Jueza revoca liberación de femicidas que cumplían sentencia en Azogues
Un día después de que los femicidas de Cristina Palacios y Bertha Minchala salieron de la cárcel de Azogues, la jueza de Montecristi, Gina Zambrano, revocó las medidas cautelares.
Uno de los plantones que llevó a cabo la familia de Cristina Palacio, víctima de femicidio, en noviembre de 2017.
Cortesía.
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La jueza de Montecristi, Gina Zambrano, revocó el viernes 3 de marzo de 2023 las medidas cautelares que emitió un día anterior a favor de los femicidas Carlos Flores y Luis Cordero, quienes cumplían sentencias condenatorias en la cárcel de Azogues.
Zambrano también ordenó que se gire la boleta de encarcelación y pide a la Policía su inmediata captura.
Flores y Cordero fueron sentenciados a una pena de 34 años y ocho meses por los crímenes de Cristina Palacios y Bertha Minchala, respectivamente, ocurridos en Cuenca.
Tras las medidas cautelares, los dos salieron de la cárcel de Azogues la tarde del jueves, cuando recién llevaban seis años en prisión.
Esa decisión provocó la reacción del presidente Guillermo Lasso, quien informó en su cuenta de Twitter que ha dispuesto una acción para denunciar a la jueza y solicitar la revocatoria de las medidas.
En su resolución, la jueza acusa al Presidente de intromisión en la independencia judicial y sostiene que la medida cautelar a favor de los dos sentenciados fue otorgada en las mismas condiciones que el caso del exvicepresidente Jorge Glas.
Zambrano argumenta que las medidas a favor de Flores y Cordero son provisionales, con el fin de "precautelar el derecho a la salud". La defensa argumentó que ellos tenían enfermedades catastróficas.
La jueza había dispuesto que los dos femicidas sentenciados se presenten en la Unidad Judicial de Montecristi los días 15 y 30 de cada mes, hasta que el centro donde se encontraban recluidos les posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado.
También les había prohibido la salida del país y dispuesto que residan en Montecristi, pese a que ellos cumplían su pena en Azogues y cuando ocurrieron los crímenes estaban domiciliados en Cuenca.
La jueza añade, al final de su resolución, que no conoce el origen o la causa de la sentencia de los privados de libertad en referencia y dispone oficiar a la Fiscalía a fin de que se realice la investigación respectiva.
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