satisfacción de todos los demás.

El objetivo de una administración municipal responsable debe ser mantener la calidad de vida de los habitantes, para lo que se requiere preservar la estética urbana, el patrimonio natural y el patrimonio histórico.

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No puede ser que el municipio abandone la función de control y que sean los intereses privados los que dicten sus políticas, como ya hemos visto en otros casos, por ejemplo, el Hotel Quito o el proyecto Botánico de Cumbayá, en que solo la presión pública obligó al municipio a someter a las respectivas empresas a las leyes.

Hoy existe otro caso y ha sido el Ministerio de Cultura y Patrimonio el que ha debido insistir al municipio a que cumpla su responsabilidad administrativa en relación con la alteración de un tramo de la calle El Calvario y Francisco Compte debido a la construcción del “Edificio Byron Herrera Santa Cruz”, en el núcleo histórico de Guápulo.

Dada la indolencia municipal, el Ministerio de Cultura, dispuso al municipio este 21 de febrero que suspenda la obra, reevalúe el proyecto “a fin de evitar la afectación a los atributos y valores patrimoniales del Paisaje Urbano Histórico de Guápulo”, reexamine “la escala, volumetría, materiales y diseño arquitectónico del proyecto en relación con su entorno”, exija la modificación y adecuación del diseño y recupere el área afectada.

Además, recomienda al municipio (¡qué vergüenza!) implementar o reformar las ordenanzas municipales, planes reguladores y régimen de sanciones, conforme a los lineamientos y políticas públicas del ente rector de Cultura y Patrimonio, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento General.

Todo esto en un plazo de 30 días, que ya están corriendo.

A los concejales correístas, coludidos con empresas privadas contumaces violadoras de la ley, habrá también que ponerles plazo: la condena unánime de la ciudadanía y lograr que el ciudadano les niegue el voto, a ellos y a sus candidatos.