¿A dónde vamos como país? Por ahora es un “totum revolutum”

Para quienes hemos sido optimistas irredentos sobre el futuro del Ecuador, la hora actual se presenta oscura y peligrosa.

El conchabe del correísmo y el Gobierno (un editorialista ya lo llama el nobocorreísmo) para echar abajo, de una manera descarada y tosca, a la presidenta del Consejo de la Judicatura Dunia Martínez, que acababa de ser elegida en toda regla, y poner en su reemplazo al abogado de narcotraficantes Mario Godoy, es el dato más angustioso de la actual coyuntura.

En el proceso jugó un papel despreciable la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ordenando a unos acoquinados miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que reconsideren el nombramiento de Martínez so pena de ser enjuiciados políticamente.

Es decir, la comisión, dirigida por esa fanática de pocas luces, pero voluntad irrefrenable de Ay Pame, es hoy el cuco que maneja a su antojo un organismo que, en el articulado de la malhadada constitución de 2008, es dizque independiente y apartidista.

Profunda decepción ha causado que una persona en que pusimos la confianza los votantes como Juan Esteban Guarderas se haya prestado para maniobra tan rastrera. Guarderas se distinguió en sus columnas de El Comercio como un fuerte crítico del correísmo autoritario. En declaraciones de prensa de estos días, con lenguaje vulgar, acepta que puede ser que “la haya cagado”, pero que lo hizo con buenas intenciones. ¿Es así de ingenuo? Porque bobo no es.

Obsesionado por “despartidizar” el Consejo de la Judicatura, una quimera como pocas, Guarderas cayó redondito en la trampa: el nobocorreísmo necesitaba su voto para la reconsideración de la elección (porque hacían falta cinco votos) y él se los dio, con lo que se bajaron a Dunia Martínez.

Como su voto ya no fue necesario para elegir al nuevo presidente de la Judicatura (se necesitan cuatro), dejaron a Guarderas con un palmo de narices y eligieron a Godoy.

Aceptemos, como hipótesis de trabajo que fue por ingenuidad. En ese caso, Guarderas no supo prever la siguiente jugada del ajedrez, y resultó un alfil perfecto, junto con Johanna Verdesoto, para lo que se viene: la toma del poder judicial para el único objetivo que tienen los correístas: revisar las sentencias a Correa y Glas y permitirles volver a las calles y al poder en Ecuador.

Hay quienes creen que Guarderas no actuó por ingenuo, sino que votó muy consciente de lo que hacía, porque ha sido cooptado por el Gobierno.

Ello se demostraría, además, por su segunda denuncia (luego de que la primera fuera rechazada) sobre la supuesta infracción electoral de la vicepresidenta Verónica Abad cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, insistencia que, por más ingenuo que quiera aparecer Guarderas (y por más ingenuos que nos crea), es patente que favorece a los intereses del Gobierno.

Sea de ello lo que fuere, Guarderas ha incumplido de manera grave la misión que le dimos los votantes en el CPCCS: allí no queríamos un ingenuo que caiga en la trampa ni menos un alfil gubernamental. Lo elegimos para defender la institucionalidad del país y ha fallado de manera escandalosa.

Él permitió que se abra la puerta que, a más de lo dicho, implicaría una nueva mayoría en el CPCCS, el control de la renovación del Consejo Nacional Electoral, la burla de la justicia, el cambio de jueces comandado por Godoy, el reemplazo de la Fiscal Diana Salazar, el retorno de Correa, su perpetuación en el poder, y su venganza contra las fuerzas democráticas y honestas del país.

La otra gran pregunta es qué busca el Gobierno de Noboa con este nuevo pacto con el correísmo para cederle el control del poder judicial. Porque, según investigaciones periodísticas, fue el Gobierno el que pidió al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, otro apocado, que pusiera a Godoy en la terna, y es el ministerio de Gobierno el que ha apoyado las maniobras para que se lo elija y posesione, amenazando incluso, a través del tránsfuga Eckenner Recalde, al secretario de la Asamblea Nacional para que no se demore en posesionarlo, lo que ocurrió puntualmente la tarde del martes.

Se ha visto que el presidente Daniel Noboa es una persona decidida, que, igual que se pone ternos amarillo canario, no se para en pequeñeces para ganar todos los juicios derivados de sus negocios y de la ruptura de su primer vínculo conyugal.

Pero ¿será eso lo que le mueve a poner a un tipo como Godoy al frente del Consejo de la Judicatura? ¿Está dispuesto a facilitar el retorno de Correa por sacar adelante sus intereses personales?

Si es así, el Estado ya no solo es el mecanismo de enriquecerse para muchos ministros y funcionarios que llegan en paracaídas en estos gobiernos sin partidos ni ideologías definidas, sino que sería una herramienta para los intereses personales del propio primer mandatario.

Pero digamos que no es así. Que los operadores de Daniel Noboa, el incógnito Michele Sensi Contugui y el siempre pedante Esteban Torres, negociaron la entrega al correísmo de la presidencia del Consejo de la Judicatura a cambio de detener en la Asamblea Nacional los juicios políticos a las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, Mónica Palencia, por la incursión en la embajada de México.

Es solo una hipótesis, pero demostraría la desesperación del Gobierno por no debilitarse aún más en una relación fracturada con la Asamblea Nacional y, por supuesto, porque la destitución de las ministras tendría un efecto muy pernicioso en la posición internacional del Gobierno y en la propia campaña electoral de Noboa.

Qué panorama tan complejo. Pero no es eso lo que genera hoy más angustia en la ciudadanía. Lo que verdaderamente tortura a los padres de familia es la seguridad y, en paralelo, el desempleo y el estancamiento de la economía, que no logra despegar.

No hay inversión pública ni privada, no se crea empleo y, para decenas de miles, la única opción sigue siendo la economía ilegal.

A propósito de economía ilegal: el país está perplejo ante la denuncia del Gobierno de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es traficante de gasolina subsidiada, un negocio millonario que, según se dice, ha mantenido por largo tiempo y que era conocido en Guayaquil.

En todo caso, según el Gobierno, la empresa familiar de Álvarez entregó irregularmente la precisa cifra de 745.718 galones en 2023 a una comercializadora que tiene una sola gasolinera en Milagro (Guayas), donde cargan vehículos sin placa.

De estos vehículos, supuestamente, 8.019 pertenecen a un solo dueño, y uno de esos autos, un vehículo pequeño, ha cargado, 117.000 galones de gasolina (el mismo auto, lo cual es imposible con motor de 1.400 cc, pues habría tenido que cargar tres veces al día) y, además, el mismo auto, 3.000 galones de diésel, lo cual ya resulta cómico.

Si alguien se pregunta no por el auto sino

• cómo pudo llegar una persona con esos antecedentes al “sillón de Olmedo” (que haya sido auspiciado por el correísmo no sorprende a nadie), o
• cómo el hermano, también acusado, se vuelve presidente del Barcelona, con el regocijo de los hinchas que ven que algo de plata entrará para pagar las numerosas deudas del plantel,

pierde el tiempo, y más bien debería exigir

• que la Fiscalía realice una investigación urgente de la denuncia;
• que el Gobierno emprenda un proceso administrativo en la Agencia de Regulación y Control de la Energía, que descubra quién autoriza, quién fiscaliza este contrato de abastecimiento, por qué solo ahora se descubre que se desvía, por qué no se lo ha suspendido desde hace años, y tome las medidas administrativas para corregir esta situación, y
• que la Contraloría inicie ya un examen especial de estos contratos.

Así está el país. Como digo, la mayor preocupación es la continuada acción del crimen organizado (nueva masacre en El Oro, esta vez en Santa Rosa; otro cuerpo desmembrado en Guayaquil); los constantes asaltos armados en las grandes ciudades (que se han vuelto cosa común en parroquias hasta hace poco seguras como Cumbayá y Tumbaco); el estancamiento económico; la falta de trabajo; la indolencia del municipio de Quito ante el estado de la capital; la corrupción de la justicia; el descalabro del IESS, y tantos males más. 

En resumen, que los problemas del país hoy se suman y se entremezclan en un “totum revolutum”, un revoltijo en el que la actual conducción política del Ejecutivo y el Legislativo no pueden separar los componentes y menos atacarlos uno por uno para resolverlos y marcar un rumbo diferente para el Ecuador de mañana.