Investigan a policía por ingresar balas a la cárcel de Guayaquil

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que investiga a un policía por estar involucrado con el hallazgo de un paquete con más de 700 balas para fusil. El material se encontró en un baño de la Penitenciaría de Guayaquil.

La entidad informó que tras una operación de control en la Cárcel Guayas Número 1, "se conoció sobre un paquete que contenía municiones de diferentes calibres, que habría sido encontrado en el baño de la sala de espera de la Penitenciaría".

Al verificar la alerta, se encontraron 744 municiones en un bote de basura que estaba boca abajo.

Tras este hallazgo, se dio parte a las autoridades e instituciones pertinentes, mientras "un servidor policial está en investigación por este hecho", agregó una fuente del SNAI.

El departamento de conducta de la Policía "no ha logrado contactarlo, no se ha presentado a trabajar", añadió la fuente.

El 20 de septiembre, la Policía informó de la detención de tres de sus agentes por estar involucrados en el delito de tráfico de municiones. Esto porque supuestamente intentaban ingresar casi 500 balas a la cárcel Cotopaxi Número 1.

Tres semanas después, el pasado 3 de octubre, una pelea entre reos dejó 16 muertos y 43 heridos. En este enfrentamiento murió Leandro Norero, acusado de dirigir una banda de narcotráfico.

El 5 de octubre, otra masacre tuvo lugar en la Penitenciaría de Guayaquil, con 13 reclusos asesinados y 18 heridos, lo que supuso la novena matanza carcelaria desde 2020.

Además, el 8 de octubre dos reos fueron hallados muertos en una cárcel de la provincia costera de Esmeraldas.

A las puertas de un genocidio carcelario 

En lo que va del año, más de 100 reclusos han fallecido violentamente en las cárceles y son más de 400 los asesinados desde 2020.

Grupos pro derechos humanos han advertido incluso de un genocidio carcelario ante la supuesta falta de acción del Estado para detener las recurrentes masacres.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) opinó que "la dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y, luego de los disturbios, ingresan" para controlar el orden.

La especialista en temas de seguridad penitenciaria, Carolina Andrade, coincidió al afirmar que el Gobierno parece haber aplicado una "política de autorregulación dentro de los centros de privación de libertad".

"No veo que en el mediano o largo plazos la situación vaya a cambiar" en torno a la seguridad en las cárceles.

Para el Gobierno, la culpa es de las bandas criminales, que tendrían nexos con carteles del narcotráfico y que se disputan el control de las prisiones.