La feria de candidatos solo terminará si reformamos el sistema

Ya estoy harto de los que están hartos de que haya 17 binomios para las elecciones presidenciales de febrero y de que proliferen las listas a asambleístas nacionales, provinciales y del Parlamento Andino.

Son miles los comentarios en conversaciones físicas y virtuales, los artículos plañideros y los periodistas que preguntan del tema.

Y, de verdad, ya estoy harto de estar harto yo mismo.

Por eso busqué la respuesta entre los que saben, y encontré que el año pasado un grupo técnico se propuso reflexionar en cuáles son los problemas de nuestra Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, cuyo pretencioso apelativo es el de “Código de la Democracia”, identificaron allí los nudos críticos y plantearon las bases de una reforma electoral que mejore el sistema de partidos.

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El grupo estuvo conformado por Ruth Hidalgo y Simón Jaramillo (de la reconocida Corporación Participación Ciudadana), Simón Pachano (uno de los mejores, si no el mejor, politólogo del Ecuador), Medardo Oleas (abogado experto en leyes electorales) y Lolo Echeverría (el reconocido filósofo y periodista), quienes identificaron algunos temas centrales.

Esas propuestas, sin excluir otras, deberían generar el debate entre varios grupos de la sociedad como las universidades, los medios de comunicación, las propias organizaciones políticas y otros expertos en la materia.

No voy a poder exponerlas todas (hay un documento, en el que me baso), pues quiero centrarme en las reformas necesarias para recortar ese excesivo número de partidos y candidatos que nos fastidia, y que tiene que ver con el caótico y poco confiable sistema de partidos, su registro y la calificación de candidatos.

El documento afirma algo que, aunque sea obvio, hay que reiterar: la democracia no es viable sin partidos políticos. Y si el sistema en que actúan y se desenvuelven es caótico, los resultados por fuerza van a ser malos.

Y el primer problema que salta a la vista es que la actual legislación confunde partidos con movimientos, dando a estos los mismos derechos que a aquellos. También confunde afiliados, adherentes permanentes y adherentes ocasionales, pues no diferencia los derechos de un afiliado de los de un adherente ocasional o permanente.

Además, y ya lo sabemos, los procesos de democracia interna son una farsa, pero esto es producto de mecanismos que promueven que no se los respete, lo que trae como consecuencia que se debiliten las propias organizaciones políticas, pues no hay incentivos para que ingresen hombres y mujeres que quieren hacer política en serio.

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Por eso, el grupo promotor propone que en el artículo 310 de la ley se aclare qué es un movimiento político. Ese artículo define muy bien que los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados.

Pero lo que está mal es que se indique que el carácter de los movimientos políticos se determinará en su respectivo régimen orgánico y que estos movimientos podrán existir en cualquier nivel de gobierno o en la circunscripción especial del exterior.

¿Por qué? Porque se deja abierta la posibilidad de que estatutariamente tengan los mismos derechos que los partidos, y puedan presentar toda clase de candidaturas, desde las nacionales hasta las provinciales.

Los expertos plantean que en la propia ley se diferencie partidos de movimientos y que se reserve a los partidos políticos la obligación de ser de carácter nacional, mientras que los movimientos políticos solo sean de carácter provincial o de las circunscripciones especiales del exterior.

Ambos mantendrán un registro de afiliados y se regirán por sus principios y estatutos, y propondrán un programa de gobierno.

También estos expertos recomiendan que se eliminen las figuras de adherente permanente y adherente ocasional, es decir que solo haya afiliados.

El afiliado es aquella persona que, en forma libre y voluntaria, decide formar parte de un partido y movimiento y por eso se inscribe y adquiere derechos y obligaciones.

Y aquí viene lo bueno:

“Al tener carácter nacional los partidos políticos, solo ellos podrán presentar candidatos a todo nivel, especialmente las candidaturas nacionales, como son las de presidente y vicepresidente, asambleístas y miembros del Parlamento Andino”, dice el documento.

Como puede verse, ello reduce la posibilidad de que cualquier movimiento, de esos de bolsillo que ahora tenemos, presenten candidatos a la presidencia y a asambleístas nacionales y provinciales.

Si hoy la ley fuera así, y los partidos tuvieran las condiciones para ser tales (que se enumeran más abajo), hoy tendríamos seis candidatos presidenciales, pues los once movimientos políticos que existen no podrían presentarlos.

Los movimientos, al tener el carácter de provinciales, solo podrían presentar candidaturas para alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales. Está claro: por ser organismos que tienen jurisdicción provincial, no podrán presentar candidaturas para presidente y vicepresidente ni para asambleístas nacionales o provinciales.

¿Por qué no asambleístas provinciales? Porque estos al ser elegidos “integran un poder del estado de carácter nacional, que tiene la obligación de dictar leyes de vigencia general y de aplicación en todo el país, a más de fiscalizar las acciones de otros poderes del estado, en los que no se incluyen los organismos provinciales”.

Los asambleístas son provinciales, y esto añado yo, solo por la circunscripción en que son elegidos, pero detentan una responsabilidad nacional, al revés de lo que hoy muchos de ellos sienten: que su obligación es solo con su provincia.

Esta modificación, requiere una reforma previa al Art. 109 de la Constitución de la República.

Ahora bien, ¿qué se requeriría para constituir un partido político? Hoy se exige fichas de afiliación correspondientes a, por lo menos, 1,5 % del registro electoral utilizado en la última elección.

Y a los movimientos políticos se les exige una lista de adherentes equivalente a, por lo menos, 1,5% del registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción, de los cuales 10% serán adherentes permanentes.

Por el alto número de afiliados exigido, dice el grupo, ningún partido político en el Ecuador tiene, a la fecha, un registro de los afiliados que exige la ley, y tampoco tienen los movimientos políticos un registro claro de adherentes permanentes u ocasionales.

Por eso proponen que se modifiquen las condiciones para el reconocimiento y vida de los partidos y movimientos políticos, de la siguiente manera:

• Los partidos políticos, por ser de carácter nacional, deben tener un registro permanente de por lo menos el 0,3% de los empadronados en todo el país, esto es aproximadamente 40.000 afiliados activos a nivel nacional.
• Estos afiliados deberán ser de al menos 12 provincias, incluyendo las provincias de mayor registro de electores, es decir, Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay.
• Los movimientos políticos deberán tener afiliados provinciales, en un número no inferior al 0,3% de los empadronados en cada provincia, “con lo cual tendríamos que en provincias con más de dos millones de electores, el número de afiliados sería de 6.000, en provincias con 500.000 electores existirían movimientos con 1.500 afiliados, y así sucesivamente”.

Para registrarse, las organizaciones deberán acompañar fichas individualizadas de afiliación, con la declaración personal de adhesión a los principios ideológicos y estatutos y la de no pertenecer a otra organización política.

Pero, además, los expertos apuntan, con otras medidas, que no me alcanza el espacio para comentar aquí, a que los partidos y movimientos tengan verdadera actividad de capacitación, debate y propuestas de políticas públicas todo el tiempo.

Es decir que los partidos políticos nacionales y los movimientos provinciales estén activos en época no electoral, cumpliendo sus funciones de capacitación y creación de políticas públicas, dejando a un lado la tradicional actividad electoral como su único fin.

¿Qué le parece, apreciado lector? ¿No sería un importante paso para mejorar nuestra florida, folclórica y frustrante vida política?