Cuatro delitos ambientales que están saqueando la Amazonía

La Amazonía es dos veces más grande que la India, y sus 670 millones de hectáreas son un sumidero mundial de CO2. Pero cuatro delitos ambientales están acelerando la deforestación en cinco países a un ritmo nunca antes visto. 

Un reciente informe, elaborado por el Instituto Igarapé y el portal InSight Crime, revela cuáles son estos delitos que golpean a Ecuador, Guyana, Venezuela, Bolivia y Surinam. 

Estas cinco naciones han perdido, entre 2001 y 2021, 10 millones de hectáreas de cubierta forestal, lo que equivale a talar todo el territorio de Portugal. 

En el imaginario el delito ambiental más nombrado es la tala ilegal, pero hay otros tres que están saqueando la selva: la minería legal e ilegal de oro, los sembríos de coca, y la tala de bosques para dar paso a la agricultura y ganadería. 

“Cada país tiene su propia mezcla de delitos ambientales, pero la minería ilegal de oro es un problema común en la región”, señala el informe. 

Pese a ser una zona rica en biodiversidad, la protección de la Amazonía no es una prioridad para países como Ecuador, advierte la politóloga Carolina Andrade, asesora regional del Instituto Igarapé. 

“Hay marcos de cooperación para proteger la Amazonía, pero hay que aterrizarlos en planes específicos”, dice la politóloga.

Y en el caso ecuatoriano, señala Andrade, el cuidado de la selva está abandonado porque simplemente no hay recursos. “Las autoridades están concentradas en el narcotráfico y han puesto todos sus recursos y atención política a este tema”.

Tala ilegal en Ecuador 

Si bien la selva amazónica en Ecuador constituye solo el 2% de toda la Amazonía, el país posee una de las áreas más biodiversas del mundo: el Parque Nacional Yasuní.

Pero la biodiversidad del Yasuní está en peligro debido a la tala ilegal de madera, uno de los cuatro delitos ambientales más comunes en la Amazonía. 

Según Andrade, del Instituto Igarapé, es complicado conocer cuánto representa el dinero ilegal obtenido por el tráfico de madera, puesto que se trata de mafias organizadas y de una actividad que se ‘blanquea’ en el camino. 

El cedro, la caoba y la balsa son algunas de las especies vegetales que se talan indiscriminadamente en las provincias amazónicas de Ecuador. 

Y de las tres maderas, la balsa ha cobrado mayor importancia, por la demanda del material en China y Estados Unidos.

Entre 2019 y 2020, el precio de un árbol de balsa pasó de USD 5 a USD 45. Con este ‘incentivo’ económico, los pobladores también se ven tentados a talar bosque primario de la selva y sembrar balsa. 

Este apetito por la balsa surge de países como China, que la utilizan para los molinos de viento de parques eólicos. 

Según el informe del Instituto Igarapé, entre 2001 y 2021 se deforestaron 902.000 hectáreas de árboles en Pastaza, Napo, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Hasta la fecha, se estima además que el 15% de la Amazonía ecuatoriana se ha deforestado. Y solo el año pasado, el país perdió 29,7 hectáreas de bosque natural, equivalente a 21,5 millones de toneladas de emisiones de CO2. 

Andrade aclara que la intención del informe no es criminalizar la industria maderera, pero “hay que alarmarse cuando la actividad ocurre en zonas protegidas, donde están pueblos indígenas y ocasionando la tala de bosques”. 

Delitos conexos 

La extracción ilegal de madera de balsa también estaría relacionada con otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, advierte Andrade.

“Hay indicios de que grupos criminales están diversificando sus inversiones en la minería y el tráfico de madera”.

Carolina Andrade, asesora regional del Instituto Igarapé.

Según las investigaciones del Instituto Igarapé, la ruta de la balsa ilegal ecuatoriana inicia talando el bosque primario y hasta despojando de sus tierras a comunidades indígenas. 

Luego cortando los árboles de balsa existentes en una parcela y posteriormente sembrando nuevos, porque es un árbol de rápido crecimiento. 

“Después del talado, el material se procesa en algunos aserraderos alrededor de las plantaciones”, señala Andrade. 

De inmediato se lo transporta a puntos fluviales que se usan como autopistas para llevar la madera a centros de concentración de madera legal en Perú. Y desde allí es enviada a mercados internacionales, falsificando permisos, guías de transporte y saltando todo control. 

La politóloga reconoce que existe un problema de trazabilidad y es “difícil saber si esa balsa fue producto de la deforestación”. 

Agricultura peligrosa 

En Bolivia, los incendios forestales se provocan con el fin de despejar tierras y crear suelo agrícola. 

Precisamente, la actividad agrícola y ganadera es otro motor de la deforestación de la cuenca amazónica.

Aunque ambas actividades no son un delito ambiental, el corte y quema de un bosque para crear tierras de cultivos en la Amazonía se han extendido más allá de los “límites legales y dentro de reservas protegidas”, señala el informe. 

Ecuador no está exento de actividades agrícolas industriales peligrosas. Según el reporte del Instituto Igarapé, “la mayor parte de la pérdida de bosques en la Amazonía ecuatoriana se debe a la tala para el cultivo de palma de aceite”. 

En Orellana y Sucumbíos varios bosques han sido talados para sembrar palma de aceite. El proyecto Amazonía Sostenible estima que al menos 56.000 hectáreas del norte amazónico del país están totalmente invadidas. 

Plantaciones de Coca

El informe de Igarapé e InSight Crime también hace referencia a la siembra de coca, materia prima de la cocaína, como un delito ambiental que fomenta la deforestación de la selva amazónica.

El efecto es más pronunciado en Bolivia, donde se talan parcelas enteras de bosque para las plantaciones de coca. La oficina de Droga y el Delito de la ONU estimó en 2020 que al menos 7.500 hectáreas fueron desbrozadas ilegalmente para sembrar coca. 

La coca boliviana se cultiva principalmente en los parques nacionales Madidi y Amboró. Y en la Amazonía boliviana también se talan los bosques primarios para despejar el terreno y construir pistas clandestinas, que permitan el ingreso de productos químicos y suministros vinculados al narcotráfico.

4.400 explotaciones mineras ilegales

El estudio del Instituto Igarapé describe tres tipos de minería que provocan la deforestación de la cuenca amazónica: la minería de oro industrial, la minería de mediana escala y la artesanal a pequeña escala. 

Según datos de la organización RAISG, en la Amazonía hay al menos 4.472 explotaciones mineras ilegales. 

Algunos de estos sitios mineros abarcan varios kilómetros cuadrados como en Venezuela, donde unas 70.000 hectáreas de bosque amazónico son impactados por la actividad ilegal. 

Solo la región de Bolívar concentra más de 64.700 hectáreas de minería ilegal. Y luego este oro ilícito se ‘lava’ para venderlo en mercados internacionales. 

Por otra parte, en Guayas se han detectado actividades en zonas protegidas, "como la reserva natural del bosque de Iwokrama y el parque nacional de Kaieteur, en el centro del país”, dice el reporte. 

Además, los daños ambientales para el ecosistema de la Amazonía van más allá de la deforestación. Los pequeños mineros utilizan mercurio para extraer el oro, contaminando las fuentes hídricas. 

Mientras que en Surinam, la extracción legal e ilegal de oro se realiza desde hace más de 20 años en reservas protegidas, como el Parque Natural Brownsberg.