El método del terror. Caso: Alfaseguros

La forma más negligente de permitir que el horror se olvide, es guardando en la intimidad las historias de terror desatadas por los regímenes dictatoriales a cargo de los criminales más rastreros que parió una patria entumecida.

Hoy veo a las nuevas generaciones, esas que no tienen recuerdos claros de lo que fue vivir bajo el miedo y la persecución política, adherirse ciegamente al proyecto del terror, sin saber que se están uniendo a la organización más mafiosa de nuestra historia.

Y por eso decidí no callar ni un minuto más. Permítanme narrarles una historia que he mantenido en reserva y contar públicamente la principal razón de mi profundo desprecio a una década que se cimentó en el principio del uso del poder para destruir y no para servir.

• Haciendo leña del Pólit caído

Esta es la historia de Alfaseguros, la empresa de mi padre, que marcó nuestras vidas, pero que no es una historia aislada, sino que hoy, narrada aquí, no es más que la representación del método correísta bajo el cual sucumbieron negocios y familias enteras.

El 13 de agosto de 1981 Alfaseguros obtuvo la credencial 008, que le permitía operar en Ecuador. Tras más de 4 décadas en el mercado, logró erigirse como una de las más prestigiosas y serias empresas de seguros del país, dando trabajo a decenas de familias.

Hasta que su socio fundador y gerente general, Jorge Rodríguez Torres, empezó a denunciar públicamente casos de corrupción del gobierno y, luego, fue nombrado coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ese día empezó el infierno.

Antes del cargo ad-honorem de esta comisión cívica y ciudadana, constituida por múltiples organizaciones sociales, ya dedicó su vida a denunciar y combatir a los corruptos de un régimen arbitrario y sin límites y ya, desde el cargo de coordinador, incrementó las investigaciones sobre corrupción estatal.

El primer caso que denunciaron fue el de MANDURIACU, luego, el de Refinería del Pacífico, luego, el de Refinería Esmeraldas. Acusaban a la cúpula correísta de llevarse al granel el país, haciendo multimillonarios a sus líderes de izquierda y cada vez más pobre a este país.

Entonces, la respuesta vino desde el método correísta, que parte del principio universal de toda dictadura: para frenar a los honestos debes destruir sus empresas y dejarlos sin medios para ser contrapoder.

Y aquí empieza la historia que nunca imaginaron leer. Esta es la historia que me enseñó, en carne propia, lo que sucede cuando seres minúsculos y acomplejados ostentan un poder desmedido. Así que permítanme narrarles, en un orden más o menos cronológico, esta novela de terror.

Una mañana, mientras iba a trabajar, recibo una llamada de mi padre, quien con voz serena me dice que un ejército de personal del SRI está en su compañía para clausurarla, por orden del gobierno. Yo, alarmado, le digo que estoy cerca y que ya voy para allá.

Llego. Pido a la encargada de ejecutar los planes de ese gobierno, Andrea Cabrera Arias (hoy jueza penal), que me enseñe la orden de clausura.

Me la enseña. La orden es para clausurar otra compañía, con otro nombre, ubicada en otra dirección, y de la cual mi padre no tenía relación alguna. Se lo hago notar. Se ríen todos. Me dicen que es irrelevante. Me río yo. Les digo que sin orden legal no pueden clausurarnos.

Me dicen que esa es la orden y que esa compañía no ha declarado impuestos en más de un año. Les digo que muy chévere, pero que esa es otra compañía y que se equivocaron de lugar.

Alfaseguros estuvo ubicada en la 12 de Octubre y Muros. La compañía que querían clausurar estaba ubicada en la González Suárez y 12 de octubre. A una cuadra de distancia. Pero nada de esto les hizo pestañear. Así son los soldados: ciegos, sumisos, firmes, obedientes y no deliberantes.

Como no había orden legal de clausura, pues conforme al propio sistema del SRI, Alfaseguros estaba al día en todas sus obligaciones tributarias, decidimos no salir y no obedecer una orden dirigida a otra empresa.

Sucedió lo imposible. Los cuadrados y serviles soldados del régimen hicieron lo inimaginable. Otra vez con sorna, decidieron que, si no salíamos, clausurarían la compañía con todos los empleados adentro.

Me reí, incrédulo. Mi padre pidió a todos que salgan, que él se quedaría adentro. Casi nadie obedeció. Muchos decidieron respaldarlo y quedarse con él.

Los funcionarios del SRI, entonces, colocaron sellos de clausura en todas las puertas de acceso, incluyendo ventanas que daban a la calle. Acto seguido, llegó un Chevrolet plomo con cuatro policías. A su lado se estacionó un fiscal, enviado por Cecilia Armas, Fiscal General Subrogante.

Y con regocijo me dijeron: “el local y las operaciones quedan clausuradas por 8 días; los policías y el fiscal se quedan aquí los 8 días, para aprehender por delito flagrante de rotura de sellos apenas alguien intente salir.”

Quedé desconcertado. La rotura de sellos te llevaba directo a la cárcel y la Policía Nacional y la Fiscalía habían coordinado con el SRI no sólo para clausurar un lugar sin orden, sino para garantizar que haya presos. Acoso estatal de manual.

Y ahí durmieron, mi padre, mi hermana, mi hermano, los empleados, encarcelados en la propia compañía. Mi madre empacó cobijas y comida, las cuales introduje, trepándome por la tapia, por la única ventana a la que tenía acceso.

Ahí conocí la frustración. No podía creer lo que veía y vivía. Mi padre y su gente apresados por soldados rastreros de un régimen sin escrúpulos. Los días pasaron y, acercándose el día 8, con las familias de los empleados en un estrés incontrolable, sucedió lo previsible: alguien no aguantó más y salió sin que nadie se dé cuenta.

Así, al estar abierta una puerta, todos salieron y claro, el Régimen empezó una Investigación Previa debidamente estructurada para acosarnos a todos.

Vehículos de “Inteligencia” seguían a mi padre, a mis hermanos, a mí. Se estacionaban afuera de sus casas, afuera de mi oficina, nos seguían a restaurantes y se sentaban cerca. Mi padre se les acercaba y les encaraba. Los soldados, sumisos al poder, ni siquiera levantaban la mirada.

Meses más tarde, otros soldadillos de cubículo y camisa sudorosa se activaron: la Superintendencia de Compañías, liderada por Soad Mansur, sin que medie razón alguna, decidió hacer un control “aleatorio” de la compañía.

Ejércitos de soldadillos de plomo empezaron a invadir cada espacio de la empresa. Nos dieron el mensaje de frente: si mi padre no se callaba, revocarían la credencial 008 y con ello, la compañía quebraría.

Mi padre, inquebrantable, los sacó a patadas (literalmente). Al día siguiente, Andrés Martínez (nunca olviden este nombre), Intendente Nacional de Seguros, arbitrariamente revocó la credencial 008 y prohibió, a través de una circular, a toda compañía de seguros que pagase valores pendientes a Alfaseguros y así, la empresa de toda la vida de mi padre, quebró.

Me preparé para defenderlos. No pude. Sucedió ya lo imprevisible: el Consejo de la Judicatura, por orden de Wilson Navarrete (hoy prófugo por lavado de activos), eliminó mi credencial de abogado y la de mis dos socios. Sí, nos borraron del sistema del Foro de Abogados para que no podamos autorizarnos en causa alguna.

Y claro, la estocada final viene de la mano del Derecho Laboral. Una empresa quebrada ya no puede ofrecer empleo y así, todos los ahorros de mi padre, que para esta guerra ya era de la tercera edad, se fueron en pagar despidos intempestivos.

Ni así lo callaron. Sin empresa, sin ahorros y sin ingresos, siguió denunciando al régimen más corrupto de la historia.

¿Devastado? Sí. ¿Aturdido? Definitivamente. ¿Derrotado? Nunca. Ese día debimos irnos del país y sin volver la vista atrás. No lo hicimos.

Y como mi padre nunca se rindió, demandó la ilegalidad de la revocatoria de la credencial 008 y, ya sin un Consejo de la Judicatura bajo el mando del vasallo del dictador, Gustavo Jalkh, la Corte Nacional de Justicia, el 22 de marzo de 2019, declaró la nulidad del acto administrativo de revocatoria de la credencial por no existir causal, determinando que el Estado ecuatoriano actuó con “exceso de poder” (cita textual).

Para ese momento no quedaba empresa, ni clientes, nada. Fue ya tan solo una victoria simbólica.

Ello acarreó que yo, ya sin mi padre a mi lado, demande al Estado en el año 2023, como él me pidió que lo haga.

En el 2024 ocurrió ya no lo imposible, sino lo increíble: el 24 de enero de 2024, uno de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, se acercó en el Centro Comercial Quicentro Norte al abogado de mi familia, le dijo que teníamos la razón y que estaba dispuesto a ayudarnos a cambio de un porcentaje.

Se equivocó de abogado y de familia.

Aún sigo anonadado. Alfaseguros quebró y mi familia fue perseguida porque mi padre le dedicó su vida a luchar contra la corrupción, y este juez, un pobre imbécil, ciego absolutamente por dinero, conoce tan poco a la honestidad de mi familia y de nuestro abogado que se atrevió a pedirnos un soborno.

Es que hay que ser muy pelafustán, muy corrupto, muy pendejo, para equivocarse así de auditorio.

Y claro, a ese juez delincuente ya lo denuncié por concusión en Fiscalía, cuya versión será a fines de este mes y a quien enfrentaré con todas las herramientas que me da la ley. Si me estás leyendo, delincuentillo, voy por ti, así que consejo sano: cómprate zapatos sin cordones.

Esta no es sólo la historia de Alfaseguros. Esta es la historia de cientos de familias ecuatorianas que vieron el trabajo de toda su vida ser aplastado por el poder desmedido y arbitrario de un régimen que entre carreteras e hidroeléctricas sembró terror, dolor y miseria.

Utilizaron a la SENAIN, a la Policía, a la Fiscalía, al SRI, a las Superintendencias y a toda institución que tuvieron a su alcance, no para servir, sino para perseguir. Y eso que no hablo de los desaparecidos y de los muertos.

Y son esos mismos delincuentes, ya sin visa, que hoy se llenan la boca hablando de Lawfare. Son esos mismos criminales, los que hoy dicen que violan sus derechos humanos por colocarlos en cárceles de máxima seguridad. Son esos mismos chupamedias del régimen venezolano, nicaragüense y cubano, quienes nos quieren dar clases de moral y de democracia.

El 90% de su cúpula con sentencia por corrupción y promulgan que #loscorruptossiemprefueronellos para evitar que los reflectores se posen sobre sus cabezas.

Han sido condenados en múltiples sentencias a pagar al Estado 154 millones por los casos de corrupción en los que han estado involucrados, y se presentan como los benefactores del país.

Me sorprende que, tras toda la sangre que dejaron regada, no se hayan llevado un poquito para ponérsela en la cara.

Por suerte yo sí tengo memoria. Espero que el país, en las próximas elecciones, tampoco los olvide.