Los extorsionadores azotan tres zonas de Guayaquil
La Fiscalía de Guayas recibe en promedio 500 denuncias mensuales por extorsión. Las prácticas extorsivas se dirigen a casas, negocios, mototaxis y contratistas en tres sectores críticos de Guayaquil.
Vista de la iglesia y calle céntrica de Pascuales, parroquia urbana del norte de Guayaquil y una de las tres zonas más afectadas por las extorsiones en el Puerto Principal.
PRIMICIAS
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La extorsión alcanza a propietarios de viviendas, conductores de mototaxis, dueños de negocios e incluso a contratistas de la dirección municipal de Obras Públicas de Guayaquil.
Pascuales, en el norte de Guayaquil; Monte Sinaí, al noroeste; y Guasmos, en el sur de la ciudad, están entre los sectores más afectados por las extorsiones, según datos de la Fiscalía y Policía.
Extorsionan a lo que se mueva
En sectores de Monte Sinaí, los extorsionadores comenzaron a exigir USD 20 semanales a los propietarios de viviendas, según constató la Policía Nacional. Incluso, en esa zona urbano-marginal piden el pago de USD 1 a habitantes de modestas casas de caña.
En la parroquia urbana de Pascuales, las extorsiones llegan a un gremio de 300 pequeños transportistas. Al que no paga, lo amenazan y le impiden trabajar.
Conductores de tricimotos denunciaron a PRIMICIAS que bandas delictivas les exigen USD 10 de “entrada” por un sello o certificación. Y, luego, les cobran USD 1 por día hábil trabajado (USD 5, cada viernes).
De hecho, decenas de mototaxistas circulan con un sello en el que consta un número y una ruta, prueba del pago de extorsiones camufladas como supuesto servicio de seguridad.
Es decir, además del escudo de la cooperativa de transporte, los mototaxis del sector cuentan con un sello de extorsión. Por ello, el costo de los pasajes en estas unidades subió de USD 0,25 a USD 0,30.
En tiendas y panaderías de Pascuales, los delincuentes exigen desde USD 200 mensuales a cambio de una supuesta seguridad. Y la intimidación la ejercen con disparos contra los locales o con la detonación de explosivos en sus fachadas .
Disparos contra obreros
Además, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, denunció que al menos cuatro obras públicas se han visto paralizadas o sufrieron retrasos por las amenazas extorsivas.
“Hay contratistas que no pueden volver a entrar al lugar de las obras porque además de extorsionarlos, los saquean, los roban, los amenazan”, indicó Viteri en un enlace radial, el miércoles 10 de mayo de 2023.
Obreros del nuevo Mercado San Gregorio, ubicado en la cooperativa Reina del Quinche del Guasmo Sur, incluso sufrieron un ataque a disparos por extorsionadores.
“La semana pasada sacaron a bala a los obreros del Mercado de San Gregorio en el Guasmo Sur”.
Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil
Los contratistas exigen presencia policial para continuar con los trabajos, pero el Municipio de Guayaquil solo puede garantizar protección con policías metropolitanos sin armas.
También han optado por retirar el monto millonario de los carteles públicos de las obras para no exacerbar el ataque de las bandas delictivas.
Fiscal rebasado por denuncias
La Fiscalía de Guayas recepta en promedio 500 denuncias mensuales por extorsión, según informó el fiscal César Peña, de la unidad especializada en extorsión. Las denuncias crecieron un 80% con respecto a finales de 2022, dijo.
Los extorsionadores son rastreados y capturados por medios tecnológicos y a través de seguimiento y trabajo de campo.
Pero, según el fiscal de la Unidad para Descubrir Autores, Cómplices y Encubridores (DACE), se requieren más unidades especializadas ante el volumen de denuncias.
De hecho, la Policía y las Fuerzas Armadas capturaron la madrugada del 10 de mayo a dos sospechosos y decomisaron un revólver calibre 38 durante un allanamiento.
Se trata de dos presuntos integrantes de un brazo de la organización delictiva Los Águilas.
Los agentes localizaron una vivienda en Las Palmas, cooperativa Voluntad de Dios, distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.
Según la Policía, los implicados pedían cuotas de USD 20 semanales a los propietarios de viviendas y cifras mucho más altas comerciantes de Monte Sinaí.
Además, los detenidos tenían en su poder una pistola y dos fusiles de juguete.
Llamado a denunciar
El teniente coronel Wilson Zapata, director nacional de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), reconoce que los casos van en aumento en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). También se debe a que las víctimas están perdiendo el miedo a denunciar.
“Hasta el año pasado, mucha gente prefería pagar y no denunciar, ahora las víctimas de extorsión confían más y están denunciando”, dijo Zapata.
Desde inicios de año. la Unase reforzó su unidad en seis zonas del país, incluido el distrito metropolitano de Guayaquil, un proceso de fortalecimiento que aún continúa.
En todo el año pasado se detuvieron a 52 personas por extorsión a escala nacional, mientras en lo que va del año la cifra asciende a 88 personas detenidas, según datos de la Unase.
“En América Central llegaron a pagar hasta el 2% del Producto Interno Bruto en extorsiones a las pandillas y las maras. No podemos permitir eso”.
Wilson Zapata, director de Unase
Zapata llama a denunciar la extorsión a la línea 1800 Delito (1800-335486), opción 1. Además, sostuvo que acceder a la extorsión es fortalecer las estructuras delictivas y volver más inseguros a los barrios.
“Lo que puede ocurrir es que estas estructuras empiecen a reclamar más dinero del que solicitaron inicialmente. Y, finalmente, la gente se ve obligada a cerrar sus negocios o a salir de sus domicilios”, agregó el oficial.
La Unase registra 1.490 denuncias por extorsiones a escala nacional en 2023 (hasta el 4 de mayo).
El 44% corresponde a extorsiones virtuales, el 29% a extorsiones comunes, 25% a extorsiones tipo vacunas periódicas y el 2% a extorsiones sexuales.
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