¡No somos un narcoestado!

Hay que señalar como punto de partida de esta columna que no existe una institución, entelequia, entidad, asociación, organismo internacional que pueda declararle a tal o cual nación como un narcoestado.

Si partimos de esa premisa entonces, podríamos decir que ese calificativo vendrá siempre cargado de algún nivel de subjetividad pues no hay un “checklist” que un país deba pasar para ser calificado como tal.

Luego del artículo de “The Economist” que ha causado tanto revuelo, a mi, particularmente, me pareció importante dedicarme a leer literatura sobre el tema y consultar a expertos de países hermanos que van en este tema bastante más tiempo que el que llevamos nosotros.

• ¿Debate presidencial o 100 ecuatorianos dicen?

Una de mis fuentes, del más alto nivel, me señaló que, en estricto rigor, para que un país sea declarado un narco estado se requieren al menos una de estas dos condiciones:

• Que cada una de las decisiones estatales incluido el Gobierno Central (no solo Policía, Fuerzas Armadas, Sistema de Justicia…) sino además el componente político (Presidente y Ministros) se tomen en función de los intereses de los carteles de la droga, que las políticas públicas sean diseñadas para favorecerles (decisiones en temas de seguridad, debilitamiento de las fuerzas del orden, ausencia de control ya sea aéreo o terrestre en el territorio nacional, un código penal o una Constitución absolutamente laxos y una falta de fiscalización absoluta al Sistema de Justicia o el nombramiento de jueces directamente hecho para socapar a los narcotraficantes), o, en su defecto, que el Régimen y los carteles entren en lo que se denomina una “pax narca” donde el estado hace la vista gorda para beneficio de las bandas. Que las instituciones decididamente trabajen para ellos y no para la gente que los eligió.
• Que el Estado directamente libere zonas enteras y renuncie absolutamente a garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos entregándosela a los carteles. En México, por ejemplo, se calcula según varios expertos, que entre el 30% y el 35% del territorio (de 1.973 millones de kilómetros cuadrados) está entregado a los carteles y ninguna fuerza de seguridad puede ingresar. Esas zonas se manejan por fuera del Estado, con leyes propias.

Como se puede apreciar, luego de analizar estos dos paradigmas, es que el Ecuador, aunque con terribles problemas, que sería hasta necio negarlos, y que han permeado muchas instituciones y territorios no cumple completamente con ninguna de las características que se requieren.

• Encuestruchas vemos, ¡piratas no sabemos!

Es importante entender que este calificativo, de un medio de la trascendencia y la trayectoria de "The Economist", puede tener terribles y negativas repercusiones para nuestro país. En el turismo, en la Industria, en las inversiones que tanto necesita el Ecuador para generar empleo y crecimiento. 

La crónica que nos presenta la publicación es terrible, sí, y es algo que pasa todos los días, pero de eso a decir que todo el territorio ecuatoriano, como una nefasta generalización es eso, me parece un error conceptual del medio. No les concedo la última palabra en esto y no estoy de acuerdo con el calificativo que ¡se nos quiere imponer! Desde esta pequeña trinchera, ejerzo mi derecho a la resistencia.