Fiscalía vincula al albanés Dritan Gjika y a cuatro personas más por lavar USD 31 millones
Este nuevo caso por lavado de activos, que involucra a Dritan Gjika, se desprende del operativo Pampa contra el narcotráfico, ejecutado en varias provincias en febrero.
La Policía Nacional ejecutó el operativo a inicios de febrero en varias provincias del país.
Captura de video.
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Un juez Anticorrupción decidió vincular, este 18 de abril de 2024, a cinco personas más a la investigación de un caso de supuesto lavado de activos, por alrededor de USD 31 millones. Uno de los vinculados es un albanés conocido en Ecuador: Dritan Gjika.
Junto a Gjika, mencionado como un cabecilla de la mafia albanesa que operaría en el país, están vinculados cuatro personas: Mario S.; Carina E.; Carlos G.; y Pablo H. También se encuentran en el proceso siete empresas o personas jurídicas.
El juez dictó contra ellos prisión preventiva, incautación de propiedades y retención de cuentas. Ordenó a la Policía su localización y captura. Además, dispuso que la Superintendencia de Compañías intervenga las empresas relacionadas.
Suman 10 investigados
El 7 de febrero pasado, la Policía Nacional, junto a la Fiscalía, detuvo a Julio L., Jonnathan L., Bryan L., Javier C. y Teresa P. a raíz del operativo Pampa, que se desplegó en varias ciudades del Ecuador y también de España.
Según Fiscalía, a través de información reservada se conoció que en Guayas, existía una empresa de transporte dedicada al traslado de dinero y de sustancias ilícitas a través de camiones.
Además, que en Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena, operaba una organización delictiva dedicada a lavar dinero del narcotráfico, liderada por Dritán Gjika y otros ciudadanos.
Para esto, se constituyeron varias empresas dedicadas a la exportación de productos agrícolas (principalmente banano), compra y venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.
Estos ciudadanos adquirieron varios bienes como vehículos de alta gama e inmuebles como terrenos, casas, oficinas, bodegas y parqueaderos en cuatro provincias del país, según la investigación fiscal.
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