La resiliencia del pueblo, lo más admirable del año

En un año catastrófico, de los peores de la historia, lo más sobresaliente e, incluso, admirable y digno de estudio, es la resiliencia del pueblo del Ecuador.

Por resiliencia se entiende la capacidad de adaptarse, recuperarse y prosperar después de enfrentar adversidades, estrés o traumas. La tienen personas, comunidades o sistemas.

Con la sobriedad de sus definiciones, el Diccionario de la Lengua Española dice que resiliencia es la “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. 

En psicología se refiere a la habilidad de los individuos para superar desafíos significativos y continuar desarrollándose de manera saludable y eso mismo es lo que, supongo, dice la sicología social respecto de las comunidades. 

El pueblo ecuatoriano ha mostrado las características propias de la resiliencia. En primer lugar, la adaptabilidad, es decir, la capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias y superar obstáculos, incluso con cierto humor y recuperado optimismo. 

En concreto, a pesar de los rasgos terribles de la múltiple crisis que vivimos, una mayoría de la población, pequeña mayoría pero mayoría al fin, tiene una visión positiva del futuro. Como lo muestra la encuesta de Comunicaliza cerrada el 15 de diciembre, 54,5% de los encuestados valora como buena o muy buena la situación de su familia, frente a 42,5% que dice que es mala o muy mala.

E, incluso, más de la mitad de la población (51,7% de los entrevistados) cree que dentro de un año la situación del Ecuador será mejor. ¿No les parece asombroso que, estando el país como está, haya tanta reserva de positivismo en nuestra gente?

La resiliencia es también la capacidad para resolver problemas y el pueblo de nuestra patria ha mostrado mucha habilidad para encontrar soluciones a los desafíos. Las familias se han adaptado a la triple crisis, la energética, la económica y la de seguridad, para seguir avanzando. 

Tres calamidades tuvimos que enfrentar el Estado y la población ecuatoriana este año:

1. La prolongada sequía y la crisis energética.

2. La inseguridad, que alcanzó niveles horrísonos en enero y se prolongó, como enredadera que repta incontrolable por pared húmeda, a lo largo del año.

3. La crisis económica, fiscal y productiva, a la vez.

Repasémoslas rápidamente.

Como en la antigüedad, este año habría de marcarse en el calendario de la patria con rojo y ser conocido como “El año de la gran sequía”. La peor de los últimos 60 años condujo a aguda escasez de agua —que llevó a los racionamientos de energía más extremos de la historia del Ecuador (con semanas en las que padecimos hasta 14 horas de apagón)—, a la caída de la producción agrícola y a pavorosos incendios.

Las llamas consumieron vastos espacios de vida natural —cuatro mil hectáreas en Sigchos (Cotopaxi); el doble en Quilanga (Loja)—; preciados parques nacionales como el Cajas (donde se quemaron siete mil de las 21 mil ha del parque) y el Podocarpus (que perdió más de cuatro mil hectáreas) e, incluso, sectores urbanos, como las casas en Bellavista y Guápulo en el angustioso incendio de la quebrada de El Batán, en Quito, y como el parque Los Samanes en Guayaquil.

Alborotado como estaba en la novelería de su consulta popular, el Gobierno no hizo caso de la predicción de escasez de lluvias para este año por los patrones globales del clima. Hundió la cabeza en la arena, cual avestruz. Mas negar la realidad le pasó luego factura

Es verdad que Noboa heredó un parque eléctrico insuficiente, pero su inacción de varios meses aceleró el desastre. No otorgó las licencias ambientales a proyectos que había dejado autorizados Lasso ni dio mantenimiento de las termoeléctricas ni cuidó la relación con Colombia ni previó la contratación de nuevo parque generador.

El propio presidente nos sorprendió en abril contradiciendo a las autoridades del sector, al declarar enfáticamente que no habría apagones… para, a la vuelta de unas horas, suspender por dos días la jornada laboral y las clases a fin de bajar la demanda de energía, revirtiendo su imperial decisión de suspender los cortes de electricidad.

Vino entonces el descontrol total: un día apagones de cinco horas, al siguiente de tres, luego el aviso de que no había recortes, al otro día recortes de cinco y media. “Esperpéntico” fue el término con que describí la insólita acusación del Gobierno a su propia ministra de Energía, Andrea Arrobo, de “haber ocultado intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético”.

El estrafalario lenguaje de ese comunicado gubernamental, cuando todo el mundo sabía que los embalses se estaban quedando secos, debería pasar a la historia: “se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas”.

Aquellas declaraciones de que los problemas eléctricos “no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la falta de firmeza para combatir la corrupción y la incapacidad en el sector”, suenan hoy totalmente huecas. La impreparación frente a la sequía y la incapacidad manifiesta no se resolvió ni con el carrusel en la cartera de Energía de ministros titulares y encargados.

La solución al problema vino con las lluvias. La gestión gubernamental se reduce a dos barcazas de 100 MW cada una (la segunda solo desde ayer). Los generadores comprados a Progen se parecen cada vez más a una estafa y no a mero retraso culposo.

A su vez, la incorporación por etapas de Toachi-Pilatón viene desde el Gobierno de Moreno, que reactivó ese proyecto, que estaba muerto por la corrupción y la desidia, lo que fue continuado por Lasso, al igual que la compra de energía a Colombia, que felizmente se reinició.

El otro drama que han debido afrontar los ecuatorianos es el de la inseguridad. El Gobierno fue mucho más proactivo en este tema que los regímenes anteriores con la declaración de “conflicto armado interno” y la presencia permanente a lo largo del año de las Fuerzas Armadas en calles, carreteras y cárceles.

Todo se ha empañado con el doloroso caso de la desaparición, hace 18 días, de Ismael, su hermano Josué, Saúl y Steven, los cuatro de Las Malvinas, uno de los barrios pobres de Guayaquil.

De nuevo hay en este caso contradicciones entre el presidente y su ministro de Defensa. Lo que más sorprende es la propuesta presidencial de declararlos “héroes nacionales”, algo que estremece al país porque suena a un reconocimiento implícito de que esos niños están muertos.

La desaparición forzada, que ha declarado la jueza y el pedido de la Fiscalía de audiencia para formular cargos contra los 16 militares involucrados, permite abrigar la esperanza de que se aclare lo ocurrido y se castigue a los culpables.

Pero el problema es de fondo. Bien hizo el cardenal Cabrera en urgir la búsqueda y reclamar por las condiciones de pobreza y falta de trabajo de los habitantes de esa zona popular. Y la Iglesia católica lo conoce bien porque dos de esos niños almorzaban diariamente en el comedor que sostiene la parroquia del lugar.

La pobreza, que atenaza en sus mórbidas garras a una buena parte de la población nacional, es justamente uno de los componentes del tercer factor negativo del año.

Porque la profunda crisis económica es también marca de este año trágico. Una crisis fiscal, de la que el Gobierno está saliendo poco a poco, y una crisis económica y productiva, agravada por las otras dos crisis, la de la energía eléctrica y la de la seguridad, que desembocará en un decrecimiento del PIB, aunque tal vez menor al que se temía en octubre.

Pero el pueblo ha resistido, no se sabe cómo, estos embates. Y quiere seguir luchando. La resiliencia no solo implica "sobrevivir" a las dificultades, sino también aprender de ellas y salir vigorizado. Es lo que necesitamos hacer los ecuatorianos: desarrollar esta capacidad y fortalecerla a lo largo de los próximos años, para dejar atrás para siempre esta triple crisis.