No, no. No podemos justificarlo todo

Si el sábado último, en medio del feriado, ustedes hubieran querido ir a visitar, digamos, la muestra de fotografías de Luis Mejía en el Centro Cultural Metropolitano (CCM), como quise hacerlo con mi mujer, no lo habrían podido.

La seguridad alrededor del Palacio de Gobierno estaba reforzada al máximo: la García Moreno bloqueada sin paso peatonal, desde la Sucre hasta la Mejía, por lo que el CCM, El Sagrario, la Catedral, la casa de Manuela Cañizares, los cafés de las covachas, el pasaje Amador, todo estaba inaccesible. Tampoco había tránsito vehicular o peatonal por la Benalcázar, la Venezuela o la Chile.

Me fijé que hoy las vallas son más altas y se colocan en doble fila de triángulos, de manera que forman una barrera formidable, de unos cuatro o cinco metros de ancho. Los policías, de 15 a 20 en cada intersección bloqueada, se hallaban bastante relajados, conversando en grupos detrás de las vallas. No se veía soldados, pero por la Benalcázar entraron hacia las tres de la tarde un par de camiones militares de transporte de personal, así que supongo que estaba reforzada la guardia del palacio.

¿Temía la guardia presidencial que la señora Abad llegara con fuerzas de choque para asumir la Presidencia de la República? Parece que sí, por el descomunal despliegue de vallas y fuerza policial en un perímetro mayor al que ya se ha hecho habitual alrededor del palacio y que tanto daño causa a los negocios y a los centros culturales y turísticos del Centro Histórico.

Pero la señora Abad no asumió la presidencia, a pesar de su proclama, expresada con aplomo digno de mejor causa.

Al día siguiente, domingo, el presidente-candidato Daniel Noboa inició oficialmente la campaña electoral con una concentración popular frente al Palacio de Gobierno… rodeado de las mismas vallas, y con un ingreso restringido, en el que sus partidarios, inclusive, debían pasar por detectores de metales.

Con tanto control no parecía una campaña festiva. Era un inicio de campaña bajo el miedo. Pero, ¿cuál es el temor que reina en el palacio, convertido en fortaleza, y que contrasta de modo radical con la imagen de valentía e intrepidez que quiere dar Noboa?

Lo que sí se ve en Noboa es desparpajo y poco apego a las formas. Que muestre sus tatuajes y sus bíceps puede adjudicarse a vanidad de tictoquero, pero que nombre alegremente a una nueva vicepresidenta encargada, una señora Gellibert, que ha “sabido ser” la actual secretaria general de la Administración, desconocida para el público y conocida de Correa (en cuyo Gobierno ha trabajado), en reemplazo de una señora Moya, que de pronto se ha sentido mal de salud, rebasa los límites no solo de la legalidad y de las reglas de la democracia sino de la coherencia personal.

Como lo hizo notar Hernán Pérez Loose: para que no quede una correísta como vicepresidenta, se nombra a otra correísta de vicepresidenta.

Hay comentaristas que creen muy sagaz a La Gasca, muy decidido a Noboa, pero lo que estamos comprobando es que no hay recato alguno para abusar del poder y hacer mofa e inclusive befa del derecho.

Hay abogados “constitucionalistas” que se prestan a hacer el coro diciendo que el presidente no requiere licencia para hacer campaña. Aunque el martes nos sorprendió con un decreto confuso y enredado en que encarga la presidencia a su segunda designada, la señora Gellibert, desde hoy 9 de enero hasta el 12, con minutos y segundos. Supongo que seguirá así a lo largo de las cinco semanas: unos días sí, otros no.

El decreto es una joya del barroco tropical. Dice textualmente en el acápite importante de la parte considerativa: “dados los inconmensurables supuestos que pueden aparecer por la percepción de cada ciudadano sobre los actos que realiza el Presidente de la República, siendo por tanto, imprevisible e irresistible que el ejercicio de las funciones y atribuciones del Presidente de la República, en cualquier evento público, se confunda con un acto proselitista y de paso a denuncias por una infracción electoral”.

¿Notaron las faltas de ortografía?

• “de paso” está mal escrito, debería tener tilde porque es inflexión del verbo dar (“dé paso”) y no la locución adverbial que significa que alguien está sin residencia fija, provisionalmente, como sería, por ejemplo, cuando se dice que “Noboa está de paso por la presidencia”);
• “Presidente” está mal escrito; como todo cargo, y como reiteradamente lo recomiendan las academias, debe ir en minúscula.

Aparte de ello, su redacción es cantinflesca. Hay dos oraciones potenciales encadenadas (comienzan por “dados los” y “siendo por tanto”), que se quedan colgadas. “Inconmensurable”, “imprevisible” e “irresistible” son adjetivos rebuscados que no pintan nada en el párrafo. ¿Es que no se conoce el significado de lo que se escribe? Creo que es algo peor: se los usa adrede para crear un lenguaje deliberadamente opaco. Esa es la manera de hablar de ciertos abogados y José De la Gasca es un ejemplar de pura raza de aquellos leguleyos que crean intríngulis verbales solo para confundir.

En ese decreto del martes se argumenta fuerza mayor, no la obligación que tiene por ser candidato, para encargar la presidencia a la señora que Noboa decidió disfrazarla de vicepresidenta.

¿Quién debería reemplazarle? La elegida por el voto popular para el cargo; la que Noboa propuso a la población como componente de su fórmula electoral en 2023. Porque fue él y nadie más que él quien dijo “Voy con ella”. La señora Abad.

Por más que hoy la odie (supuestamente por razones terribles, que no conocemos), que no se haya incorporado a sus funciones en Turquía no es razón para que haya dejado de ser vicepresidenta.

Todo esto socava los cimientos del estado de derecho, decía un ilustre abogado en un chat. Parece que para el Gobierno la ley no es obligatoria sino meramente referencial. “Asistimos a la muerte del derecho y a la sepultura de la institucionalidad”.

Y lo peor es que en medios académicos, gremiales, profesionales se justifica todo esto, bajo el argumento de que si Abad asume la Presidencia dará el salvoconducto a Glas o volverá el IVA al 12%, lo que implica decir: aplico la ley solo cuando me conviene.

No podemos ni debemos justificarlo. Y tampoco lo podemos hacer en el caso de Los Cuatro de Guayaquil, hecho pavoroso en el que hay responsables directos, los dieciséis miembros de la patrulla de la Fuerza Aérea que los secuestró, pero también los hay en la cadena de mando.

¿Los jefes y comandantes de Taura han instruido a sus soldados sobre el respeto a los derechos humanos, los protocolos que deben observarse en los arrestos, el alcance de su acción represiva, el respeto especial debido a los menores de edad?

Hay mil preguntas que la Fiscalía debe responder (desde por qué los apresaron hasta porqué los abandonaron, desnudos y golpeados; desde porqué nunca los reportaron a la policía a porqué los mafiosos se los llevaron; desde la causa hasta la fecha de su muerte), con una investigación contundente y expedita. Las Fuerzas Armadas, por su parte, deben colaborar con transparencia y apertura total, dejando de lado cualquier mal concebido espíritu de cuerpo.

Por eso asombra e indigna la cadena nacional de este lunes del ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo en que, a pretexto de cumplir la sentencia que le obligaba a presentar disculpas públicas a los familiares de los niños asesinados, amenazó abiertamente a la jueza Tanya Loor quien, en sentencia del 24 de diciembre, dispuso las disculpas y declaró la desaparición forzada.

Sin nombrarla y rodeado de militares, Loffredo advirtió a gritos que "llegarán hasta las últimas consecuencias" para que sea sancionada.

Según Loffredo, la jueza “no tenía capacidad ni facultad legal alguna” para dicha declaración, cosa que el Gobierno deberá demostrar ante la justicia, no mediante amenazas.

Lo más detestable es el giro que el ministro quiere dar al tema, al acusar a la jueza de que su sentencia va a ser “utilizada para arrodillar a las Fuerzas Amadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos".

Si es así, demuéstrelo. Por supuesto que no son todas las Fuerzas Armadas las culpables, pero lo acontecido es, lamentablemente, una mancha muy triste en su historia, por lo que solo cuando se establezcan las responsabilidades exactas, se apliquen los castigos debidos y se hagan las compensaciones y reparaciones que exige la vindicta pública, podrán retomar el camino para recuperar su prestigio.

Esto no tiene que ver con el riesgo de tener a los militares en las calles: porque no se trata de un enfrentamiento en el que los militares, entrenados para la guerra, tiran a matar. En el caso de los cuatro chicos hay sevicia, premeditación, dolo, abuso de poder, actuación fuera de toda norma.

Todos sabemos que las Fuerzas Armadas tienen otro papel en una democracia y es la Policía la que debe luchar contra los malhechores. Pero, dado que se las está empleando en el llamado “conflicto armado interno”, solo la aplicación de códigos y protocolos muy estrictos de los que la cadena de mando se haga responsable, puede prevenir actos semejantes.

Una defensa como la de Loffredo hace más daño que bien a las FF. AA. Peor todavía cuando ataca “el uso de la narrativa de los derechos humanos como un instrumento de persecución política”.

Los derechos humanos no son una narrativa: son esenciales a la persona humana y deben ser respetados siempre, por todas las instituciones.

Defender los derechos humanos de unos niños indefensos masacrados en condiciones no explicadas no es “ni oportunismo ni intimidación” a las Fuerzas Armadas. Sí, hemos visto a políticos de cuarta clase queriendo aprovecharse, pero defender los derechos humanos es obligación de todo ciudadano.

Mal hace un ministro que pide que no se generalice a todas las Fuerzas Armadas la responsabilidad de unos pocos, generalizando él mismo, de manera exactamente igual, a todos los defensores de los derechos humanos como que fueran oportunistas, enemigos de las Fuerzas Armadas o, peor, amigos del crimen organizado.

Si es verdad que las fuerzas del orden, como dijo el ministro, “no toleran ni tolerarán acto alguno de violación a los derechos humanos”, es hora de ser transparentes y demostrarlo, sin amenazas a los jueces y sin señalamientos a los defensores de los derechos humanos.

No podemos justificarlo todo. Me asusta lo que leo en redes sociales por parte de quienes buscan crear teorías justificativas de la actuación del presidente Noboa con relación a la vicepresidenta Abad y a las dos señoras con las que sucesivamente la ha reemplazado.

Y me asustan mucho más las teorías que buscan pintar a los chicos de Guayaquil como pandilleros y asaltantes, y cohonestar la actuación de la patrulla de la Fuerza Aérea como algo normal; los golpes como algo normal; el abandono, desnudos en medio de la noche, a 50 km de sus casas, como algo normal, natural e, incluso, encomiable.

No. No podemos normalizar ni la inconstitucionalidad ni la barbarie.

Rechazamos a Correa y a sus acólitos por su autoritarismo, su abuso del poder, su conculcación de las libertades, su alianza con el crimen organizado, su corrupción generalizada. Y no queremos que vuelvan a gobernar el Ecuador jamás.

Pero ese rechazo tampoco nos puede llevar a justificar lo que hace uno de sus opositores burlándose de la Constitución y la ley, por más que tenga otros aciertos.

Y tampoco podemos justificar todo lo que hagan las fuerzas del orden, por más que reconozcamos su sacrificio y sus virtudes en la lucha por recuperar el Ecuador de las garras del narcotráfico y el crimen organizado.