ONU: Jueces y fiscales en Ecuador son intimidados por el crimen organizado
Los ataques a jueces y fiscales se han vuelto más violentos y frecuentes tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, sostiene una relatora de la ONU.
Policías en el Complejo Judicial Rumiñahui, ante una supuesta amenaza de bomba, el 19 de julio de 2023.
Fiscalía/Twitter
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La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, denuncia que los funcionarios de justicia en Ecuador son víctimas de ataques e intimidación por parte del crimen organizado.
Agrega que los ataques se han vuelto más violentos y frecuentes tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto, días antes de las elecciones extraordinarias.
Sostuvo que estos ataques tienen un impacto muy grave en el trabajo que hacen los jueces y fiscales para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, que han proliferado en el país y están amenazando el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas.
La relatora se especializa en la ONU en defender el trabajo independiente de jueces y fiscales en el mundo.
Según información recogida por la relatora, las amenazas que los funcionarios sufren en Ecuador son más graves cuando tienen a cargo casos que involucran al crimen organizado.
Los ataques
Entre 2022 y los primeros ocho meses de 2023, cuatro fiscales han sido asesinados, varios funcionarios judiciales han sido víctimas de intimidaciones y amenazas, y algunos jueces incluso han sobrevivido a intentos de asesinato.
Además, varias instalaciones judiciales han recibido amenazas de bomba.
Satterthwaite pidió a las autoridades que todos los jueces y fiscales cuenten con la protección adecuada para realizar su trabajo, una necesidad que ha expuesto en contactos que ha tenido con el Gobierno ecuatoriano.
Por su parte, la Policía Nacional ha dicho que existen 56 dispositivos de seguridad con 92 servidores policiales que brindan protección y seguridad a jueces y fiscales, quienes tienen alerta de riesgo a su integridad.
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