Controlar a la Iglesia católica, viejo sueño de los autoritarismos

El correísmo, una tendencia política autoritaria y personalista, siempre ha sido muy hábil para ocultar tras nombres rimbombantes, y que parecen positivos, sus verdaderas intenciones negativas y antidemocráticas.

Por ejemplo, crearon el tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo para impedir la participación ciudadana y manipular el control, o el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) solo para recortar la autonomía y recentralizar las actividades de los pomposamente llamados “Gobiernos Autónomos Descentralizados”.

El más reciente intento, que felizmente fracasó por la presión de la ciudadanía, fue la maniobra de Esther Cuesta y el bloque de la RC de sacar adelante una llamada Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa (la voy a llamar LOLIR) que, justamente, atentaba contra la libertad e igualdad religiosa.

Al ver el daño que tal proyecto estaba causando a sus opciones políticas, el prófugo Rafael Correa tuvo que salir apresuradamente al paso este lunes y puso en su cuenta de X un mensaje en que aparece en pleno papel de titiritero: “No se preocupen. Luisa JAMÁS permitiría una ley así (yo tampoco)”

“Yo tampoco” dice el prófugo, sin ocultar quién manda.

Y continuó, mohíno: “Si lo que dice Ecuavisa es cierto, claramente atentaría contra la libertad religiosa”, refiriéndose a un reportaje de dicho canal sobre el contenido del malhadado proyecto.

Corriendo a cumplir la orden, la candidata correísta Luisa González, anunció más tarde el lunes, en una declaración de prensa, que “disponía” a la bancada de la RC que archive el proyecto.

Por cierto, se sintió obligada a declarar en ese mismo momento que ella es cristiana y que pertenece a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera.

Esta LOLIR, presentada por el correísmo, buscaba sancionar a las iglesias que realicen proselitismo político en el país.

Además, que los fondos de los grupos religiosos sean auditados por la Contraloría General del Estado, que se impongan multas de hasta USD 14.100 y la suspensión o pérdida de la personería jurídica de las instituciones religiosas.

Establecía, además, y eso me parece sumamente grave, un Consejo Consultivo Religioso que venía a ser el todopoderoso intermediario entre las iglesias y organizaciones religiosas con el estado, el cual calificaba qué grupo era una iglesia o comunidad de fe y qué grupo no.

Cambiaba el actual registro de las organizaciones religiosas por una autorización, intermediada por el tal Consejo Consultivo, que también era el canal para la suspensión de la personería jurídica a las instituciones religiosas: el típico organismo fácilmente manipulable que adoran los totalitarismos.

Si uno revisa el proyecto (encuentre el enlace en PRIMICIAS), rápidamente descubre que tras una capa de supuestos conocimientos de la tradición de libertad religiosa, hay una gran ignorancia histórica y jurídica.

Desde que menciona a “Cyrus el Grande”, en la segunda línea de la exposición de motivos, ya me dio mala espina, porque es obvio que la proponente, y el Defensor del Pueblo que se le junta en la propuesta, no saben que en español aquel monarca se llama Ciro el Grande. Me tinca que el documento en que se basaron está en inglés.

Luego, hay errores de bulto como repetir no sé cuántas veces “Convención Interamericana Convención Interamericana” duplicando el nombre por gusto o descuido en cantidad de considerandos.

El espíritu correísta de hacer documentos larguísimos con páginas y páginas de considerandos y cantidad de artículos se expresa muy bien en el proyecto y en las críticas que se hace en su texto a las leyes anteriores de la materia ¡porque, según los proponentes, tienen muy pocos considerandos y artículos!

Esa precisamente debería ser la norma: pocos artículos, en lenguaje claro y comprensible, no las enrevesadas, labiosas, adiposas leyes que salieron de la máquina leguleya del correísmo.

La Conferencia Episcopal apuntó en un comunicado el desconocimiento jurídico de la propuesta: las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado ecuatoriano se rigen desde 1937 por el Modus Vivendi, un acuerdo de carácter internacional,

Y también la forma en que el proyecto niega la realidad, pues el proyecto “agredía y violentaba los derechos del 70% de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos. ¿Ser católico es un delito? ¿Los católicos merecemos ese trato agresivo y despectivo? ¿Por qué no fuimos invitados a participar en el trabajo de elaboración de este proyecto de ley? ¿Es esa una actitud democrática?”.

Bien hace la Conferencia Episcopal en recordar que el catolicismo no sólo es la religión mayoritaria en este país, sino que gran parte de nuestra riqueza cultural y de nuestra identidad ecuatoriana está ligada a la fe católica. Y sobre todo que no se puede pretender coartar la libertad de los católicos a participar en política.

Porque, continúa, “la fe cristiana no se vive únicamente en la esfera privada, tiene una dimensión social y pública irrenunciable. Quizá por eso, lastimosamente, hay personas y grupos a los que nuestra acción y nuestra voz molesta tanto”.

Me uno a la Conferencia en el asombro de que haya sido posible que se presente “un proyecto tan malintencionado, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional” y en su denuncia de que el proyecto refleja el deseo de imponer un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones, que han sido, desde siempre, el último refugio de libertad, incluso bajo regímenes totalitarios.