Samborondón sortea la violencia de sus vecinos Guayaquil y Durán
Este cantón es parte del último de seis estados de excepción declarados en Guayas. Aquí ocurrieron apenas 12 de las 915 muertes violentas que registra la zona 8, a la que pertenece junto con las dos ciudades de la provincia.
Operativo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas en el km 3,5 de la vía a Samborondón, por el ingreso al Liceo Panamericano, la noche del 18 de agosto de 2022.
Policía Nacional
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Su nombre figura poco en los hechos delictivos, a pesar de conformar la zona 8, una de las más violentas del país. Está entre Guayaquil y Durán, pero Samborondón ha sorteado la ola de violencia que motivó un sexto estado de excepción para los tres cantones de Guayas.
Samborondón tiene aproximadamente 100.000 habitantes y registra 12 de los 915 asesinatos de la zona 8 en lo que va de 2022. Es decir, apenas el 1,31% del total que comparte con Guayaquil y Durán.
De esas 12 muertes violentas, la que más trascendió fue la de Jaime Villagómez, de 32 años, en la plaza gastronómica del Buijo Histórico, en mayo. Por ese crimen hay un detenido.
Santiago Sandoval, jefe subrogante de la Policía en el distrito Samborondón, divide al cantón en dos partes: La Puntilla y la cabecera cantonal. En la última, la disputa de territorio por las drogas no es ajena, pero según dijo a PRIMICIAS, se ha logrado contener.
"Son ramificaciones de la mismas organizaciones que operan en el resto del país (Choneros, Lagartos), pero no tienen mucho poder acá por la densidad poblacional", señaló.
Para el jefe policial, la cabecera cantonal no es una población contaminada, al punto de que las personas pueden caminar tranquilas por las calles del recinto Tarifa.
Otro factor que ha reducido la comisión de delitos, agregó, es que es esta zona del cantón está relativamente apartada. Para llegar, se toma entre 40 y 45 minutos.
Sandoval destacó la implementación del estado de excepción, para una acción más rápida y efectiva contra la delincuencia.
Narcocriminales operan en urbanizaciones privadas
La Puntilla tiene una realidad y una dinámica distintas, manifestó Sandoval. En su momento, la Policía reconoció que narcocriminales alquilan o compran viviendas en urbanizaciones privadas, y las convierten en su base de operaciones delictivas.
"Es información reservada, a cargo de las unidades de Inteligencia y Antinarcóticos de la Comandancia de la zona 8", dijo el jefe distrital. Y citó como ejemplo el caso de Leandro Norero, cuyas investigaciones duraron ocho meses.
Esta realidad mantiene en zozobra a moradores de ciertas urbanizaciones privadas, quienes optan por el silencio.
El tema no es desconocido para el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez. En entrevista con PRIMICIAS, manifestó que el Municipio implementó en 2021 la campaña 'Conoce a tu vecino'.
Se trata de una iniciativa que se articuló con Policía y corredores de bienes raíces. Además, capacitaron a presidentes, administradores de ciudadelas y guardias de las empresas de seguridad de la mayoría de las 170 ciudadelas que se asientan a lo largo de La Puntilla.
"La finalidad es que la gente sepa, alerte y denuncie a los vecinos de dudosa procedencia", expresó.
No obstante, el seguimiento de las denuncias -dijo- está en manos de la Policía y otras entidades involucradas. "Es un trabajo en conjunto de la Alcaldía con el SRI y la UAFE", aseguró.
Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), afirmó que el sector se somete a "políticas muy rigurosas" en prevención de lavado de activos y delitos financieros.
"Toda transacción de más de USD 10.000 se tiene que reportar a la UAFE y a la Superintendencia de Compañías. Y todo cliente y proveedor tiene que llenar un formulario para documentar la fuente de ingresos", explicó a PRIMICIAS.
Estos requisitos no rigen cuando el dueño de una casa la vende a un tercero. Pero "abogados y notarios no dejan firmar las escrituras si no presentan una declaración de licitud de fondos. Es decir, como sea hay maneras de saber el origen del dinero", enfatizó.
Plan 'Samborondón seguro' y estado de excepción
El alcalde Yúnez destacó la vigencia del plan municipal 'Samborondón seguro', con una inversión de USD 6 millones desde su implementación en 2019.
Esto incluye un centro de monitoreo y 300 dispositivos de seguridad, entre cámaras, tótems, botones de pánico y radares con cámaras termales en los ríos Babahoyo y Daule.
"Son 13 radares con un alcance de 1.000 metros, que nos permite identificar cualquier embarcación en actitud sospechosa y alertar a la ciudadela para, con las empresas privadas de seguridad, atender la emergencia y alertar a la Policía Nacional", sostuvo.
Esas cámaras también se encuentran ubicadas en las principales entradas y salidas del cantón.
El Municipio también incorporará una ordenanza para obligar a que los motociclistas lleven la placa de su vehículo en el casco.
"Cuando la gente entra a Samborondón puede sentirse en paz, puede salir a comer tranquila, a trotar, usar el celular en la calle y otras actividades", enfatizó el alcalde.
Todo esto en medio de un nuevo estado de excepción, vigente desde el 14 de agosto de 2022, y que en los primeros cuatro de 30 días de vigencia ha dejado 66 detenidos en 4.000 operativos.
En los patrullajes participan 1.800 militares y 300 policías en toda la zona 8. De estos, 180 miembros de las Fuerzas Armadas se sumaron a las acciones de 140 policías en Samborondón.
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